La oposición logró este martes emitir dictamen del proyecto de ley que retrotrae los valores de las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017, en tanto el oficialismo firmó otro dictamen para debatir un proyecto de ley que baja el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las boletas de electricidad, gas y agua para usuarios residenciales.

La iniciativa, de ese modo, quedó lista para ser debatida el próximo miércoles 30 de mayo. Si el peronismo logra aprobar el proyecto enviado de Diputados, este será ley.

Por el contrario, si el oficialismo logra negociar el apoyo a la iniciativa que presentó el interbloque Cambiemos, sobre el final de la audiencia plenaria de comisiones de hoy, el expediente deberá volver a la Cámara baja.

La iniciativa que en el Senado apoyaron el Justicialismo y el kirchnerismo propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al primero de noviembre de 2017 y establece que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios.

El costo fiscal, según estudios preliminares de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ascendería a casi 80 000 millones de pesos, tanto para las arcas nacionales como para las de las provincias, solo durante 2018. Ese número aumentaría a casi 90 mil millones de pesos más en 2019.

En cambio, el proyecto del oficialismo busca rebajar, por doce meses prorrogables, a la mitad la alícuota del IVA para usuarios residenciales que actualmente alcanza el 21 %. Asimismo, rebaja del 27 % al 21 % el monto del mismo impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas.

La propuesta de bajar el IVA a las tarifas de servicios públicos tendría, según informó el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, un costo fiscal de “entre 20 000 y 25 000 millones de pesos”.

“De acá al día de la sesión vamos a ver si logramos un acuerdo. En un contexto económico complejo, esto propone esfuerzos compartidos entre la Nación y las provincias”, afirmó el senador formoseño al retirarse del plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda, y Minería, Energía y Combustibles. La decisión de presentar un dictamen alternativo fue tomada por el oficialismo luego de que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, propusiera esa salida al presidente Mauricio Macri durante la reunión que ayer mantuvieron en Casa de Gobierno.

Unas horas antes, el cordobés Juan Schiaretti había presentado la misma idea a través de una nota que hizo llegar a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado. No obstante, el peronismo, pese a que sumó la firma de senadores que no pertenecen al Interbloque Argentina Federal, logró dictamen a último minuto.

El salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, firmó en disidencia parcial la iniciativa. Igual actitud asumieron el jujeño Guillermo Snopek, el catamarqueño Dalmacio Mera y el correntino Carlos Espínola. Esos cuatro senadores anunciaron más tarde que no avalarán el proyecto tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados. 

La audiencia, que contó con la presencia de especialistas en materia de energía, se desarrolló en un clima tenso, provocado por los ingresos y las salidas permanentes de legisladores de la oposición del Salón Arturo Illia. En los pasillos del primer piso del Senado se desarrollaban, mientras tanto, reuniones entre legisladores de Cambiemos y del peronismo en las que se podía ver al formoseño Naidenoff y al misionero Humberto Schiavoni conversar en ronda y voz baja con Miguel Ángel Pichetto y con el peronista cordobés Carlos Caserio.

La expresidenta Cristina Kirchner, mientras tanto, no participó de la reunión y sólo salió de su oficina para firmar el dictamen, tras lo cual volvió a tomar el ascensor exclusivo para senadores y regresó a su despacho del tercer piso del Palacio.

Más temprano, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) manifestaron su rechazo al proyecto de ley que busca aprobar el peronismo en el Senado, al considerar que "agravaría la situación" del interior del país.

En el plenario de comisiones, el presidente del ENRE, Andrés Chambouleyron, advirtió que la iniciativa "agravaría la situación" del interior del país. "Pierde el interior porque tiene que volver a subsidiar de sus bolsillos los déficits a Cammesa y, eventualmente, a Edenor y a Edesur. No se está mirando el cuadro tarifario del interior del país", amplió el funcionario al exponer en el plenario en el que comenzó a discutirse la propuesta del PJ.

Por su parte, Juan Carlos Trotta, de Cammesa, aseveró por su parte que si se retrotraen las tarifas, será "un problema, y la diferencia la va a tener que poner el Tesoro". "Las provincias le deben a Cammesa 13 500 millones de pesos y cada mes se tiene que recaudar ese importe para hacer los pagos a la generación de transporte y parte del combustible", explicó.