“Es cierto que la temática es confusa, pero tratamos de que exista un debate al respecto y que sea lo más abierto y participativo posible”, señaló Ernesto Corvalán (PD), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Hay que reconocer que dos audiencias públicas realizadas reafirman tal voluntad de diálogo y de trabajo abocado al tratamiento del Expediente 62.797, por el cual se adhiere y adopta  la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles del Programa Nacional de la Salud Sexual y Procreación Responsable del ministerio de Salud de la Nación.

En los hechos queda desmentido lo afirmado días atrás por un matutino local que en grandes titulares informó que el Senado estaba retrasando el tratamiento de este tema. Según Corvalán, no hay razón para concluir tal cosa, ya que esto se dijo “cuando ni siquiera el proyecto había ingresado en el senado”.

Se trató de una versión agitada luego de la presentación del insólito proyecto de derogación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal -una iniciativa presentada por la senadora Claudia Segovia (PJ) acompañada por dos legisladores más: Matías Stevanato (PJ) y Daniel Vilches (UCR)- que en cualquier momento será tratada en el recinto y girada a las comisiones que corresponda (se supone que salud y asuntos Constitucionales). 

El tema es que más allá de la formalidad de tratamiento de los dos asuntos por vías separadas y simultáneas, es la Legislatura la primera fuente de la que emanan señales contrarias. Por dar un ejemplo, se comunicó oficialmente la realización de la segunda audiencia “planificada” siendo que fue a pedido de las organizaciones de mujeres que presentaron sendas notas por escrito. El mismo  Corvalán señaló que en esta etapa se va a escuchar a todos los que acudan voluntariamente a hablar del proyecto, que luego vendrá una etapa de estudio y que si bien han pensado en solicitar la presencia del Ministro de Salud para conocer su opinión sobre el tema o de personas que también podrían ser consultadas, aún no hay nada programado”.

El senador Fabián Montes (PJ) anticipó que así como se hizo una audiencia anterior con los grupos Pro-vida, y la siguiente con un abanico de organizaciones, la idea es “ir tratando la problemática con toda la sociedad que se quiera expresar de manera tal que seamos nosotros quienes tengamos la información, que nosotros nos nutramos de lo que nos digan, que nos ayuden a clarificar y que a su vez, todos los que asistan puedan conocer posturas, siempre en función de todo lo que se está haciendo tanto desde la comisión como desde el senado ampliado”.

Una señal contradictoria más, quiérase o no, en el sentido de que por momentos aparece gente que dice cosas a favor y gente que dice cosas en contra, como si de un Boca-Ríver se tratase. Montes no lo ve de igual modo y señaló: “no estamos jugando a estar de un lado o del otro, que se vea así es sólo por el esquema de funcionamiento formal que se ha dado, pero no es el espíritu de los integrantes de la comisión ya que creemos que hay que escuchar a todas las partes que pueden estar o en negativo o en positivo, para no entrar luego en una discusión o debate estéril”.

Tanto Montes como otros senadores señalan que quieren escuchar a vecinos comunes, miembros comunes de la sociedad. Pero ninguno hace distingos en orden a la clase de confusión del tema, si ésta es buscada o direccionada por la acción desinformativa de grupos que actúan desde el interior de la sociedad tal como en reiteradas ocasiones se ha podido comprobar.

Dado que sobre los legisladores recae más responsabilidad que sobre los ciudadanos comunes, lo que éstos comuniquen será central aunque estén como quien dice, “en el ojo de la tormenta”.

La definición más clara de Montes fue: “Hoy no estamos tratando aborto sí aborto no, estamos tratando el aborto no punible si va a ser protocolizado y cómo. Si por ahí a la sociedad le llega otra cosa, en esto no se puede confundir”. A juicio del legislador se puede llegar a unificar criterios, que la respuesta en lo sanitario en la provincia sea una, más allá de lo que puedan pensar los grupos. Es decir, si caemos en extremos, en esto, vamos a estar equivocados”.

Sobre si tiene lógica que el senado se aboque a la protocolización mientras que por el otro, se va a dar tratamiento al otro proyecto “penalizador” que presentó Claudia Segovia, Ernesto Corvalán consideró que “son dos cosas distintas” y que en su opinión “no nos compete cambiar un artículo del código penal desde una provincia. Lo que sucede es que independientemente de tener una opinión formada sobre el tema como cualquier ciudadano, se trata como todo asunto en donde si hay mayorías, y luego se verá qué efectos tiene, si se envía o no al Congreso Nacional donde sí hay competencia, o si se acude a nuestros legisladores nacionales para pedirles que lo trabajen”.