El Senado brasileño dio en la madrugada de este miércoles 10 de agosto un paso decisivo hacia la destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, al aceptar, por 59 votos contra 21, la acusación sobre irregularidades fiscales en el presupuesto 2015. El escenario refuerza al nuevo oficialismo que sustenta al mandatario interino, Michel Temer, para reafirmarse en el poder.

El próximo paso será la sesión que a fin de mes deberá sostener el Senado para definir si absuelve o condena a Rousseff, ahora procesada, por supuestamente violar la ley de responsabilidad fiscal de 2015, una acusación que es calificada como un “golpe parlamentario” por parte de sus defensores.

La sesión, que duró más de 16 horas, enfrentó a los defensores del impeachment con los de Rousseff, mientras que en al menos 16 ciudades de Brasil se realizaron manifestaciones de grupos de izquierda que reclaman la salida de Temer del gobierno, al que acusan de golpista. El resultado pone en aprietos las negociaciones de Rousseff para el día del veredicto, posiblemente el 29 de agosto, ya que el Senado puede destituirla con dos tercios de los votos, es decir, 54 de los 81 senadores.
 

Con y contra Rousseff

El resultado de esta madrugada permitió observar que los que quieren la destitución de Rousseff son más de los necesarios. Ante el escenario, parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) adelantaron que recurrirán a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para que se suspenda el juicio político.

Pero la votación también sirvió para respaldar el informe acusatorio contra Rousseff confeccionado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Este aliado de Temer indicó que Rousseff violó la Constitución al realizar movimientos en el presupuesto sin autorización del Congreso.

"Los peritos dijeron que la presidenta no cometió este acto que se realizó en todos los mandatos anteriores. Este no es un juicio técnico porque no hay pruebas. El relator actuó como en la Inquisición, actuó como Torquemada, creando situaciones que no son de las pruebas", dijo el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo.

El vicepresidente del Senado, Tiao Viana, del PT, dijo que "el proceso está viciado" porque fue originado por Eduardo Cunha, mano derecha de Temer, en diciembre, entonces presidente de la Cámara de Diputados, que no contó con la protección de Rousseff ante acusaciones de corrupción en el escándalo de Petrobras.

Otro de los que quedaron en minoría, Roberto Requiao, del PMDB de Temer, fue en contra de su partido al afirmar que el gobierno interino "está vendiendo el país al mercadismo financiero internacional", por lo que reclamó el fin del proceso, al restitución de Rousseff y el llamado a elecciones. Además, Requiao dijo que 35 de los 81 senadores no deberían votar ya que están en la lista de Odebrecht, es decir, entre las personas que supuestamente recibieron financiación ilegal de campañas o sobornos por parte de la mayor empresa de ingeniería del país, cuyo heredero está preso y negocia un acuerdo de delación a cambio de reducción de pena.