En una jornada que muchos calificaron como “histórica”, el Senado convirtió en ley el proyecto para devolver al Estado la administración de los ferrocarriles, con un respaldo casi unánime que no se veía desde hace tiempo con un proyecto del Poder Ejecutivo. La iniciativa fue sancionada con 53 votos positivos, tras un debate de cuatro horas en el que se hizo presente el ministro del Interior y Transporte y precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Florencio Randazzo.

Los únicos dos senadores en votar en contra fueron Fernando “Pino” Solanas, ferviente militante contra el desmantelamiento del servicio en los 90, y Norma Morandini (Frente Cívico Córdoba). La flamante ley crea Ferrocarriles Argentinos S.E., que tendrá la potestad sobre todo el sistema, tanto de cargas como de pasajeros, y recuperará la facultad para administrar la red de vías férreas que había perdido con las privatizaciones.

El presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado y precandidato a gobernador por Mendoza, Adolfo Bermejo (FpV), fue el encargado de abrir el debate y destacó que la norma era “una reparación histórica”. Como miembro informante del oficialismo, Bermejo sostuvo que la iniciativa “profundiza la política de nacionalización” adoptada “con las AFJP, Aerolíneas Argentinas e YPF para el crecimiento y el desarrollo de todos los argentinos”. Entre las bondades del proyecto, enumeró que “beneficia a las economías regionales, optimiza los costos de flete y genera mano de obra calificada”.

Por su parte el jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, justificó su respaldo al destacar que la iniciativa oficial “reafirma la idea de que el Estado reasume facultades”. Sin embargo, Morales sostuvo que “lo que ha pasado desde 2012” con las reformas en materia ferroviaria “tiene que ver con el accidente de Once, que marcó un antes y un después, y a partir de allí ha habido una reacción del Gobierno nacional”.

El senador denunció que el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi “es uno de los grandes responsables de haber profundizado el modelo de la década del 90”. “Hubo un festival de subsidios para los amigos del poder desde 2003 hasta 2012”, graficó el precandidato a gobernador de Jujuy, y agregó que ahora “hay que invertir en los ferrocarriles, reconstruir líneas”.

A su turno, la puntana Liliana Negre enfatizó que “debemos volver a la gestión directa del Estado sobre los ferrocarriles”. La senadora del Interbloque Federal advirtió que “los contratos de concesión vigentes son una copia espuria de los contratos vigentes en 2003” y consideró que “no tiene sentido subsidiar a las concesionarias”. Negre enumeró una serie de propuestas, entre las que pidió articular la red en todo el país de manera federal y con el Mercosur a nivel regional. En tanto, Magdalena Odarda (Coalición Cívica) sostuvo que el de “estatización” es un “concepto falso” y propuso declarar a los ferrocarriles como “servicio público” y no de “interés público”, tal como indicaba el texto.

El más duro fue “Pino” Solanas, quien exigió auditar primero los bienes entregados a los concesionarios y disparó que “nunca hubo un Estado mas estúpido y estafado que este”. El legislador, que en su rol de cineasta dirigió la película La próxima estación y militó activamente contra la privatización de los ferrocarriles, denunció que en los 90 se produjo “una fiesta del saqueo”. Por eso, enfatizó que “lo primero es exigirle a los concesionarios la reposición de todos los bienes que se les entregaron para que mantuvieran el servicio en funcionamiento”. Asimismo, el senador de Proyecto Sur criticó que no se declarara a los ferrocarriles como “servicio público” y que “no haya organismos de control”, al considerar que “no basta con la Auditoría General de la Nación”.


Qué dice la ley 

La ley declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su modernización”. Con ese fin, Ferrocarriles Argentinos S.E. absorberá y articulará a la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (AIF) y la Sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A.

Aunque el oficialismo habla de “reestatización”, la iniciativa establece como uno de los principios de la política ferroviaria “la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario”. No obstante, todas las concesiones de los privados serán puestas bajo análisis y el Poder Ejecutivo podrá renegociarlas.

Otro de los puntos sobresalientes es el establecimiento de la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros”. Para el primer caso, esta modalidad “permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino”. El directorio de Ferrocarriles Argentinos estará integrado por un representante de la Secretaría de Transporte; los presidentes de las sociedades que operan hoy; dos representantes designados por el Ministerio del Interior y Transporte a propuesta de los gremios del sector, y un representante de los usuarios designados por la misma cartera.