El Senado aprobó y giró a Diputados una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El proyecto fue aprobado por unanimidad –62 votos– luego de una reunión que mantuvieron diputados y senadores con representantes mapuches, qom, wichis, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y kollas, que se unieron en el reclamo por la vigencia de la ley, que ya lleva 11 años.

El debate de la norma no sólo se precipitó por su inminente vencimiento –el próximo 23 de noviembre– sino también por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1.º de agosto pasado, en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.

Si bien Cambiemos era proclive a prorrogar la ley contra los desalojos sólo por dos años y medio, el PJ-Frente para la Victoria, que conduce Miguel Pichetto, impuso que el período sea de cuatro años, tal como se viene extendiendo desde 2006.

“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, destacó la pampeana Norma Durango (PJ), e insistió en que “es una obligación del Estado reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”. Durango sostuvo que “el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga”.

El radical Luis Naidenoff precisó que según el informe presentado por el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado.

La pampeana Norma Durango. Foto: Raúl Ferrari para Télam.

“A 11 años de vigencia de la ley, solamente el 30 % de las comunidades tiene un relevamiento real y efectivo y está en condiciones de avanzar en la eventual titularidad del dominio”, apuntó el formoseño, y explicó que “el inconveniente que se dio en la práctica es que el Consejo de Participación Indígena no pudo involucrarse” en el proceso.

En una encendida defensa del proyecto, la titular de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, Magdalena Odarda (Coalición Cívica) consideró que “cuatro años es el plazo mínimo en que podemos pensar para terminar con el relevamiento”, y advirtió que, si no se extiende la ley antes de tiempo, “más del 65 % de las comunidades quedará en estado de vulnerabilidad”.

Uno de los discursos más duros fue el de la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien la emprendió directo contra el Gobierno: “Es evidente la demonización que están haciendo de los pueblos originarios”, denunció. “Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich”, sentenció la mendocina a propósito del caso Maldonado.

Hacia el final del debate, Miguel Ángel Pichetto advirtió que en la Cordillera de los Andes hay “un grupo identificado con la violencia extrema”, y marcó una posición “personal” sobre el caso Maldonado: “Para mí no hay tierra sagrada en Argentina. No puede haber ningún espacio argentino que no esté bajo la jurisdicción de las autoridades. Eso no es tolerable desde el punto de vista de la lógica constitucional”. “Estoy seguro de que hay una mayoría inmensa de la comunidad mapuche que no comparte para nada la violencia del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)”, señaló el rionegrino.

Miguel Ángel Pichetto. Foto: Raúl Ferrari para Télam.