El paquete de cinco proyectos de ley para poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal fue aprobado este miércoles en el Senado con distintos grados de apoyo, tras un debate de casi cuatro horas. Las iniciativas, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, se enmarcan en el traspaso del sistema inquisitivo al acusatorio, en el que los fiscales estarán facultados para llevar adelante la investigación, como ya sucede en algunas provincias. El debate también incluyó otro proyecto sobre un régimen para jueces subrogantes, que obtuvo 37 votos a favor, del oficialismo y aliados, y 19 en contra, de todo el arco opositor.

Las reformas en el sistema procesal penal se aplicarán de manera gradual empezando por la Ciudad de Buenos Aires, como distrito único, a partir del 1.º de marzo del año próximo. La fecha original era el 1.º de septiembre de este año, pero el oficialismo cedió ante un reclamo de la oposición.

El paquete legislativo aprobado este miércoles consiste en un proyecto de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; la reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; una ley de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”, y modificaciones al Código Penal sobre diversas causales de suspensión del juicio a prueba.

La UCR y el interbloque FAP-UNEN-CCARI votaron en contra de todo el paquete, mientras que el Interbloque Federal apoyó la norma que atañe al Ministerio Público de la Defensa, la implementación de la reforma procesal penal y las modificaciones al Código Penal. Todos los bloques de la oposición coincidieron en rechazar la reforma del Ministerio Público Fiscal, al advertir que la propuesta oficial le otorga demasiadas atribuciones a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.

El presidente de la comisión bicameral para la implementación del Código Procesal Penal, Rodolfo Urtubey, fue el encargado de abrir el debate como miembro informante del oficialismo. El salteño recordó que en la bicameral, el Frente para la Victoria elaboró un informe donde recomendó la aprobación de los proyectos para poner en funcionamiento la reforma procesal penal. En ese marco, Manuel Garrido, Ángel Rozas (UCR), Patricia Bullrich (Unión Pro) y Liliana Negre (Interbloque Federal) impulsaron sus propios informes alternativos.

Urtubey explicó que se plantea un “sistema de implementación gradual” a partir del 1.º de marzo de 2016, con el fin de que “se adapten las estructuras a la nueva función acusatoria”. El senador remarcó la necesidad de sancionar “una ley para cada órgano extrapoder”, al defender las nuevas leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

Por su parte, Rozas respaldó la consideración de la Ciudad de Buenos Aires como distrito único, al opinar que hubiese sido un “inconveniente serio dividirla en distritos”, tal como proponía el texto original, que fue modificado en el plenario de comisiones. No obstante, señaló como principal preocupación la “gran concentración de facultades en el procurador general de la Nación, detrás de un principio noble como lo es el traspaso al sistema acusatorio”. En este sentido, el legislador ejemplificó que la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público habilitará hoy a Gils Carbó a “designar a dedo a los fiscales de distrito”, que serán los encargados de articular el desenvolvimiento en cada área territorial.

A su turno, Gabriela Michetti (Pro) consideró que los proyectos en debate “atentan profundamente contra la autonomía de la Ciudad”, porque plantean comenzar “aplicando el nuevo Código Procesal Penal solamente en la llamada Justicia Penal Ordinaria (que según la Constitución se debe transferir a la Ciudad) dejando excluido el fuero penal federal que debería ser no sólo por donde debiera comenzar; sino donde debería regir”. Michetti consideró que “este Código debería aplicarse prioritariamente a la Justicia Federal, y la parte que concierne a la Justicia Ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires debería consistir en una planificación ordenada del traspaso de este fuero a la Ciudad”.

“Están destinando arriba de mil millones de pesos anuales del bolsillo de todos los argentinos para crear estructuras judiciales sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un problema, porque como esto lo hacen sin transferir las competencias, nos están condicionando a futuro a recibir una estructura costosísima que será terriblemente compleja de sostener y homogeneizar con las estructuras judiciales de la Ciudad”, cuestionó la macrista.

El reclamo por el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires también fue compartido por Rozas y Negre, que así fundamentó su rechazo al proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal. Negre también criticó fuertemente “la verticalidad y discrecionalidad cuasi militar que se le otorga a la Procuración General”. “Tan así que, en el proyecto, hasta se utilizan términos como instrucción”, advirtió.

El radical Mario Cimadevilla cargó duro contra la nueva regulación del Ministerio Público y desafió a “lograr que los jueces y fiscales dejen de ser de la ley y pasen a ser jueces y fiscales del poder”. “Si la Justicia no está capacitada para investigar al poder en este país, mucho menos lo va a estar con esta ley y con esta procuradora”, dijo el chubutense sobre la cercanía de Gils Carbó con este gobierno, y sentenció: “todo esto va a quedar en manos de una militante de Justicia Legítima”.

Por el mismo bloque, Eugenio “Nito” Artaza lamentó que no se tratara su proyecto para implementar el juicio por jurados y expresó que “es una oportunidad perdida de mejorar aún más el Código Procesal Penal”. En tanto, Rubén Giustiniani (Partido Socialista) manifestó su rechazo a todos los proyectos. “Lamentamos que esto no se haga como política de Estado”, apuntó.

En otro orden, la oposición apoyó que el seguimiento de la implementación del Código quedara a cargo de la comisión bicameral hoy presidida por Urtubey, y no de otra comisión creada aparte, como sugería inicialmente el Frente para la Victoria. Dentro de la bicameral funcionarán una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrados, entre otros, por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y representantes gremiales. Por último, desde los bloques antikirchneristas también pidieron garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que deberá incorporar el Ministerio Público.