La sesión en la que el Frente para la Victoria buscará aprobar la iniciativa enviada al Parlamento por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner será este miércoles. Fuentes del bloque oficialista indicaron que está previsto que la sesión comience después del mediodía, aunque el horario final será definido durante la reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo el mismo día por la mañana.

La iniciativa obtuvo dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda la semana pasada, luego de la presentación que realizó el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. "Al próximo que gobierne la Argentina no le quedará otra más que negociar fuerte con los fondos buitre. Esta es la forma. No bajo extorsión. No bajo el miedo ni la complicidad. Hay que negociar para cerrar y pagar el cien por ciento de nuestros compromisos en condiciones justas y sostenibles, y eso es lo que convalidó Naciones Unidas", explicó el funcionario ante los integrantes de la comisión.

El proyecto contiene los Principios aprobados por Naciones Unidas, a instancias de la Argentina, sobre reestructuración de deudas. La Resolución, de carácter no vinculante, fue aprobada el 10 de septiembre en Naciones Unidas con 136 votos a favor, siete en contra y 41 abstenciones.

Sus principios establecen que, cuando una propuesta de reestructuración es aprobada por una amplia mayoría de tenedores de bonos, la minoría restante debe aceptarla y no puede apelar a otras instancias, como le sucedió a la Argentina con los fondos buitre, que acudieron a los tribunales de Nueva York. De ese modo se busca cerrarle el paso a quienes no entraron en las reestructuraciones que, siendo algo más del 1 % de los tenedores, pondrían en peligro todo el proceso de canje de deuda, cuya aceptación voluntaria fue de alrededor del 92 %.

La Resolución destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana, lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas". Además, postula que la reestructuración debe hacerse "como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores".

También apunta a promover la transparencia "para aumentar la rendición de cuentas de los interesados", compartiendo tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda. Se exige "la imparcialidad" de todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, "incluso a nivel regional", y que se abstengan de ejercer influencia indebida en el proceso y en otros interesados, o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción.

Junto a esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este.

Por otro lado, se deja en claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.Explicita, además, el principio de "sostenibilidad", que apunta a que en todas las reestructuraciones se deben preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados, "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".