Pese a dos años consecutivos de manifestaciones en contra de la minería por parte de la población y distintas organizaciones sociales y políticas (con cortes de ruta incluídos) y dos denuncias judiciales,  el gobierno de Jaque firmó la declaración de impacto ambiental para autorizar el proyecto San Jorge en Uspallata y de esta manera, si la Legislatura ahora lo aprueba, quedará habilitada la explotación de cobre en la zona a cargo de una empresa de capitales canadienses.

Un particular, Luis Gabriel Antolín, presentó en ese sentido una acción de amparo ante la Justicia civil para que se detenga el avance de la mina y semanas antes de esa denuncia el dirigente ambientalista Eduardo Sosa, de OIKOS, denunció penalmente a funcionarios y empresarios, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “falsedad ideológica”, en el segundo. En ambas denuncias, salvo algunas tramitaciones judiciales, los jueces se han expedido al respecto hasta el momento. 

El anuncio de la aprobación al proyecto minero San Jorge lo realizó el secretario de Hidrocarburos Walter Vázquez, luego de la reunión de gabinete de Celso Jaque. “Será una autorización con condicionamientos expresó el funcionario, quien además agregó que durante el proceso “se ha hecho especial hincapié en el cuidado del recurso hídrico”. Vázquez, acompañado por el director de Protección Ambiental, Ricardo Debandi, aclaró además que algunos de los condicionamientos pasan por la realización de una “etapa piloto”, la remediación del impacto ambiental sobre la mina, la creación de un seguro ambiental, así como también de un fondo de garantías”. 

Hacia mediados de diciembre se conoció la concreción de un paso administrativo clave en el proceso de San Jorge: el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que dio su aval para el proyecto a pesar de que estableció una serie de duros condicionamientos. Ese informe abrió el camino para que a nivel oficial se le otorgue a la empresa la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida por las autoridades de aplicación (las direcciones de Protección Ambiental y de Minería) que, si es ahora aprobada por la Legislatura, permitirá el desarrollo de la actividad minera en Uspallata. 

En su momento la CEIAM, a través del documento único final, comunicó: “Sólo mediante la efectiva aplicación de todos y cada uno de los condicionamientos establecidos, se entiende que la ejecución del proyecto sería ambientalmente sustentable”. En este punto, son más de 100 las observaciones que se hicieron y que la empresa deberá cumplir, aunque hay una que es clave: la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable y con sensores de alerta temprana para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión que no baja de los U$S20 millones, lo mismo que San Jorge invirtió hasta el momento y que también significa el 10% del a inversión total del proyecto que rondará los U$S277 millones. 

El gobierno adoptó varias de esas recomendaciones de la CEIAM que ahora deberán ser implementadas por la empresa. 

El presidente ejecutivo de la minera San Jorge, Fabián Gregorio, fue el encargado de hablar sobre la decisión de Celso Jaque. “Hemos sido siempre prudentes y hoy tenemos una gran satisfacción. Queda un largo camino pero creemos que en la Legislatura va a primar la responsabilidad en la mirada hacia la minería”, aclaró Gregorio, quien dijo que es una buena noticia para los uspallatinos, quienes ya han presentado más de mil currículums.

Sin embargo, el año electoral demorará el proyecto minero en Uspallata pese a que, junto con el visto bueno del gobierno mendocino, haya un objetivo político: que sea aprobado antes de diciembre que es el mes en el que gobernador Celso Jaque terminará su gestión. En pleno año electoral, la oposición anticipa que habrá dificultades para avalar la iniciativa y que las diferencias se darán principalmente entre los legisladores que pertenecen a distintos departamentos identificados como "antimineros". Cabe destacar que la aprobación del proyecto en la Legislatura es el último paso previsto por la ley ambiental para que un proyecto se ponga en marcha.

Tanto el Gobernador como su Gabinete, son conscientes de las dificultades que de antemano puede tener la aprobación en la Casa de las Leyes. El proyecto cuenta con el rechazo de un gran sector de Uspallata y además, con dos presentaciones judiciales en su contra. 

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, el trámite legislativo no será fácil, ya que la coyuntura de estar frente a un año electoral hace que  "todos los temas sean complicados" y citó como ejemplo la postergación en el tratamiento de la Ley impositiva..

Los radicales entienden que el proyecto ha sensibilizado profundamente a la opinión pública y pretenden al menos estudiarlo detenidamente antes de llevar al recinto una opinión definitiva. 

Según acordaron los legisladores, la Declaración de Impacto Ambiental pasará al menos por tres comisiones: Ambiente; Economía y Hacienda; y Presupuesto, esta última principalmente porque Jaque tiene previsto enviar acuerdos complementarios vinculados a la financiación que tiene que hacer la empresa minera en la zona.

Para el partido demócratra gran parte de la definición política sobre el tema pasará por las resoluciones de la justicia. "Queremos esperar a la resolución de la justicia sobre las dos presentaciones que se hicieron en contra de la empresa y del Ejecutivo", aseguró el jefe del bloque demócrata Aldo Vinci. 

Pero tanto oficialismo como oposición saben que la puja trascenderá los partidos y los legisladores se verán condicionados por la postura que reine en cada departamento en particular, además de su propia consideración. En ese sentido, se presume que la opinión de los legisladores de San Carlos o General Alvear -por ejemplo- no es, en general, proclive a avalar emprendimientos mineros.

A esto se le suma la batalla que se libera en la Legislatura por la Ley Impositiva, a pesar de su aprobación en el Senado. Ahora, el oficialismo acusa a la oposición de haber impedido que se elevara la recaudación en actividades económicas importantes, como el juego, la construcción y la minería, debido al rechazo en el aumento de ingresos brutos planeado por el Gobierno provincial para este año.

El gobierno había propuesto originalmente que ingresos brutos subiera de 3 a 3,5 por ciento, al ser considerado por la oposición como una suerte de "impuestazo" a pesar de los cuestionamientos del ministro de Hacienda, Adrián Cerroni.

El rechazo a la suba en ingresos brutos había sido motorizado principalmente por el PD y apoyado en el recinto por la UCR, que ataba la sanción de la norma a que el oficialismo redujera a cero el déficit calculado en la ley de Presupuesto.

Desde el oficialismo, señalaron que se trata de un perjuicio para la provincia, debido a que no se podrá recaudar alrededor de 100 millones de pesos que se calculaban obtener a partir del aumento en ingresos brutos para estas actividades, que podrían quedar en tasa cero -exentos- si la Cámara de Diputados confirma lo sancionado por los senadores.  

Fuente: principales diarios de Mendoza.