Con 33 votos en contra, 5 ausentes, 6 abstenciones y 4 votos a favor, el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo González, dejó atrás la posibilidad de ser cuestionado bajo la figura del juicio político. 

El pedido había sido presentado en la Legislatura por la jueza de Familia María Lizán, de Tunuyán. La magistrada denunció a González por hostigamiento laboral. Esto, porque después de haber enfrentado al jury de enjuiciamiento por supuesto tráfico de adopciones, la Justicia Penal sobreseyó a la jueza por falta de pruebas. Sin embargo, González dio la orden de reabrir la investigación y el resultado fue la suspensión en su cargo de Lizán por cuatro años.

Hace algunas semanas, finalmente se archivó el pedido de jury para esta jueza de Familia, quien decidió presentar el pedido de enjuiciamiento para González, pero tanto los diputados del frente CM como los del FpV consideraron que no había motivos suficientes para sometar al procurador a un juicio político. 

Mientras tanto, los legisladores del FIT votaron a favor de enjuiciarlo, diciendo que era mejor investigar a fondo al jefe de fiscales porque esta no es la primera vez que se ve cuestionado en el ejercicio de su cargo. De todas maneras, los votos no alcanzaron para suspenderlo. 

El año pasado, González afrontó un proceso, en aquella oportunidad solicitado por la abogada mendocina Carolina Jacky. La presentación fue por la responsabilidad que le cabe a este funcionario en su tarea como jefe de fiscales, y la denuncia puntual fue contra un fiscal y su ayudante, de Guaymallén, quienes no respondieron en tiempo y forma a una denuncia por violencia de género. También se sumó un cuestionamiento de Franco Palermo, un hermano del ministro de la Corte, Omar Palermo. Éste lo hizo por hostigamiento. 

Sin embargo, ningún pedido, ni los del año pasado ni el presentado en el corriente año, tuvieron repercusión. Hubo legisladores que no apoyaron a González, pero aclararon que votaban a favor de salvarlo por una decisión de bloque. Puntualmente, se trata de los diputados peronistas Jorge Tanús y Carlos Bianchinelli.

Fuentes juidicales informaron que González está a punto de jubilarse y, como les va a dejar este importante puesto vacante a los radicales, fueron ellos los que impulsaron una jubilación en paz para el fiscal.