El nuevo procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, deberá dar explicaciones de su gestión a los legisladores que conforman la Bicameral de Seguridad. La devolución que realicen los parlamentarios sobre su exposición será tenida en cuenta por el Ejecutivo a la hora de armar el presupuesto anual. Esto, si se aprueba el proyecto de ley que envió Alfredo Cornejo a la Legislatura para modificar la ley Orgánica de Ministerio Público (8008).

Entre otros cambios que plantea la iniciativa del oficialismo está el de auditar la función de Gullé por parte de la Comisión Bicameral de Seguridad para demostrar el impacto de las políticas de investigación criminal.

El proyecto propone, además, que el Ministerio Público tome decisiones que impliquen presupuesto sin pasar por el cedazo de la Suprema Corte de Justicia, tanto para gastos corrientes como para la compra de bienes de capital. El procurador dispone de un presupuesto anual que representa el 30 % de lo que recibe el Poder Judicial –el otro 70 % es el que le corresponde al Máximo Tribunal–. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido afectar una porción de lo que se recauda en materia de tasas de Justicia, que serán de uso exclusivo de la Procuración. El monto representa unos 20 millones de pesos.

El subsecretario de Justicia, Marcelo D`Agostino, se mostró positivo ante la iniciativa y destacó que otorgará rapidez investigativa a los tiempos de la justicia.

Luego de la renuncia de Rodolfo González, el gobernador Alfredo Cornejo eligió a Alejando Gullé, quien asumió el 1.º de septiembre para ocupar el cargo como Procurador de la Suprema Corte de Justicia y consiguió un amplio apoyo del Senado, con 34 votos a favor y sólo uno en contra.