“El problema de la provincia es que no tiene una política de Estado en materia hídrica”
Así lo aseguró José Pozzoli, subgerente del Centro Regional Andino del Instituto Nacional de Agua. Dijo que se quebró la relación fluida entre el sector científico y técnico y quienes toman decisiones. La importancia de aprobar los balances hídricos.
El subgerente del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua (INA), José Pozzoli, dijo que el problema central de Mendoza es que no tiene una política de Estado en materia hídrica. Es decir, lineamientos que debe seguir en los próximos veinte años cualquier fuerza que gane las elecciones, para garantizar que la provincia sea viable a nivel social, político y económico.
Desde su despacho del Instituto - ubicado en calle Belgrano-, Pozzoli recalcó la necesidad de “sentarse como Provincia” a resolver este tema, porque aseguró que de lo contrario será inviable mantener la estructura social y económica actual. Dijo que el primer paso es que los y las legisladores aprueben los balances hídricos, una especie de debe y haber del agua, que marca cuánto recurso hay disponible en cada cuenca y quiénes la consumen.
El profesional explicó que la emergencia hídrica no desaparecerá, que es necesario dejar de lado mezquindades político partidarias y sentarse a discutir en serio en base a los datos duros de los organismos científico-técnicos. Dijo que esta falta de visión global sobre el problema y las estrategias de mitigación no son de una gestión, sino de muchas, y esto incluye al partido al que pertenece, ya que en mayo asumirá como concejal de Guaymallén por el Justicialismo.
El especialista advirtió que uno de los inconvenientes para trazar estas líneas directrices es que se rompió el esquema de participación entre los organismos científico técnico y los tomadores de decisión. Destacó la necesidad de revitalizarlo, porque lo consideró esencial para que las políticas públicas se analicen y decidan en base a los datos certeros.
Aquí parte de la charla que Pozzoli mantuvo con Unidiversidad.
Pozzoli aseguró que es esencial que en la Legislatura se aprueben los balances hídricos. Foto: Unidiversidad
Problemáticas centrales
¿Cuáles son las problemáticas centrales de Mendoza respecto del recurso hídrico desde la visión del INA?
El problema principal como provincia es que no tenemos una política hídrica, no de Irrigación, sino definida a niveles de política de Estado. Es decir, de acá a los próximos veinte años las políticas hídricas priorizadas en la provincia que el gobierno que asuma tiene que hacer para solucionar el problema, no están. Nosotros no nos hemos sentado a resolver este tema, a elaborar un proyecto de acá a diez o veinte años de inversión y de trabajo en la política hídrica y gane el que gane esto no se mueve, porque si no, la Provincia es inviable. Esto no existe como política de Estado en los temas hídricos. Cuáles son los embalses que vamos a hacer, ahora está la discusión de Portezuelo que es otra cosa, pero vamos a ir por Uspallata, por Los Blancos, cuáles son las obras necesarias. Pregunto, hemos discutido cuál va a ser la matriz productiva con respecto al agua o vamos a seguir con la misma matriz productiva donde hay un derroche o una ineficiencia del 40 por ciento en la agricultura en este modelo, eso no lo hemos discutido.
¿Ese 40% que se pierde por ineficiencia es sobre qué total?
De toda la torta de agua que tenemos en los ríos, el riego agrícola se lleva entre un 80 y un 85 por ciento y de esa porción el 40 por ciento se pierde, ya sea por ineficiencia en canales, hijuelas o en el riego intrafinca. Entonces nosotros no nos hemos sentado a analizar esto, como Provincia no tenemos un plan de gestión hídrica de acá a los próximos veinte años.
¿Qué implicaría ese plan de gestión?
Primero aprobar los balances hídricos que están en la Legislatura hace cuatro o cinco años, que deben ser aprobados para saber cuál es la demanda y cuál es la oferta. El balance hídrico es eso, cuánto tengo y cuánto uso y a partir de ahí trabajar con un plan de gestión con lo que tengo y lo que me demandan. Este sería el primer paso para decir acá esta toda la información, esto fue planteado y elaborado por el Departamento General de Irrigación (DGI) y a partir de eso es decir qué hago con esta oferta que va a ser más o menos la misma, cómo voy adecuando la demanda, que cada vez es mayor, porque cada vez tenemos más población, y qué niveles de ineficacia tengo en el riego agrícola, esto no existe como política hoy. En este esquema, deberíamos estar convocando a los mendocinos en un gran acuerdo por el agua, donde todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en cuáles son y qué hay que hacer con el agua en Mendoza los próximos 20 años a nivel de obras, social y respecto del sistema productivo.
¿Por qué no se aprueban esos balances?
Creo que no se aprueban porque blanquear eso en algunos temas implicaría tomar decisiones, trabajar sobre derechos de agua, ordenar temas que no se quieren asumir, porque tenemos un sistema productivo agrícola que realmente en términos hídricos es ineficiente. Por ejemplo, tenemos gente que tiene derecho de agua de riego y no la usa, tendríamos que ir a un modelo distinto o algún planteo de modificación de ciertos lineamientos de la Ley de Aguas. Creo que tenemos que ordenar por sistema de cuencas y cruzar la política hídrica con la de ordenamiento territorial, porque hoy estamos yendo por dos lados distintos y el resultado es que cada vez tenemos más problemas hídricos en un ámbito de sequía, entonces deberíamos trabajar en conjunto.
¿Por qué ningún dirigente, ningún partido político levanta la voz para que esos balances se aprueben?
Me parece que es un tema que implicaría discutir algunas cosas en ámbitos donde la gente no está dispuesta a discutir.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo cuánta agua usa la vitivinicultura, o si es hoy más rentable en la matriz productiva de la provincia sacar viña y poner granos para engorde de ganado, cuando China nos compra todo el ganado que podamos producir y es muchísimo más rentable. Es decir, implicaría discutir a dónde vamos a llevar el agua y a quién se la vamos a dar. O también, que el sistema económico nuestro está basado en el extractivismo, en el petróleo, y de ahí vienen muchas regalías y con eso vivimos, o que tenemos una empresa provincial de agua como Aysam que tienen un grado de ineficiencia muy importante. No digo que sea un problema de esta gestión, es un problema de muchos años. Si nosotros convocamos a este gran acuerdo por el agua, van a salir una serie de elementos que irían a orientar una política pública, sobre todo de infraestructura, que a muchos les molestaría porque deberían hacer esto y no la plaza. Tendríamos que rediscutir el costo del agua, quién la paga, la tarifa social, sería la gran discusión de Mendoza. Este no es un problema de infraestructura solamente, es un problema de legislación, de uso, de gestión, social, es un problema económico de quien paga todo esto, entonces creo que es plantearse un modelo de gestión distinto. Nosotros tenemos un modelo con inherencia a la tierra, que creo que tiene que seguir estando, pero es del siglo XIX, por eso creo que la Provincia necesita reconvertir su matriz productiva en forma urgente, me parece que tendría que haber desde la gestión algunos elementos de flexibilización para decir bueno el agua es del que produce o podemos extender la frontera agrícola, elaborar un modelo hídrico moderno. No estoy planteando que el agua tiene que estar en el mercado, como el caso chileno, porque eso también ha fracasado, ha concentrado la riqueza, lo que digo es ver cómo flexibilizamos, cómo trabajamos sobre algunos aspectos desde lo legal y la gestión para ponerlos al servicio de la producción. Estas son las cosas que hay que discutir.
¿Por qué no se discuten estos temas?
Me parece que para discutir esto hay que pararse por arriba, dejar los temas políticos partidarios de lado, dejar algunos intereses que puedan aparecer. Otro aspecto es que parece que cuando en Mendoza queremos hablar de agua queremos hablar de minería, entonces también es otro conflicto que se da, es decir quieren hablar de agua, para darle a la minera. No es así, podemos hablar de agua porque hoy no hay mineras y estamos desperdiciando el 45 por ciento del agua de riego. Entonces, yo no quiero hablar de minería, quiero hablar para saber cómo hacemos para que en este modelo seamos más eficientes.
Pozzoli dijo que el proyecto del Perilago de Potrerillos lo hizo una consulta, mientras los organismos científicos tenían mucho para aportar. Foto: Prensa Gobierno.
Una relación más formal que concreta
Usted planteó en el foro Los desafíos de la Gestión Territorial Rural que es necesario aceitar la relación entre el sector científico técnico y los tomadores de decisiones. ¿Me puede ampliar el concepto?
El sector científico incorporó un concepto que es poder comunicar lo que se investiga y que sirva para tomar las mejores decisiones, tanto al sector político, empresarial, social. En este esquema, creo que ha habido algún avance desde lo formal, es decir los organismos científico-técnicos participamos en los consejos de Ordenamiento, del Ambiente, Social y Económico, en la Agencia Tecnológica, en Consejo de la Legislatura y ahora departamentales, pero que vemos que es una participación más bien formal, pero que en los temas concretos que hacen a toma de decisiones no hay un sistema de consultas, al menos sobre los temas que se debaten y son importantes en relación al ordenamiento territorial, a temas económicos. Creo que esto sería bueno, sin caer en un cientificismo en donde las decisiones políticas tienen que ser consultadas con la ciencia, porque esto sería como decir que nosotros tenemos una verdad revelada y no es así. Es simplemente que los organismos de ciencia y técnica te aporten una visión, sin tener ninguna intención de que la decisión sea la que el sector científico dice, sino tenerla en cuenta como una opinión importante. Ahí vemos que hay muchas instituciones que formalizan estos consejos, esta participación, pero que cuando se toman decisiones en temas concretos, de leyes o decisiones políticas, no se consulta o no va en la línea de lo que formalmente se propone.
¿Me puede dar ejemplo de decisiones que se tomaron sin buscar la visión y el aporte del sector científico técnico?
Por ejemplo, estaría bueno haber convocado a todos los organismos de ciencia y técnica que tienen que ver con el piedemonte para que aporten su conocimiento o sus ideas antes de la redacción del proyecto que se envió a la Legislatura. Si bien algunos organismos fueron consultados, el nuestro es el caso, muchos no participaron de ese proceso. O lo que está pasando con el ordenamiento del Perilago, ahí hay organismos de ciencia y técnica opinando sobre esto, pero tampoco ha habido una serie de consultas oficiales, es decir la provincia está en este proceso, qué opinan, qué información pueden aportar, cómo ven ustedes la situación, los antecedentes y demás y lo termina haciendo una consultora. Entonces vemos como una dicotomía, porque hay mucha participación formal, pero después en los temas concretos, donde se discute poder ahí hay una ausencia importante.
¿Específicamente en el tema hídrico qué impacto tiene esta falta de fluidez?
En nuestro caso, los que nos dedicamos al tema hídrico, creo que esto genera en la sociedad algunos mitos que a nosotros nos preocupan, porque si esto es mal comunicado o no somos tenidos en cuenta podemos dar algunos mensajes equivocados. Por ejemplo, hay una línea muy importante que considera que todo el problema hídrico tiene que ver con algunos temas como la cantidad de agua o la contaminación por fracking o por minería, y sin embargo, no atendemos el problema real que es que tenemos una grave ineficiencia del 40% en el sistema agrícola. O que tendríamos que estar consumiendo 250 litros por día por persona de agua potable y estamos arriba de 800, entonces vemos que no sólo el gobierno sino también los organismos sociales, la prensa o algunas instituciones que son muy bien intencionadas en estos temas no buscan la información real. Uno puede oponerse a determinadas cosas, por ejemplo al fracking, porque es un tema que a nosotros nos consultan en forma permanente, pero usa el 0,05 por ciento de agua en la Provincia, no tiene ningún tipo de incidencia en los problemas que tenemos y sin embargo hemos estado potabilizando en octubre el 50 por ciento del río Mendoza y de eso consumimos cuatro veces más que lo que deberíamos y en el tema agrícola estamos con un nivel de ineficiencia del 40 por ciento. Entonces, nos preocupa que estos datos duros que generamos no tengan una real influencia en la toma de decisiones, porque cuando uno tiene que tomar decisiones sobre el tema hídrico, que es decir dónde priorizo, en base a esos datos es en mejorar la eficiencia agrícola y el sistema de agua potable. Hay muchas zonas donde no hay agua en verano, tenemos que cambiar entre 1000 y 1500 metros de cañerías para poder ser más eficientes y tenemos un nivel de eficiencia para reparar las pérdidas que va entre 25 y 30 días, cuando otras empresas provinciales lo hacen entre 24 y 48 horas, tenemos un caño perdiendo un mes agua potable, que es cara. Esos datos deberían ser tomados en cuenta para la toma de decisiones, por ejemplo para el diseño de la política de obras, es decir voy a mejorar la plaza, la calle, el Cerro de la Gloria o voy a trabajar sobre obras hídricas de fondo que son estratégicas para la provincia. Estos datos muchas veces no son tenidos en cuenta, están acá, en Irrigación, deberían ser los datos duros sobre los cuales nos podamos sentar y ver cómo hacemos para trabajar y cuál es la obra pública. Lo mismo pasa con las políticas de ordenamiento, cuáles son los datos duros hídricos que me están indicando dónde tengo que poner el agua y esos datos hace tiempo marcan que el cinturón verde se va corriendo hacia el Este. Entonces, vamos a tener agua o no en ese corrimiento, porque los derechos de agua están acá y no los tienen cinco kilómetros más allá.
¿Cómo se podría mejorar esta relación entre organismos científicos y quienes toman las decisiones?
Primero, la generación de confianza, para que quien tome las decisiones esté tranquilo de saber que se le acercan los datos duros con la intención de que se tome la mejor decisión y que no es la idea de los organismos de ciencia y técnica decir lo que tienen que hacer. Esto lo digo porque muchas veces caemos en esta tentación: nosotros tenemos la información, la investigación, somos los que sabemos, entonces tenés que hacer lo que yo digo y esto no es así, porque la realidad es otra, es decir yo tengo una visión de datos duros a la que después es necesario sumar una visión social, económica para el que toma las decisiones. Si esto no se entiende, desde el lado de los tomadores de decisiones, se ve como que nos quieren imponer lo que diga la ciencia, y desde el lado de la ciencia, tenemos que entender que lo que podemos aportar es parte de la realidad y lo tenemos que aportar de manera tal que pueda ser fácil o confiable para el que toma las decisiones. Si no, y esto es una opinión muy personal, se diseñan políticas públicas como La Ley de Ordenamiento Territorial, que es una ley muy compleja y que en muchos casos está siendo inaplicable, es decir llevamos 12 años con este tema, tenemos ley pero no tenemos ordenamiento. Y esa es una ley que se hizo con mucho trabajo del sector científico técnico, pero a lo mejor no se tuvieron en cuenta algunas variables y factores que hubiesen hecho que fuera de más fácil aplicación, por ejemplo, los plazos. Entonces, ese engranaje ciencia, técnica y tomadores de decisiones es un engranaje que creo que hay que terminar de pulir. Lo que percibo en general es que nos gustaría participar más, y no solo ser convocados formalmente cuando las decisiones ya están tomadas o cuando es para la foto. Me parece que se ha roto este esquema de participación ciencia y técnica y tomadores de decisiones desde lo político.
¿Esa relación se quebró o nunca existió?
En algún momento existió, porque hubo leyes importantes que tuvieron mucha participación real. Después me parece que eso se fue rompiendo o burocratizando. Hoy prácticamente hay cada vez más instituciones que convocan a consejos, pero cada vez menos trabajos compartidos en la realidad y a veces eso se puede dar hasta de manera informal, es decir apaguemos los micrófonos y decime qué opinás de esto. Creo que hay que volver a trabajar eso que se rompió porque el Estado provincial no tiene posibilidades de generar este conocimiento por la misma dinámica de la gestión, nosotros tenemos el caso de Irrigación con el cual trabajamos muy bien, tienen mucha información, pero no tiene un sistema de investigación para procesarla y darte resultados para tomar decisiones, y por qué, porque no es su función. Entonces si compartimos datos es procesar esta información y dar una serie de elementos para la toma de decisiones. Entonces creo que se ha ido rompiendo ese esquema, en parte por un proceso de burocratización o de no comprensión de los dos sectores, después ha habido un proceso de desinversión importante de los institutos de ciencia y técnica y al mismo tiempo la aparición de consultoras que me dijeran lo que teníamos que hacer o que hicieran los proyectos. Es un cambio de paradigma, lo que estamos proponiendo con el trabajo en la Unidad Mixta (UNCUYO, INTA Y Conicet) es volver a trabajar entre las instituciones de ciencia y técnica como puede ser en todo el sistema agroalimentario y convocar a los sectores productivos para aportar su visión, en pos de que se tomen las mejores decisiones.
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