En Mendoza, diputados nacionales, provinciales y concejales del PRO presentaron en la Legislatura una solicitud en la que reclaman que el Senado de la Nación trate rápidamente el proyecto de ley de extinción de dominio, que ya recibió sanción inicial en Diputados. Es una iniciativa que los legisladores quieren apurar, ya que lleva dos años frenada y si no es debatida en la Cámara Alta, a fin de año perdería estado parlamentario.

Sebastián Bragagnolo, diputado nacional por el PRO, dialogó con Unidiversidad sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. “Es una herramienta de política criminal que se le da al Estado para que pueda recuperar los bienes que han sido adquiridos producto del narcotráfico o la corrupción”, dijo el legislador nacional por Mendoza.

De esta manera, si una persona compró una casa o un auto con plata de la corrupción o del narcotráfico, el Estado estaría habilitado a quitarle el dominio y, luego, a volcar el dinero que se obtenga a Seguridad, Salud o Educación”. Bragagnolo resaltó la “agilidad” que permitiría la aprobación de esta ley, ya que posibilitaría la apropiación del dominio adquirido de forma ilícita paralelamente al desarrollo de la acción penal contra el acusado de corrupción o narcotráfico.

El diputado nacional por el PRO dijo que “hay 5000 millones de pesos que se han producido en Argentina en los últimos cinco años del narcotráfico”. Con esta ley, considera que podrá recuperarse parte de ese dinero. “Los ciudadanos ven con impotencia que los bienes siguen quedando en sus manos”, indicó Bragagnolo, con referencia a los sospechados por corrupción o narcotráfico.

Además, la ley propone la creación del Ente Nacional de Administración de Extinción de Dominio, que estará encargado de administrar estos bienes. Sin embargo, todavía no se define si quedará a cargo del Ministerio de Seguridad o si dependerá de otra entidad gubernamental.

En el mismo sentido que Bragagnolo, Álvaro Martínez, diputado provincial por el PRO y parte del Frente Cambia Mendoza, aseguró que al no tener una ley sobre esto, “es imposible tener una estadística de cuántos bienes tiene el Estado para rescatar”. El legislador provincial cree que esta ley facilitará el proceso antes de que salga la sentencia: “Lo que agilizaría es que antes de que salga una condena, y cuando se compruebe que el patrimonio de una persona ha crecido abruptamente, sus bienes vengan al Estado”. Según lo estipula el proyecto, estos bienes podrían venderse o utilizarse en Obra Pública, Salud o actividades educativas.

El proyecto cuenta con el apoyo de Cambiemos y del Frente Renovador. Sus principales detractores son los legisladores del Frente para la Victoria porque cuestionan su legalidad.

En la conferencia estuvieron presentes además la diputada nacionales Stella Huczak, la senadora provincial Cecilia Páez, los diputados provinciales Hebe Casado y Pablo Priore junto a concejales departamentales, todos parte del espacio PRO de Mendoza.