La interna feroz entre el radicalismo y la oposición se coló una vez más y el gasto de Mendoza deberá manejarse con recursos fijados para el año anterior. Como si lo sucedido en 2014 ya hubiese quedado en el olvido, otra vez los legisladores dejaron el presupuesto de la provincia en stand by y buscarán definiciones en el primer trimestre del año entrante, el mismo período en que se desatarán las primeras campañas políticas para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La sesión duró poco más de tres horas y las apetencias políticas salieron a la luz desde antes de iniciarse la discusión en el recinto. Quedó claro que Francisco Pérez no permitiría dejar pasar un presupuesto armado por el principal candidato de la oposición, Alfredo Cornejo, y envió a comisiones la Pauta 2015. Lo que sí se aprobaron fueron las normas para poder recaudar. Las leyes de Avalúo e Impositiva lograron sanción definitiva por parte de la Cámara Alta pero la norma general de gastos quedó en suspenso.
“Apostamos al diálogo después del primer trimestre”, sostuvo el vicegobernador Carlos Ciurca antes de comenzar la sesión especial de este martes. Es que el radicalismo vedaba en su presupuesto alternativo todo tipo de endeudamiento y el oficialismo intentaría, tras esos primeros tres meses, demostrar que sin pedir fondos los recursos no alcanzarían para terminar 2015. El peligro y el riesgo que corre Pérez es que las posturas opositoras se endurezcan en medio de la campaña y la necesidad de la pauta termine en la Justicia, tal como sucedió este año. Pero también puede capitalizar esta negativa opositora a su favor y utilizarla en medio de la campaña como otro de los elementos para resaltar en detrimento de la oposición. Al parecer, este es el blanco al que pretende apuntar el oficialismo.
“Hay que desdramatizar la situación”, consideró Ciurca tras la sesión, asumiendo que la pauta recién podría ser discutida en abril o mayo del año que viene. El vice consideró, además, que el gran desafío sería poder separar cuáles eran los intereses partidarios de las necesidades de los mendocinos, adelantando de alguna manera la estrategia oficialista para presionar.
Sin los 40 millones
El financiamiento de las PASO quedará suspendido y de alguna manera Pérez logra que no se incluyan fondos, al menos hasta el tratamiento del año que viene. Así, las campañas políticas deberán ser financiadas por cada partido y, por supuesto, con el aporte de los privados. Además, Pérez está por dar a conocer la demorada reglamentación de las PASO. En la norma también habrá una especie de zancadilla para el radicalismo y se conocerá en las próximas horas.
Una de las estrategias previas, que ya había sido analizada por el oficialismo, era el veto parcial del artículo 1 de la pauta, al que los radicales lograron incluirle los 40 millones de pesos para financiar las campañas de las PASO, pero la estrategia cayó por la borda cuando el propio gobernador, tras una reunión con los intendentes este fin de semana, decidió que el tema se dejara en suspenso. A partir del 1.º de enero y por decreto, Pérez podrá extender el uso de la pauta de 2014 para poder enviar a sus carteras. Lo que sí quedó aprobado es el uso de los recursos y con esto podrá aplicar las reformas impositivas pergeñadas para recaudar más.
Una a 15
La ley impositiva era la más cuestionada porque el radicalismo considera que la rebaja a las empresas productoras de hidrocarburos, que Pérez acordó en Nación con los gobernadores de la Ofephi, debería haber tenido aval de las cámaras. Pero el presidente de la Comisión de Hacienda en Senadores por el Frente para la Victoria, Javier Cofano, marcó que el oficialismo aceptó al menos otras 15 reformas a esta ley que fueron solicitadas por los radicales. Está claro que así la oposición dejó colar la rebaja de Ingresos Brutos del 5 al 3,5 por ciento para estas empresas, principal punto de discusión entre ambos partidos.
La necesidad de pasar la discusión para el primer trimestre de 2015 sólo fue avalada por el oficialismo, mientras que los referentes del PRO y del Frente de Izquierda adelantaron su rechazo a la iniciativa antes de votar y por esto dejaron sin chances a la oposición, minoría en esa cámara. Así, la votación resultó 19 votos a favor contra 18 negativos y contó, además, con la no votación de la senadora del Frente de Izquierda Noelia Barbeito, quien fue duramente cuestionada por el radical Juan Carlos Jaliff al considerar como una omisión su decisión de abstenerse porque no se expresó a favor de ninguna posibilidad.
La interna se coló en educación
La demorada Ley Provincial de Educación, que se supone fue ampliamente discutida y debatida porque lleva años en una Bicameral de la que participaron todos los legisladores de esa comisión, también quedó entrampada en la discusión.
Así, la norma que ayer logró la media sanción en Diputados pasó para el año próximo, tras el pedido elevado por la Unión Cívica Radical, a través del presidente de bloque Gerardo del Río, manifestando que había faltado tiempo para estudiar la norma aprobada por parte de la Cámara Baja. El oficialismo aceptó la moción, bajo la presión de un grupo de referentes del Sute que esperaban en la puerta y reclamaban para que no se aprobara, argumentando fallas en su estructuración. De esta manera quedó fijado el 24 de febrero, unos días antes del inicio de clases, como la fecha para que la Cámara de Senadores discutiera el proyecto de ley que se estaba gestando desde gobiernos anteriores.
Los caminos
El 2015 será un año duro para el oficialismo y la oposición promete batalla. Será Pérez quien deberá valerse de gobernar su último año sin presupuesto y, si puede, capitalizarlo a su favor para dejar sin chances a la oposición, obligarla a sentarse en la Legislatura y expresarse a favor de una salida negociada.
Pero la salida será difícil. Los radicales, sin poder utilizar los fondos para la campaña, también tienen tres meses para elaborar sus estrategias. Habrá que ver quién gana en la pulseada que se viene a partir de marzo y que tendrá como eje de discusión nada menos que 47 mil millones de pesos para financiar los servicios que presta el Estado a los mendocinos.