Explicativa y desarrollada para el entendimiento de la población, la investigación ofrece “una visión distinta de la formación de los precios de las verduras y su incidencia en la mesa de todos los mendocinos y todas las mendocinas”, y propone como “indispensable que el Estado, además de promover prácticas alimentarias saludables, intervenga activamente en la formación de los precios de los alimentos, entre ellos las verduras, para garantizar así el derecho social a la alimentación de toda la población y, consecuentemente, la seguridad alimentaria tanto en calidad, cantidad, precio y variedad”.

Entre las principales fuentes para la elaboración del documento, se consignan los informes quincenales de la Red Provincial de Precios Pagados a Productor. Respecto de los precios pagados por los consumidores finales, se constituyó un trabajo específico por los equipos de CANPO, articulados con otros organismos del Gobierno Provincial, en base a la variación de precios detectadas entre diciembre pasado y el mes en curso, en comercios minoristas y mayoristas. El cotejo revelado entre los precios pagados a productores en la primera quincena de este año y el “ofertado” para el consumo por las grandes cadenas de supermercados es drástico:

“En principio podemos decir que cuando pagamos el precio de un kilo de papas estamos abonando todos los costos de inversión desde la chacra hasta nuestras manos, más todas las ganancias sumadas desde el productor hasta el negocio donde la compramos. Sin embargo, la cuestión es más compleja aún, la formación de precios y el aumento de los mismos responde fundamentalmente a otras dinámicas”, señala el documento. Aborda entonces la gravitación del aumento de los precios internacionales de los alimentos exportados; la concentración y extranjerización del mercado interno, por las cuales “las empresas que industrializan materias primas y que las distribuyen pertenecen a muy pocos empresarios, en su mayoría extranjeros que tienen un rol monopólico, que, de no mediar la regulación del Estado, pueden poner los precios que quieran”; y la puja distributiva por la cual esas mismas empresas con posición dominante “aumentan los precios ante cualquier aumento del salario de los trabajadores, para sostener y ampliar los márgenes de ganancias”.

Para Diego Fernández, por la posición dominante que detentan las cadenas de supermercados “actúan como formadores de precios de un importante sector del consumo de verduras, y marcan precios de referencia a las verdulerías y comercios minoristas, que de todas maneras, como se demuestra en la investigación, sostienen valores inferiores a los exhibidos en las grandes góndolas". Entonces, “para combatir esos desfasajes, esta locura que no admite parangón”, se proponen distintas herramientas contra la especulación y la inflación, a fin de “intervenir sobre sus causas, y en ese marco pensar en propuestas integrales que incluyan el rol que necesita cumplir cada uno de los sectores afectados: productores, consumidores y Estado. Además de los acuerdos de precios y control sobre los formadores, es fundamental que la sociedad denuncie los abusos, así como la articulación de las políticas del Gobierno Nacional con el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Agroindustria y los productores de la economía social para promover alternativas de comercialización que rompan con la lógica dominante en el mercado de las hortalizas”. Esta pulseada, promovida como política de Estado, posibilitaría “acortar la cadena de comercialización entre productores y consumidores, asegurar una justa retribución al productor por la venta de su producto garantizando un precio accesible a los consumidores, y fortalecer y valorizar el sector de los pequeños y medianos productores”.

Practicar el control

La importancia del documento de CANPO, en relación con los precios de las verduras, se constituye en paradigmática respecto de la injustificada alza general ejercida por los sectores concentrados en el resto de los rubros de consumo popular. Los controles sobre la inflación acentuados durante las últimas semanas, a instancias de las denuncias de los consumidores, revelan la gravedad de la situación. Lucas Pascual, Director de Industria y Comercio de la Provincia, en comunicación con Radio Nacional Mendoza, explicó que desde el Ministerio de Agroindustria y con respaldo de equipos de inspectores del Ministerio de Gobierno, de la Subsecretaría de Trabajo y de Defensa del Consumidor, han multiplicado los operativos de control y sanción de los comercios que incurren en sobreprecios abusivos: “Esta es una actividad natural que hacemos durante todo el año, como puesta en práctica de la defensa de la competencia que se sustenta en la Ley de Lealtad Comercial. Hoy estamos haciendo un mayor esfuerzo, con refuerzos en las inspecciones y la apelación a los consumidores para aplicar el sentido común ante precios exagerados y su denuncia”.

Teléfonos para denunciar sobreprecios:

Dirección de Industria y Comercio: 0800-333-3492

Dirección de Defensa del Consumidor: 0800-222-6678

Subsecretaría de Trabajo: 0800-222-6722