La Corte local dio luz verde al pedido del Procurador de la Corte para que el máximo tribunal nacional dé su opinión sobre el fallo que reglamentó la prisión preventiva. O sea, el culebrón del verano tendrá un capítulo nacional.

En diciembre de 2015, la Corte mendocina falló a favor de imponer plazos perentorios y cortos a fiscales y jueces para justificar la medida de la prisión preventiva, en respuesta al Habeas corpus que presentó la ONG jurídica Xumek a favor de 800 detenidos. La controversia se evidenció con la oposición del incipiente gobierno de Alfredo Cornejo y la queja airada del procurador Rodolfo González, el principal afectado por la decisión. La Corte se vio en la necesidad de explicar públicamente los alcances del fallo y luego suspender los efectos, y ahora le dio lugar al reclamo de González para que sean los jueces supremos federales los que opinen sobre el fallo de sus colegas mendocinos.

La intención de la Corte local está expresada en los fundamentos de esta resolución. “El fallo sobre la prisión preventiva no origina una cuestión federal en tanto se refiere a la interpretación de normas procesales, consideraron que la trascendencia y repercusión pública del mismo, así como las críticas que recibió por parte de las máximas autoridades, podría habilitar la instancia extraordinaria federal”, remarca el comunicado judicial. Es decir, ante la resistencia planteada al fallo, la Corte mendocina decidió dar lugar para que sea el alto tribunal nacional el que dé su opinión, más allá de que ya anticipan que la Corte federal nada puede decir de una medida de procedimiento local.

Qué esperan los jueces supremos mendocinos: que la Corte Nacional se declare incompetente para definir un caso que reglamenta la aplicación de una medida de procedimiento penal, o bien que falle a favor de lo ya sentenciado.

Qué espera el Gobierno de Cornejo: que el caso se “planche”. Que la Corte nacional dilate la resolución y que el fallo, en la práctica, quede superado por la realidad y se sigan dictando prisiones preventivas, principalmente a todo sospechoso de cometer delitos contra la vida y la propiedad.

Qué espera el Procurador: que la Corte Nacional le dé la razón y revoque el fallo de los jueces mendocinos. De este modo, González ganaría una pelea para que todo siga igual que ahora, es decir, mantener su tranquilidad en el cargo constitucional que reviste desde la década del 90.

Leé los fundamentos de la Suprema Corte para enviar el caso al máximo tribunal nacional