La herida abierta de una guerra en la memoria y un reclamo de soberanía que persiste

Sociedad

Pese a ello, tres días después, una multitud celebró con el presidente de facto Leopoldo Galtieri la noticia de que las Malvinas habían sido recuperadas. En ese contexto de efervescencia social y reclamos cada vez más audaces del sindicalismo, la Junta elaboró una estrategia de comunicación que eclipsara las protestas y elevara el apoyo a la iniciativa bélica.

"La maniobra psicológica instrumentada con base en noticias falsas o distorsionadas estaría alcanzando éxitos parciales, ya que se observa en algunos sectores una duda creciente sobre la oportunidad del operativo de recuperación argentina y sobre los daños materiales y vidas que puede causar una agresión de la Flota inglesa (sic)", señaló el plan elaborado por la Junta. Firmado por el contraalmirante Salvio Olegario Menéndez–reclamado luego por la justicia española por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA–, el plan evaluó: "Hasta el momento (8 de abril), la actitud de los medios privados del país, si bien es de total apoyo a las políticas y acciones del Gobierno Nacional, preocupa por los espacios destacados que dedica a informaciones alarmistas provenientes de Europa".

Por esa "preocupación" sobre la cobertura del conflicto, la administración de facto propuso: "El Estado Mayor Conjunto (conducción de las Fuerzas Armadas), en coordinación con la Secretaría de Información Pública, centralizará, planificará y desarrollará una intensa acción de comunicación social a fin de apoyar los objetivos políticos y militares de la Junta". Básicamente, el jerarca de la inteligencia militar y ex subdirector de la ESMA propuso "neutralizar toda información negativa que provenga del exterior a través de una armónica tarea de comunicación social".

"Todos los programas a emitir serán previamente grabados, y autorizada su difusión total o parcial por los interventores de los medios oficiales", sentenciaba el contralmirante Menéndez. 

La "información negativa" no era solo militar: desde principios de la década, el Banco Central venía perdiendo reservas a niveles alarmantes, mientras la conducción económica tomaba decisiones que licuaban los salarios de trabajadores y ahorristas. Una de esas medidas antipopulares fue la Circular 1050, que autorizó el ministro de Economía de entonces, José Martínez de Hoz, para que los préstamos hipotecarios se actualizaran a valores de mercado, lo que fundió a miles de ahorristas y pequeños comerciantes.

No obstante las inequidades que los argentinos experimentaban en su economía cotidiana, la Junta suponía que "el accionar psicológico sobre la opinión pública nacional puede ejecutarse en forma centralizada y dirigida, según las necesidades nacionales, en el terreno armado o de la negociación". La Junta pretendía que las transmisiones desde el frente mostraran "aspectos que destaquen la vida normal de las islas" y los "logros" de las fuerzas argentinas.

Con esa lógica de límites a la expresión, la Junta había prohibido días antes del 2 de abril las películas El pueblo contra Alice Cooper y Pixote, del argentino Héctor Babenco, que trataba sobre un niño que luchaba por sobrevivir a la pobreza y la marginalidad en Brasil.

"Todos los programas a emitir serán previamente grabados, y autorizada su difusión total o parcial por los interventores de los medios oficiales", sentenciaba el contralmirante Menéndez dentro de esa estrategia de censura.

Este plan de control mediático se difundió una semana después del desembarco argentino en Puerto Argentino, cuando el Reino Unido hacía sus aprestos militares y los combates que definieron el conflicto todavía estaban lejos. Sí estaba claro para los militares en aquel momento que no permitirían que los corresponsales extranjeros ingresaran a las islas, "especialmente agencias de noticias", que, por su capacidad de difusión mundial, podían complicar el apoyo social.

La Junta entendía que conducir la comunicación del conflicto era una "necesidad" para evitar "la difusión de noticias alarmistas procedentes del exterior", pero contemplaba excepciones cuando la eventual noticia fuera "aprobada por el interventor del medio y presentada con un comentario que la minimice o neutralice".

La recuperación de las islas tuvo como objetivo retomar, a través de un anhelo histórico, la iniciativa política perdida a manos de la Multipartidaria, que reunía a los principales partidos políticos, y de las conducciones sindicales combativas.

Los militares detectaban que su poder venía menguando, y el de la sociedad civil, aumentando. Sabían que esa dinámica no desembocaría en nada bueno si no recuperaban la iniciativa y la gobernabilidad. Fue entonces cuando desempolvaron el viejo proyecto de recuperar las Malvinas por la fuerza.

El coronel De Piano, represor en Bahía Blanca y director de Télam 

El interventor militar de la agencia Télam durante el conflicto del Atlántico Sur, Rafael Benjamín de Piano, también interventor de facto de la provincia de Chubut. Fue procesado en 2007 por delitos de lesa humanidad cometidos mientras fue jefe de operaciones del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

En el amanecer del 24 de marzo de 1976, el entonces coronel De Piano juró por Dios y por la Patria como interventor militar de Chubut, dentro de la casa de gobierno que fuerzas combinadas del Ejército y la Armada habían tomado por la fuerza horas antes. Según describen las crónicas de la época, De Piano juró ante el escribano general de Gobierno, Francisco Gómez, y frente a varios civiles, entre ellos, Néstor González, secretario privado del gobernador derrocado Benito Fernández.

De Piano tenía entonces 50 años y una carrera exitosa en el Ejército: egresado del Colegio Militar como subteniente de Artillería, luego fue destinado al Regimiento 2 de Artillería de Azul y se especializó en blindados.

A fines de 1972, ya como oficial del Estado Mayor, fue ascendido a coronel y nombrado como segundo comandante de la IX Brigada de Infantería en Comodoro Rivadavia, lo que le significaría que le encargaran la intervención militar de la provincia con el golpe de 1976.

Un año después, fue designado como jefe de Operaciones del V Cuerpo de Ejército, en Bahía Blanca. En febrero de 1978, el propio presidente de facto, Jorge Rafael Videla, lo aupó como secretario general del efímero Ministerio de Planeamiento, creado por los militares para ocuparse de la obra pública.

El coronel De Piano llegó a Télam en 1978, también destinado por el dictador Videla, y se mantuvo allí hasta tres meses antes de la restauración de la democracia en 1983.

Su gestión fue la que adquirió el edificio que la agencia aún conserva en Bolivar al 500, en el barrio porteño de Montserrat, y se vio enturbiada por la venta de fotos de los enviados de Télam a las Malvinas. El mismo de Piano confesó el 5 de mayo de 1982, ante la Comisión Rattenbach,, que investigó las responsabilidades en Malvinas, que las fotos que obtenían los fotoperiodistas de la agencia se vendían "a 500 y 1000 dólares" en una suerte de mercado negro que se había montado en el lobby del Hotel Sheraton, que era donde se alojaban los corresponsales extranjeros.

El circuito de las fotos contemplaba que la imagen aprobada en la isla salía en avión a Comodoro, y de allí, a Buenos Aires, también por vía aérea, directo al Estado Mayor Conjunto que, luego de "evaluarla", la trasladaba a Télam para que se difundiera. De Piano deslindó sus responsabilidades sobre esa venta ilícita, pero aceptó que, en algún punto del traslado, las imágenes eran robadas para venderlas a las agencias internacionales.

En 2007, la justicia reclamó a De Piano por los delitos de lesa humanidad perpetrados mientras se desempeñó como jefe de Operaciones del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca. Luego de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reabrieron los procesos contra los represores del V Cuerpo, incluido De Piano, que firmó un comunicado publicado en La Nueva Provincia que daba cuenta de la muerte de cuatro supuestos guerrilleros en un enfrentamiento fraguado.