“Este Gobierno será recordado por haber aumentado improductivamente el gasto público y por su falta de determinación para defender el federalismo”, expresó el presidente del Partido Demócrata de Mendoza, Richard Battagión, al referirse a la confesión mediática del gobernador Pérez, que da cuenta de que los males de Mendoza tienen origen en que los recursos nacionales de coparticipación son insuficientes e injustos.

Aunque señaló que “no es hora de reproches”, el dirigente demócrata subrayó que “la amarga confesión del Gobernador abre la puerta a una oportunidad: acordar una agenda federal entre el gobierno saliente y el entrante, que representa una coalición, para reclamar con la fuerza de una política de Estado todo lo que la Nación está adeudando a Mendoza, casi 20.000 millones de pesos”. Según Battagión la agenda federal debería contener por lo menos los siguientes temas:

Ley del Cheque: acuerdo para demandar por la inconstitucionalidad de la Ley del Cheque y una indemnización a Mendoza por más de $ 10 mil millones, como ha planteado ante la Fiscalía de Estado de la Provincia el Partido Demócrata. Dicha ley es inconstitucional por transgredir el mandato federal de la reforma de la Constitución de 1994, contenido en la Cláusula Transitoria 6.º.

Pacto Fiscal de 1992: acuerdo para demandar la devolución del 15 % de la coparticipación retenido por la Nación en el marco del caduco Pacto Fiscal de 1992, siguiendo el camino emprendido por Santa Fe y Córdoba. Por este concepto, Mendoza debería recibir una cifra superior a los $ 5000 millones.

Regalías hidroeléctricas: acuerdo para demandar a la Nación por las regalías hidroeléctricas mal liquidadas a la Provincia de La Pampa por la generación de las Centrales Nihuil I, II y III en el marco del decreto 1560/73, que es a todas luces inconstitucional porque la energía pertenece a la Provincia donde se emplaza el salto de agua. Por este concepto, la demanda superaría los $ 500 millones.

Retenciones agropecuarias: acuerdo para demandar a la Nación por el impacto en la coparticipación del aumento exponencial de las retenciones agropecuarias que detraen fondos de la masa coparticipable por disminución del Impuesto a las Ganancias. Al igual que la Ley del Cheque, este impuesto es inconstitucional porque contribuye a perforar el piso garantizado a las provincias por la Cláusula Transitoria 6ª de la Constitución Nacional reformada en 1994. Por este monto, la demanda supera los $ 3800 millones. 

Estos son los temas propuesto en la agenda federal, “sin perjuicio de incorporar otros temas de la relación Nación-Provincias que devuelvan a Mendoza la Autonomía que ha perdido”, indicó, por último, Battagión.