Aumento para los consumidores o refuerzo del subsidio es la gran encrucijada en la que se encuentra el Gobierno en la previa de un año de elecciones. Pero el actor involucrado y que espera una respuesta es el empresario, porque se viene el vencimiento de las concesiones del transporte para el Gran Mendoza y la incertidumbre marca el rumbo de las mismas.

Esto, porque el Gobierno viene advirtiendo desde hace años que el actual sistema de pago a los concesionarios, a través del kilómetro recorrido, es distorsivo y genera inequidades. Según advierten en la esfera oficial, a los empresarios hoy les da lo mismo subir o no pasajeros, porque cobran el mismo importe por uno o cincuenta que transporten en la unidad. “Tenemos que volver a que el empresario sea empresario”, advirtió, revelando que el esquema cambiará y que habrá mayores controles.

El Gobierno analiza concretamente un esquema mixto. Sabe que en las zonas más alejadas no será rentable prestar el servicio si no es a través del kilómetro recorrido, por lo que temen que no se presenten oferentes. Sin embargo, en los lugares de mayor concentración de pasajeros prestar el servicio sería rentable a través del kilómetro o del boleto, pero el Gobierno se ha propuesto salir del esquema actual.

“La idea es que en aquellas zonas más alejadas o vulnerables, el Estado decida invertir para que el servicio siga prestándose en condiciones normales, y en este esquema habría que subsidiar”, asumió Palau.

Según el funcionario, hay varios esquemas financieros en estudio y, si bien se negó a brindar mayores detalles, sí confirmó que sería un modelo mixto que tendería a corregir inequidades. “Nadie cuestiona que se invierta en salud ni en educación, por lo tanto nadie debería discutir que se subsidie el transporte a los que menos tienen”, marcó.

En este marco se prepara la audiencia pública, en la que se discutirá la nueva estructura de costos. Si bien todo estaba encaminado hacia un incremento en el precio del boleto, a última hora el gobernador frenó todo tipo de aumentos. Ahora serán el gobierno provincial y el nacional quienes deberán resolver la encrucijada.

La audiencia está prevista para el 27 de este mes. Diego Martínez Palau especificó que ese día se analizarían los costos y se definiría de alguna manera la financiación del costo de la decisión que ha tomado el gobernador de no permitir subas de boletos. “Los subsidios son una de las variables que deberán retocarse para afrontarlo”, asumió Palau. El funcionario no quiso revelar cuánto deberían aumentarse los desembolsos provinciales y afirmó que, una vez que los costos estuvieran claros, deberían sentarse con la Nación para saber si esta aumentaría los subsidios sobre combustibles y salarios, que significan hoy cifras millonarias y se sostienen desde hace años.

“Recién en enero o febrero se sabrá cuánto pone la Nación, y la provincia deberá resolverlo para el envío del presupuesto a la Legislatura en los próximos días”, respondió, aunque se negó a revelar el porcentaje de aumento. En 2013 la provincia debió aportar al sistema 240 millones de pesos y en 2014 lo incrementó a 300 millones, por lo que se prevé que, si no hay subas de boleto pero se contempla la inflación que advierten los empresarios, la ayuda oficial deberá ser sensiblemente mayor.

Los empresarios acusan que hay una deuda por parte del Gobierno de 60 millones de pesos. Al respecto, Palau consideró que se han priorizado salarios y la no reducción de frecuencias.