El papá de una nena mendocina mintió para no pasarle la cuota y la madre de su hija logró que la Justicia lo hallara culpable por fraude. En 2012, luego de ocho años de noviazgo, una pareja concibió una bebé. Como la relación ya no estaba bien, decidieron separarse. Cuando la niña nació, su padre seguía visitándola, pero siempre con la misma frase: “No tengo un peso”. Tampoco quiso darle su apellido con el argumento de que tendría problemas familiares.

Al momento de dar a luz, la mamá de la niña cursaba el último año de la secundaria; el papá ya estudiaba enfermería y contaba con distintos trabajos. Unos meses después, cuando la mujer le pedía ayuda económica o el ingreso de la niña a la obra social con la que contaba el hombre, nunca obtenía una respuesta. Según publicó este domingo el diario Los Andes, la mujer explicó: "Pese a todo, nunca le impedí que la viera".

El hombre se recibió de enfermero, comenzó a trabajar en una clínica de Godoy Cruz,  en un supermercado y en una empresa de mudanzas. Aun así, jamás le respondió económicamente a su hija y la situación se hacía cada vez más difícil. Los abuelos maternos de la niña notaban mejoras económicas en la vida del padre de su nieta: se había comprado un auto y tenían conocimiento de sus trabajos. Fue así como en 2014, la mamá de la nena apeló a la Ley 13944, por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y denunció a su expareja.

En agosto del 2014, sin obtener una respuesta al reclamo de la madre, la familia decidió denunciar penalmente al padre de la criatura por insolvencia alimentaria fraudulenta, de la mano del abogado Ramiro Villalba. Según Los Andes, el enfermero respondió de mala gana: “A mí, esta mina no me va a sacar nada”. Dos días después de la notificación de la fiscalía, el acusado acordó con algunos trabajos quedar en negro para evitar sincerar sus ingresos; vendió el auto que tenía a su nombre y compró un Gol a nombre de su padre, una coartada que posiblemente lo haría quedar insolvente para mantener a su hija. Por si fuera poco, el padre de la niña se hizo defender por un abogado del Estado (llamado "de pobres y ausentes") como parte de la estrategia para aparentar insolvencia económica.
 

Pruebas

Cuando la justicia se puso a investigar, descubrieron la venta y compra de los dos vehículos, a través de informes pedidos al Registro del Automotor. Por otro lado, en su declaración, el padre de la niña omitió varios trabajos. Con estas pruebas claras, el hombre fue imputado por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y, además, por insolvencia alimentaria fraudulenta.

A principios de este mes, el padre de la niña se presentó en la Cuarta Cámara del Crimen, mostrándose arrepentido ante el fiscal de la causa, Gonzalo Nazar, y solicitando no ir a juicio sino pactar un monto económico para no seguir con la acusación penal. El fiscal permitió al acusado esa reparación económica y este pagó toda la suma, podía hacerlo cuatro cuotas pero decidió pagar todo junto.

Este caso sienta precedentes en Mendoza, ya que esa reparación integral es nueva, figura desde el año pasado en el Código Penal y establece que, en algunos delitos, no se llegue a debate y se solucione el problema con dinero, como una especie de indemnización. El abogado del caso, Ramiro Villalba,  dijo a  Los Andes que no tiene nada que ver con la causa que se sustancia en la Justicia de Familia, que es otro expediente. El acusado aún debe responder por los cuatro años que se ausentó de las obligaciones para con su hija. 

La Ley 13944 dice que se impondrá prisión de hasta dos años o multas de 750 a 25 mil pesos al padre que no preste los medios para la subsistencia de sus hijos menores de 18 años. Además, si se declara insolvente para eludir sus obligaciones alimentarias o hace desaparecer sus bienes para disminuir el monto fraudulentamente, tiene una pena de uno a seis años de prisión.