Emilio Guiñazú, subsecretario de Minería y Energía de Mendoza, habló sobre el Pacto Federal de Minería e hizo un poco de historia sobre el tema. Reseñó que el primer pacto se promulgó en 1993 para dar el impulso a la minería en el país. Veinte años después y tras un análisis, se generó un nuevo documento para atender aquellos aspectos que no habían sido atendidos, como el cuidado del medio ambiente y el desarrollo que genera la minería.

El funcionario aseguró que el pacto apuesta fuerte a cubrir el déficit de los controles ambientales. Para ello, explicó, se habilitará un comité especial que impulsará más y mejores controles a la práctica minera, lo que implicará mayor presupuesto para ejecutarlo.

El subsecretario explicó que el Pacto Federal no interfiere en las autonomías provinciales, no modifica ni cancela leyes como las del agua, los glaciares y la 7722. "Esto implica que cada provincia decide qué tipo de minería quiere", afirmó el subsecretario. Sin embargo, lo que sí decide el pacto es el presupuesto mínimo y la transparencia de fondos, mientras intenta unificar el tema de las regalías. Esto es importante porque se está intentando atraer inversiones al país y el panorama debe ser homogéneo. Sin embargo, cada provincia define qué regalías decide cobrar.

Además, Guiñazú sostuvo que las mineras pagan todos los impuestos: IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. Las regalías no son tan importantes como la creación de empleo.

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