Las preguntas inicialmente tienen mucho sentido. Tienen que ver con los entramados sociales y políticos de los que hemos sido testigos en los últimos años en Mendoza. Uno fue la maniobra de Alfredo Vila como presidente de Dalvian S.A., en la justicia federal, para apoderarse de un terreno público cedido a la Universidad Nacional de Cuyo.  El otro, uno de los graves escándalos de la Fiscalía de Estado de la provincia, cuando su titular era Pedro Sin, vecino de Dalvian, al igual que el magistrado interviniente en el caso de las hectáreas. Por muchos barrios se vivía grandes problemas con los servicios de agua y saneamiento –aún muchos lo padecen ya que durante años los privados que manejaron la empresa no hicieron inversiones- y Dalvian pretendía beneficiarse con un “servicio en bloque” para lo cual ya había dispuesto la construcción de un acueducto desde la  planta de Obras Sanitarias hasta la urbanización privada. Ante una resolución del EPAS –Entre Provincial de Agua y Saneamiento- cuestionando la oportunidad y la cantidad del servicio, la Fiscalía de Estado ordenó la “nulidad” de lo actuado por el Ente Regulador, en abierto lobby por el agua y contra todo sentido de legalidad e interés público. 

Para dejar en claro qué es lo que nos afecta, como ciudadanos, usuarios de los servicios públicos, actores en el espacio público ligados a un determinado territorio, es que surgió la idea de hacer este libro titulado “Como una gran pecera. Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y subjetivación política en el Gran Mendoza”. Su autor, Alberto Molina, trabajó en la redacción del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y actualmente sigue vinculado al tema a la vez que trabaja en el Area de Proyectos Sociales de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCuyo. En él advierte que en esta provincia particularmente las urbanizaciones cerradas están generando un nuevo tipo de ciudadanía y un fenómeno de segregación social grave, con lo cual, de continuar permitiéndolas, habrá consecuencias que lamentar.

 
No hay más que recordar aquella indiferencia de la dirigencia política mendocina que miró para otro lado cuando la UNCuyo perdía cada una de las instancias del juicio con trampas evidentes, o el envolvente temor que se respiraba allá por el 2006 en la sede del EPAS para advertir de qué tipo de consecuencias hablamos. Además hay que tener en cuenta el siguiente dato: después de Buenos Aires, el Gran Mendoza es el mayor conglomerado con urbanizaciones cerradas de Argentina, seguido por Gran Córdoba y Gran Rosario.

“Hay que dar la discusión política sobre estos temas”, señala Alberto Molina. Y agrega: “Yo creo que si hay un estudio y se da a conocer, va a existir mayor claridad en lo que respecta a la afectación del interés público. Al menos va a estar más claro que hay una indefinición que se combina con la total falta de criterio, con lo cual, hoy muchos funcionarios pueden ser funcionales a esta situación. Por eso la necesidad de la discusión política, hay gente que aún siendo muy progresista no ve el efecto negativo de los barrios privados, por ejemplo. En cambio, si hay estudios que avalan y confirman que sí son negativos tendrán que reconocer que nos quitan capacidad hídrica, nos quitan suelo productivo, lo que se traduce en menos trabajo. A eso me refiero con tener un criterio."  

También explica: "De apoco estamos tomando conciencia de que el territorio es un campo de disputa. Esto ya lo veían los revolucionarios patriotas y los que en otras latitudes lograron la reforma agraria. En la actualidad, esa disputa vuelve, con otras características. Es a partir de la crisis global que algunos ven que nuestro suelo como mercancía y eso nos obliga a estar alertas en tanto ciudadanos. Afortunadamente, a nosotros nos encuentra preparados, -me refiero a la gestación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que fue algo bueno- aunque resulta que semanas antes de sancionarse la Ley hubo muchas compras por parte de los capitales especulativos de tierras en Mendoza debido al susto de cómo iba a impactar la Ley. A todo esto, la Ley, aún no está generando los efectos y esta demora está siendo funcional a los sectores de capital trasnacional que están instalados en nuestra provincial”.

En ese contexto, ¿es factible que prospere la idea que defiende el libro sobre regular y poner un freno a la urbanización cerrada?

Yo creo que sí, en la medida que existan herramientas de las política para ello. Porque por ahí pasa el problema. ¿Cómo se le dice que no a  una inversión en el territorio? ¿Cuál es el argumento que hay que oponer cuando se dice y se repite que esa inversión va a dar trabajo y va a traer aparejado un mayor aumento del valor del suelo inmobiliario? Yo esto lo he discutido muchas veces, en términos políticos, y lo que observo es que sin teoría revolucionaria no hay  acción revolucionaria. Porque también hay que entender que es muy difícil para un gobierno municipal, de cualquier departamento que sea, rechazar una inversión millonaria careciendo como carece de criterios básicos y pautas definidas. Es cierto que la Ley de Ordenamiento Territorial plantea desalentar los barrios privados, el tema es que llevado al plano de la práctica concreta, se hace patente la complejidad de cómo implementarlo.  Y es que muchos de los emprendimientos de las urbanizaciones cerradas pasan por encima de los Municipios, es decir, ni los municipios están pudiendo controlarlo porque la especulación inmobiliaria va mucho más rápido que la acción estatal. 

¿Aún así  se puede confiar en la política pública de ordenamiento territorial? 

Sí, es cuestión de enfrentar el problema con dos medidas, en primer lugar, con un fuerte marco legal complementario entre el municipio y la provincia. Digamos, no puede quedar solamente la potestad de los municipios sino que para la aprobación o no de las urbanizaciones nuevas tiene que haber una misma jurisprudencia provincial,  tiene que haber equivalentes en esa negociación, porque cuando viene una trasnacional que está presente en 5 países con un capital que supera el PBI del municipio es claro que las negociaciones no van a resultar de acuerdo al interés público. Lo otro que puede hacerse es política positiva, esto es, aumentar el apoyo económico y financiero a los pequeños productores de Mendoza procurar que no abandonen las hectáreas de viña o productivas, en definitiva hacer una política para el arraigo rural,  llevarle servicios, aumentar  la productividad, etc. 



Hace poco se habló en el país de una iniciativa de ley a nivel nacional para cerrar los barrios privados ¿hay condiciones para eso?

Sí, se ha evaluado en ciertas esferas de la política pero no sé hasta qué punto una medida así podría prosperar, o bajo qué condiciones. Pienso que un requisito previo es estudiar qué barrios pueden abrirse o en cuáles habría posibilidad de, en breve, ser abiertos. Hay que pensar que hay barrios privados que dan a callejones sin salida con lo cual su apertura sería imposible y además otros han producido cortes con el entorno que deben ser resueltos según sus particularidades. Desde ya, considero que tiene haber una regulación, si se los va a autorizar debe exigirse una previsión para que el diseño inicial contemple la posibilidad de ser abiertos en algún momento. 

¿Qué problema tienen con el ciudadano este tipo de urbanizaciones? 

Es un problema de mirada. El que vive en un barrio privado tiene una gran tendencia de ver al otro, al que vive afuera, de tres formas: como alguien que me presta servicios -mucamas, jardineros, etc.-, alguien que es objeto de beneficencia, o bien, alguien que es peligroso y del cual hay que refugiarse. Es notable la pérdida de la mirada hacia el otro como un ciudadano. Después viene un fenómeno concatenado,  que es la dificultad para entrelazarse unos y otros, aún en los espacios públicos que son frecuentados por las élites, como puede ser el boliche o el bar.  Además, pasa otra cosa que es negativa, esta ciudadanía que busca refugio cuando lo único que hace es usufructuar del pueblo en sí, va cerrando los campos abiertos a lo diverso y heterogéneo. Esto, en un país como la Argentina, que desde 1945 hacia adelante ha conquistado una gran heterogeneidad social, es un retroceso negativo. Porque antes teníamos esa tradición de que en una misma calle o en la misma escuela estaba el juez, el chatarrero y el zapatero, o sea, toda una circulación de bienes que se pierde. A propósito de ello, encontré casi por casualidad un estudio de segregación hecho por la ONU, donde se comprueba que cuando los ricos se van con su riqueza y nos dejan a los pobres con su pobreza, el espacio público se vacía. Eso es lo que nos está pasando con los barrios cerrados.

¿Se vacía o se ve alterado con la irrupción de inversiones públicas que están hechas a medida de los privados? En relación a Mendoza hay un estudio de la especialista María Elina Gudiño donde se concluye que los ejes viales asociados a  shoppings, hoteles con casinos y barrios privados, son los únicos destinos importantes de inversión en materia de infraestructura de parte del Estado provincial a partir de la década del 90. ¿Cómo lo analiza?  

Bueno, ese era el modelo. Es un modelo que se vale de una construcción teórica que algunos autores llaman “la sociedad-red”. Según ellos, hay que pensar la ciudad como pequeñas islas interconectadas por autopistas,  y la vida transcurre así, entre estas islas artificiales y de opulencia cuyo acceso es fácil, mediante autopistas rápidas, donde quienes circulan puedan negar o no ver a la pobreza. Incluso gracias al trabajo cada vez más informatizado, muchos ni siquiera tienen que salir de sus casas. Ahora estamos comprobando que en realidad acá en Mendoza estamos siendo presas de los capitales especulativos internacionales. Sobre todo a partir de la crisis  financiera, ya que ahí empezaron a invertir en bienes tangibles y seguros, como lo es la compra de tierra. Uno de sus objetivos fue la soja, el otro, los barrios privados. 



¿O sea que los barrios privados no están respondiendo a una demanda genuina? 

No, esto hay que tenerlo clarísimo. Los barrios privados son una oferta especulativa que está intentado generar la  demanda social. Por eso, cuando uno ve quiénes son los que ganan con el discurso de la inseguridad, a parte de las empresas privadas de vigilancia y los que fabrican rejas, son las empresas inmobiliarias. Son ellos los que nos venden la idea de que vamos a estar más seguros adentro. Después entran a jugar las motivaciones personales de cada cual, por ejemplo, la búsqueda de exclusividad y de distinción social, pero primero está el concepto de inseguridad que es el que me hace ver al otro como un  distinto y como un peligro del cual me debo refugiar. 

¿Se vive en una irrealidad?  ¿Cómo sería eso?

Es una irrealidad porque en el caso de la ciudadanía, lo central no es percibido, esto es, la ligazón efectiva entre la persona y el territorio. En otras palabras el ciudadano es aquel que se siente parte de un territorio, de una comunidad y  a partir de ello es que participa, reclama sus derechos, lucha por ellos y goza de sus beneficios además de ejercer sus deberes. Por eso hay algo que no encaja, ¿alguien que pertenece a un barrio privado ¿a qué territorio pertenece? ¿a Maipú, a Luzuriaga o al Torreón? ¿Qué vamos a tener dentro de unos años, la candidata a reina de la vendimia por el Torreón?       
     
Tendemos a pensar que la segregación es un hecho violento pero también es un fenómeno simbólico…


En realidad segregación tiene en el centro de su concepto la idea de jerarquización. Yo me relaciono con el otro no desde una situación sino desde una posición. El barrio privado lo que genera es un tipo característico del que se sabe a priori cuál es su posición de clase. Se dirá que no, que es revelador de una situación de clase cuando el otro, de igual modo, tiene su otra situación. Pero no, el barrio privado lo que genera es un fenómeno donde es sinónimo de posición, y es un posición superior a  los que no pueden acceder al barrio privado.