A un año del juicio. Segunda parte

Febrero de 2014 fue el mes de inicio de un nuevo juicio en la Ciudad de Mendoza, el cuarto y mayor de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza durante la dictadura cívico-militar. Los procesos judiciales previos de San Rafael y de Ciudad realzan el carácter histórico del juicio: están imputados 34 responsables de las fuerzas de seguridad y por vez primera, en más de 60 años, se juzgará a cuatro funcionarios judiciales, cómplices y partícipes del terrorismo estatal.

La primer parte del año 2014 tuvo como escenario el Salón de Actos del Palacio Judicial de Mendoza y luego se trasladó al edificio de Tribunales Federales. En el primer cuatrimestre se realizaron la identificación de las partes y las declaraciones de Romano, Miret y del expolicía Lorenzo, y se comenzó con la etapa testimonial.

Agosto inició con los testimonios de Ricardo Aciar, uno de “los cinco atómicos”. El Liceo Militar “General Espejo” y la 8.ª de Comunicaciones fueron los principales escenarios de los relatos de Reynaldo Puebla, Elio Berdejo, Francisco Giménez Herrero, Aciar, Enrique Carmelo Durán, Julio Santiago Quiroga, Alberto Víctor Atienza, Arturo Marcos Garcetti y Carlos A. Venier (hijo), en la causa que lleva el nombre de la institución educativa que funcionó como centro clandestino de detención. Adriana Espínola, Francisco H. Robledo y Alicia Peña declararon por los delitos cometidos contra ellos en el D2 y la Penitenciaría de Mendoza.

Penal de San Felipe: maltrato y condiciones de detención

El 19 de agosto la secretaria del Tribunal, doctora Suárez, leyó el informe elevado por el Cuerpo Médico Forense de la Nación que se apersonó en el Penal de San Felipe con la finalidad de realizar las pericias médicas a los procesados allí detenidos. En la siguiente audiencia se leyó el informe del perito forense Florencio Casavilla sobre el estado de tres de los imputados: los expolicías Pablo Gutiérrez y Francisco Alberto López y el exjuez Otilio Romano.

Uno de los puntos críticos del informe fue la conclusión a la que arribó el profesional de que el Penal San Felipe no contaba con la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades que estos tres imputados presentaban por sus enfermedades crónicas particulares. De ello se desprendió la necesidad de realizar una audiencia incidental sobre el pedido del defensor de Romano para que su cliente pudiera gozar de la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de salud y la supuesta falta de recursos del sistema penitenciario en el que se hospedaban los imputados por delitos de lesa humanidad. La misma se realizó el 9 de septiembre. Se presentaron el prefecto Eduardo Orellana, director general del Servicio Penitenciario Provincial; el Procurador de las personas privadas de su libertad, Fabricio Imparado, quien había realizado una inspección el 20 de febrero de 2014 junto a Carlos Gustavo Duch y Mauricio Ledone –delegados regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación– y finalizó con el aporte de Florencio Casavilla, médico del Cuerpo Médico Forense de la Nación.

El Tribunal Oral Federal N°1, luego de analizar los aportes de los profesionales, rechazó el pedido de prisión domiciliara de Romano, lo que resultó como antecedente para otros pedidos presentados por defensores particulares de algunos imputados en el presente proceso

Septiembre, un mes agitado

En la primera audiencia de septiembre se escuchó el testimonio de Alberto Mario Peña, quien relató la detención de su hermana Alicia, ocurrida en la madrugada del 1.º de Abril de 1976. Así se comenzó a indagar en la causa sobre estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva. También declaró Eugenio Paris, que afirmó: “Yo no soy detenido, yo fui secuestrado”. Hermes Omar Ocaña relató que fue detenido junto a sus compañeros Galván y Horacio Lucero, quienes habían sido llamados por el comisario Sánchez a la oficina de Personal del Banco de Previsión Social donde trabajaban y trasladados en un vehículo particular.

En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de Raúl Eduardo Acquaviva y Carlos Alberto Roca sobre el accionar del D2 y la Penitenciaría. Acquaviva complicó la situación penal de Miret cuando declaró: “Haciendo memoria, en ese lapso, en una mañana me abre la celda el guardia y me dice: ‘Póngase de pie, que acá está el juez’ o del juzgado federal o el juez, y yo reconozco, ahora reconozco al doctor Miret, que va a constatar la situación en la que yo estaba. No sé si después le abrió la celda a otras personas, pero en ese momento yo a él lo reconocí porque estaba vestido de traje gris plata, muy pulcro, muy pulido, y la atención que él me dio fue como de soberbio o displicente con respecto a la situación en la que yo me encontraba”. Acquaviva se encontraba en el D2 y llevaba unos 10 o 15 días en ese centro clandestino de detención.

En aquella audiencia también presentaron su testimonio María Teresa Carrer, quien por entonces se desempeñaba como directora de la Escuela de Antropología Social, y el médico Alberto José Guillermo Scafatti, quien fue detenido en su lugar de trabajo, el Matadero Frigorífico Mendoza. Ambos fueron llevados al D2. Scafatti cerró su testimonio diciendo: “30 años después, creo que por ese infierno que pasamos en alguna parte de nuestra conciencia no hemos salido de allí”.

Vivian Acquaviva, hermana de Raúl Acquaviva, presentó su declaración sobre la historia de Raúl, Eugenio Paris, Carlos Roca y otros secuestrados. El relato de Vivian la ubicó en una confitería céntrica, donde presenció el secuestro de Paris. Ella también fue detenida más tarde en las cercanías de su domicilio y llevada a la Comisaría 3.ª. Cuando fue trasladada a su domicilio vio cómo se llevaban a su hermano Raúl. Una noche de octubre, Vivian fue nuevamente secuestrada y trasladada al centro clandestino de detención Las Lajas. Allí estuvo junto a Virginia “Vivi” Suárez, siendo Acquaviva la última persona en verla con vida. Ambas fueron muy maltratadas.

Silvia Schvartzman relató escenas dantescas vividas en el D2. Desde tener un encuentro con un Teniente 1° de la Fuerza Aérea que actuó como su defensor para el Consejo de Guerra en la sala de torturas y a plena luz del día, hasta ver a una persona muerta tirada en el baño. “Lo que más me afectó fue verlo entre la basura. Era un hombre. Estaba con basura arriba y las manos atadas atrás”, recordó Schvartzman.  Por su parte, Mario Roberto Gaitán identificó a un torturador en la misma sala del TOF1, cuando señaló a Héctor Julio Lapaz.

La jornada también contó con el testimonio de Mario Lorenzo Acquaviva, tío de Raúl Acquaviva y Carlos Roca. Este último había buscado refugio en su casa pero luego se entregó por consejo de Mario y de otro tío, el militar Enrique Miranda.

Edith Noemí Arito relató que fue secuestrada y trasladada al D2, donde permaneció al menos 40 días. Allí tuvo contacto con los detenidos desaparecidos Daniel Moyano y Edesio Villegas. Además testimonió Vilda Leticia Lucero, en cuya casa vivía Villegas como pensionado y donde fue detenido. Arnaldo y Zelmira Villegas presentaron testimonio sobre la desaparición de su hermano Edesio. Armando Fernández, uno de los imputados, fue reconocido como un amigo de Arnaldo que frecuentaba su hogar hasta el secuestro y desaparición de Edesio. Armando Osvaldo Fernández Miranda se desempeñó como Oficial Inspector del Departamento de Informaciones D2 desde el 8 de marzo de 1971 hasta el 2 de febrero de 1979.

Para poder profundizar el contexto de persecución, el Ministerio Público ofreció el testimonio de Angélica Escayola de Guevara, quien junto a su marido accionó desde la justicia en la defensa de personas detenidas de forma ilegal. Una institución que sufrió la persecución y posterior desaparición fue la Escuela Superior de Comunicación Colectiva. Tanto el alumnado como el cuerpo de profesores y autoridades fueron víctimas del terrorismo de Estado, como expresó quien era director de la Escuela por aquellos años, Daniel Prieto Castillo. De la Escuela de Comunicación, seis personas permanecen desaparecidas y una fue asesinada.

Horacio Moretti habló de su hermana Raquel, que formaba parte de ese grupo de estudiantes. También declaró Ricardo Mur, que logró escapar del terrorismo estatal al mudarse con su padre en La Consulta.

Además se escuchó el relato de Ramón Alberto Córdoba, quien puso luz al funcionamiento del sistema policial y de algunas comisarías que operaron como centros clandestinos de detención. Cerrando el mes atestiguaron Juan Carlos González, Héctor Enrique García y Alicia Morales de Galamba. Los tres testimonios rondaron sobre el funcionamiento del D2. Alicia Morales fue detenida junto a María Luisa Sánchez y sus respectivas hijas e hijo. También atestiguó Eduardo Becerra, quien se presentó espontáneamente.

Octubre inició con una nueva visita al Palacio Judicial junto a Héctor Enrique García y Ramón Alberto Córdoba. En el recorrido, García y Córdoba revelaron detalles del funcionamiento de los diferentes espacios que fueron ocupados para la detención y la tortura de personas en el edificio del Palacio Policial. No sólo el D2 fue el lugar utilizado para mantener en cautiverio a las personas secuestradas, sino que además otros espacios funcionaron como centros clandestinos de detención. Tanto el testimonio de Córdoba como el de Alicia Morales en audiencias anteriores habían revelado del uso de otros lugares.

María Inés Platero, primera esposa de David Blanco, conocido actor y docente, y Luis Adolfo Vargas, hermano de Jorge Vargas (desaparecido), viajaron desde San Juan para testimoniar. Platero reveló las complicaciones para averiguar el paradero de su esposo. Por su parte, Luis Vargas relató la persecución sufrida por toda la familia de Jorge, con detenciones y secuestros.

Graciela Edith Morales testimonió sobre la desaparición de su hermana Alicia y sobre la vivencia de su familia. Adriana Beatriz Montemayor, hija de Valentín Montemayor, quien militaba en el Partido Comunista, narró su experiencia y los relatos que le había dejado su padre.

Miguel Ángel Rodríguez se refirió a su detención cuando fue sorprendido repartiendo volantes de la agrupación Tupac-Vanguardia Comunista, en el Barrio San Martín. Luego de pasar por la Comisaría 33 fue trasladado al D2. Por su parte, Norma Arenas también fue llevada al D2 luego de ser secuestrada en la vía pública en noviembre de 1976. Ella había regresado a la provincia luego de que su compañero fuera asesinado por la Triple A en La Plata, donde ella estudiaba.

Fermín Rosales, José Giménez, Guadalupe González y María Eugenia Bergera atestiguaron sobre la causa en la que se investiga el asesinato de Sabino Osvaldo Rosales y la desaparición de Ricardo González, ambos pertenecientes a la JP-Montoneros.

Desde Rivadavia

No sólo en la Ciudad de Mendoza accionaba el aparato represivo del terrorismo de Estado. El departamento de Rivadavia, con Oyarzábal como comisario y Guevara como subcomisario, ambos imputados, también contó con secuestros a diferentes militantes y allegados.

En el marco de un operativo realizado en el Departamento, Hortensia Ramos atestiguó sobre su hijo Mario Roberto Díaz, exdetenido político. En su declaración complicó la situación de tres imputados al relatar los periplos que tuvo que pasar buscando a su hijo y algunos de los diálogos que tuvo con Guevara, Oyarzábal y el militar Paulino Furió. Con el primero habló en la dependencia policial del departamento del Este. Guevara, que actuaba como subcomisario, le negó que su hijo estuviera allí y agregó “le dimos la libertad y se fue diciendo que no quería saber más nada con su familia”, versión que Hortensia no creyó por lo que, junto a su esposo, inició una incansable búsqueda. Con el comisario Oyarzábal tuvo una entrevista en la que le preguntó por qué tenían que torturar a los detenidos, a lo que el policía le respondió: “Si no los torturamos, ¿cómo podemos saber lo que queremos?”. También logró hablar con Furió, quien se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Ejército. Cuando Ramos le preguntó qué había hecho su hijo para que lo tuvieran detenido, este le contestó: “A nosotros no nos interesan los que ponen bombas ni andan armados, nos interesan los que piensan”.

Hortensia Ramos, a sus 85 años, sigue luchando por su hijo.

En el marco de ese operativo realizado en Rivadavia también fueron secuestrados Alfredo Luis Ghilardi, conocido militante peronista de Rivadavia, y el exlegislador Elbio Miguel Belardinelli. Los rivadavienses relataron que, estando en el D2, escucharon a una mujer que gritó su nombre y que era de Las Heras. Alfredo Luis Ghilardi recordó que escuchó agonizar a Olga Roncelli de Saieg, hasta que su quejido fue desapareciendo. Otros testimonios de exdetenidos en Rivadavia confirmaron el dato sobre la presencia de la profesora desaparecida en el D2, donde aparentemente habría fallecido.

Ser amigo de un militante podía significar secuestros y torturas. Eso fue lo que relataron José Luis Bustos y Jesús Riveros, quienes mantenían amistad con Mario Díaz. Carlos Rossi y Gabriel Carrasco fueron secuestrados y torturados por pertenecer a la Juventud Peronista.

En la última parte del informe se repasarán las audiencias de noviembre y diciembre, con los testimonios por la causa Operativo Abril de 1977 y un adelanto de lo que vendrá en materia de juicios contra delitos de lesa humanidad en Mendoza.