El triple femicidio del Barrio Trapiche condicionó el domingo 23 y dejó perpleja a la opinión pública. No parece ser un hecho que sólo quedará circunscripto al plano policial y judicial. Se ve muy próximo y dentro de un escenario en que está instalada la discusión por la seguridad ciudadana.

De todas las ramificaciones de ese tronco malformado que es la inseguridad, germina la necesidad de la contención de sectores en riesgo, como son las mujeres y los niños, el combate a la criminalidad y la atención adecuada de la situación penitenciaria. Las políticas para el abordaje de cada una de los problemas incluyen ahora también quién integrará a la Corte local, sin descontar los escenarios macro que incluyen la política de educación para planificar a largo plazo y tener en claro hacia dónde vamos como sociedad.

Salir del plano de las certidumbres que dan algunas comodidades es un desafío para la dirigencia de Mendoza. Se nota el debate interno que se impone como una necesidad en este tablero de emergencia porque la inseguridad en Mendoza tiene distintas caras y ha recrudecido una de la fases más violentas y difíciles de prever como es el machismo asesino que deja secuelas silenciosas entre nosotros.

El telescopio de Cornejo

El Gobierno prioriza que el 80 % de los mendocinos pide mano dura, pero legal, con quienes amenazan a diario a los consultados. Eso legitima, para Alfredo Cornejo, la postulación del juez de cámara José Valerio, quien encarna esta línea de pensamiento y por lo cual está enfrentado con el juez de la Corte Omar Palermo.

Como ya se ha explicado, la idea del mandatario es compensar dentro del Alto Tribunal las cargas ideológicas en la Sala 2 del fuero Penal que integran los jueces Palermo y Mario Adaro, y el hasta ahora dimitente Herman Salvini. Cornejo pretende que ese espacio sea ocupado por Valerio, como una cuña ante lo que se considera como un avance del garantismo encarnado por Palermo.  Esa pulseada está latente en Tribunales desde hace tiempo, y hoy ha llegado a flor de piel del Máximo Órgano de Justicia de Mendoza.

Señalan desde el Ejectivo que la situación de inseguridad -declarada e innegable- se agudiza con la no aplicación de la Ley de prisión preventiva aprobada en junio y que desde ese lugar se denuncia a los fiscales y jueces. El jefe de Estado se ha ubicado del lado de los abogados y magistrados liderados por Valerio por ver en ellos que están aptos para satisfacer la demanda de seguridad. Por eso, durante la semana que pasó criticó fuertemente a los “suelta presos” (es decir, según esa mirada, a la escuela de Eugenio Zaffaroni) que conspiran contra con su idea de mantener encerrados a los sospechosos de cometer delitos contra la propiedad y la vida hasta ser juzgados.

El microscopio de Pérez Hualde

Dentro de la Corte, se evidencia el quiebre. Por escrito, el último ministro de la Corte promovido desde el radicalismo, Alejandro Pérez Hualde, se expidió defendiendo aquel fallo de diciembre recurrido por el anterior Procurador de la Corte, Rodolfo González, y también respondiendo a las críticas llegadas desde Peltier 251. Lo hizo publicando una columna de opinión titulada: Los jueces y la razonabilidad. Lo firmado por el experto en Derecho Administrativo es la mirada de los cuatro jueces de la Corte que rubricaron la resolución contra las prisiones preventivas en diciembre, a los pocos días de haber asumido Cornejo, s decir, además del autor, los magistrados Palermo, Jorge Nanclares y Julio Gómez.

Pérez Hualde pide que los jueces se pongan “la responsabilidad ‘al hombro’ y, cada uno desde su lugar, extrememos nuestra capacitación y apertura de comprensión sobre lo que sufre nuestra comunidad, porque somos parte de ella, porque también sufrimos la inseguridad. Eso impone multiplicar nuestro compromiso pero sin desatender los derechos que reconoce nuestra Constitución”.

También habla de garantizar “a todos, de todos los niveles sociales, económicos y culturales, la seguridad de sus bienes; y de ellos, el más importante, la libertad. Y, sobre todo, a los más vulnerables, a los que no tienen el abogado ya contratado, a los que no saben dónde buscarlo, a los que tienen que sacar turno para que los defienda el sistema público, a los que son detenidos por el solo hecho de estar cerca del lugar o de los posibles autores”.

Es notable la crítica acentuada cuando el juez enfatiza “cuando se trata de derechos fundamentales, no podemos ponernos a tono, o en ‘frecuencia’, con la urgencia política del gobierno de turno; debemos aportar serenidad y equilibrio”.

Los magistrados autores de aquel fallo, con distintos tonos, están molestos por los dichos públicos del mismo Valerio y mientras que los otros dos, Adaro y el titular de la Corte, Pedro Llorente, dan por sentado y aguardan que el camarista llegue al Cuarto Piso de Tribunales gracias a los avales en el Senado.  

Claves para entender el laberinto

Las circunstancias han coincidido para que el fragor de la pelea judicial terminara involucrando al Gobierno directamente, pero con la debida aclaración de que el mismo Ejecutivo no rehuyó a esta fricción.

1- Tras la renuncia de Salvini se apuró la candidatura de Valerio. Se abrió un frente de conflicto político por el perfil confrontativo del aspirante con el sector de la justicia denominado por él como “anarco abolicionista”. Esa impronta le hizo ganar algunas opiniones adversas en los mismos medios que le observaron su faz más chocante para con la cúpula del Poder Judicial que el mismo Valerio pretende integrar. A la vez, el camarista fue inmediatamente señalado de tener un sesgo homofóbico y misógino por los colectivos de mujeres. Incluso, este fin de semana, circuló a través de las redes algunos párrafos de la sentencia por el asesinato del comunicador Alejo Hunau que develan este costado del magistrado.

2- La sucesión de crímenes contra las mujeres en el país y en particular en Mendoza. Venimos de una secuela de cuatro femicidios en septiembre a la que se agrega esta última matanza cometida por un hombre que asesinó a tres mujeres e hirió gravemente a dos niños.

3- Este último punto pone en relieve el reclamo de los colectivos feministas y de la misma vicegobernadora por ubicar a una jueza en la Corte con perfil en cuestiones de género, aunque esto es considerado por el Gobernador como un reclamo de una minoría.

4- La semana pasada se decantó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base a la denuncia de la organización Xumek sobre el estado carcelario y la superpoblación penitenciaria avalando esa denuncia.

5- Con ese escenario, no era raro, entonces, que los jueces comenzaran a reaccionar a los dardos del poder político para que los magistrados den respuestas a los sectores afectados por la inseguridad.

Dentro de nueve días se cumplirá el primer hito en la posible llegada de Valerio a la Corte. Se trata de la Audiencia Pública donde se expondrán los avales y las oposiciones a su candidatura. El juez, por ahora, parece tener el respaldo político dentro del Senado de la mayoría del oficialismo. Eso se verá finalmente seis días después, en la misma Cámara Alta, cuando los legisladores voten a puertas cerradas si aceptan o no a Valerio como juez de Corte.