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21 DE NOVIEMBRE DE 2024
El kirchnerismo buscará este miércoles la media sanción del nuevo Código Procesal Penal
El Senado tratará el proyecto en una sesión especial, tras siete meses de discusión en comisión. Hubo 42 modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo.
Concluida una extensa ronda de consultas, la Cámara de Senadores tratará este miércoles en el recinto el proyecto enviado por la Casa Rosada que reforma de manera integral el Código Procesal Penal.
La iniciativa propone el reemplazo del actual sistema inquisitivo, donde el juez investiga y juzga, a otro acusatorio adversarial donde toda la investigación corre a cuenta del fiscal.
El objetivo del Frente para la Victoria es darle media sanción al proyecto para que la Cámara de Diputados lo sancione antes de fin de año. Por ahora tiene garantizada su aprobación con votos propios, mientras que los bloques opositores evalúan las 42 modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo.
Por su parte, la UCR presentó un dictamen en minoría proponiendo otras enmiendas, como la reforma del Ministerio Público Fiscal y la implementación de juicios por jurados.
El Senado debatió siete meses sobre la reforma al Código Procesal Penal, primero con base en proyectos de legisladores y luego a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo.
Ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto expusieron procuradores, fiscales, jueces, abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo y empleados municipales.
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio –en reemplazo del sistema mixto actual– en el que se fortalece el poder del Ministerio Público Fiscal, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces– y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto original otorgaba amplias facultades a Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código. Pero esta atribución fue morigerada, de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.
El proyecto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación a las víctimas en los procesos, aunque no sean querellantes: serán protegidas, podrán intervenir en el proceso y seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original.
Otro de los cambios dispuestos en el plenario de comisiones fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo in fraganti y si el delito tiene una pena mínima de tres años.
La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.
El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
La iniciativa propone el reemplazo del actual sistema inquisitivo, donde el juez investiga y juzga, a otro acusatorio adversarial donde toda la investigación corre a cuenta del fiscal.
El objetivo del Frente para la Victoria es darle media sanción al proyecto para que la Cámara de Diputados lo sancione antes de fin de año. Por ahora tiene garantizada su aprobación con votos propios, mientras que los bloques opositores evalúan las 42 modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo.
Por su parte, la UCR presentó un dictamen en minoría proponiendo otras enmiendas, como la reforma del Ministerio Público Fiscal y la implementación de juicios por jurados.
El Senado debatió siete meses sobre la reforma al Código Procesal Penal, primero con base en proyectos de legisladores y luego a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo.
Ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto expusieron procuradores, fiscales, jueces, abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo y empleados municipales.
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio –en reemplazo del sistema mixto actual– en el que se fortalece el poder del Ministerio Público Fiscal, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces– y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto original otorgaba amplias facultades a Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código. Pero esta atribución fue morigerada, de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.
El proyecto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación a las víctimas en los procesos, aunque no sean querellantes: serán protegidas, podrán intervenir en el proceso y seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original.
Otro de los cambios dispuestos en el plenario de comisiones fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo in fraganti y si el delito tiene una pena mínima de tres años.
La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.
El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
Fuente: parlamentario.com
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