Las expectativas para el lunes 17 y el martes 18, además de la lectura de los formalismos técnico-jurídicos y del resumen de los hechos que se juzgan y sus acusaciones, están en el presumible cambio de calificaciones que las partes acusadoras pudieran pedir, sobre todo en los casos de los exfuncionarios judiciales, y la decisión que el Tribunal tome acerca del orden en que serán tratadas las causas en la etapa testimonial y en los alegatos. Se trata de una resolución clave, pues se espera que el grupo de imputados que orbita alrededor de los destituidos jueces Otilio Romano y Luis Miret haga lo imposible para dilatar el proceso y ser tratados al final, después de las causas por las que responderán sus colegas de armas. En ese hipotético caso, también resulta clave si el Tribunal dictamina aceptar los cambios de calificaciones tras su petición o elige sustanciarlos en el transcurso del proceso para resolver antes de las sentencias. 


Todos menos Gómez Saá

Según fuentes judiciales consultadas, el 14 de febrero se entregaron los resultados de las pericias acerca del estado de comparecencia de 41 personas, como requisito para que el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los doctores Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade, proceda al cuarto juicio oral y público de los imputados por delitos de lesa humanidad en el debate que comienza este 17 de febrero. En la semana se confirmaron las revisiones médicas del Cuerpo Médico Forense asistido por el Consejo de la Magistratura de los represores domiciliados fuera de Mendoza, ya sea por estar cumpliendo sentencia en complejos penitenciarios y Cámaras Federales del país por el mismo tipo de crímenes, o con prisión domiciliaria por razones de salud. Ellos asistirán al debate a través de videoconferencia, al igual que los represores detenidos en la provincia pero eximidos de asistencia al Tribunal por los mismos motivos. En el caso de cuatro procesados con domicilio fuera de la provincia, el TOF 1 notificó a las querellas que debían constituir domicilio en esta jurisdicción. 

Finalmente, la comitiva del Cuerpo Médico Forense habría concluido las revisaciones al resto de los imputados el pasado viernes. De todos menos de uno: el exagente de Inteligencia del Ejército, Enrique Gómez Saá, quien por una suerte de artimañas logró eludir el juicio contra él hace tres meses, el 11 de noviembre pasado, y logrará eludir la justicia nuevamente. El apartamiento del exmilitar fue confirmado por el abogado Martín Vergara, representante de Roberto Vélez, una de las tres víctimas por las cuales se acusa a Gómez Saá. Las sospechas en torno del verdadero estado de salud (y la eficacia a la hora de preservarse impunemente por parte del acusado) encuentra asidero si se consideran las múltiples denuncias aportadas durante años por Vélez, y el hecho de que el análisis médico no haya sido efectuado por personal del Cuerpo Médico Forense sino por médicos pertenecientes a la UNCUYO. Esa institución tuvo entre sus empleados a Jorge Bajuk, reconocido como el jefe del cuerpo de médicos que actuaba en el D2, el mayor centro clandestino de Mendoza.


Megajuicio contra un plan sistemático

Son 15 las causas integradas al megajuicio que darán cuenta de un total de 207 casos de violaciones a los derechos humanos, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios de la justicia federal durante el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar. Los cinco civiles caratulados en la investigación por omisión y complicidad en casos de homicidios, privaciones de la libertad, tormentos, ataques sexuales, supresión de identidad y falsedad ideológica son los exfuncionarios de la Justicia Federal Gabriel Guzzo, Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. Guzzo y Romano suman el agravante de la participación necesaria en la comisión de esos delitos, a través de 107 y 98 hechos denunciados, respectivamente, aunque se considera que el primero ya habría sido apartado por motivos de salud.

Los otros 36 imputados integraron casi la totalidad de las fuerzas represivas que actuaron en Mendoza: 21 expolicías provinciales y uno de la Federal, más 10 exintegrantes del Ejército, dosde la Fuerza Aérea y dos del Servicio Penitenciario. De esos 36, ocho ya cumplen condenas a prisión perpetua por los anteriores juicios realizados en la Ciudad de Mendoza; otros dos tienen penas de 14 y 18 años de prisión. Los crímenes a juzgar son una muestra paradigmática del terror y la complicidad en Mendoza: más de 60 desapariciones forzadas; seis asesinatos; cuatro violaciones agravadas por el uso de la fuerza, por primera vez consideradas como delito independiente de la aplicación de torturas; la apropiación de Celina Rebeca Manrique Terrera, quien recuperó su identidad en 2007 y es hija de Laura Terrera y Alfredo Manrique, ambos desaparecidos; decenas de detenciones ilegales de personas que pasaron años en los distintos centros clandestinos y prisiones establecidas para tal fin en todo el país.

Gracias a la unificación de 15 causas, otorgada por el Tribunal a instancias del fiscal Dante Vega en noviembre pasado, el debate permitirá el tratamiento de importantes causas grupales, algunas de las cuales retoman caídas y delitos ya analizados en los debates anteriores, pero con distintos responsables en el banquillo y víctimas que por primera vez concurren con la posibilidad de obtener justicia. Además de la conocida como “Causa de los jueces”, funcionará como estructurante, por la evidente sistematicidad en la aplicación del plan genocida, la llamada “D2 y requerimiento masivo de policías”, que aglutina además a cuatro comisarías satélite al accionar represivo y a unos 15 procesados.

Dadas las dimensiones del proceso, se espera un debate de una duración no menor a un año, en el que testificarán más de 200 personas, algunas de las cuales dieron su testimonio en los anteriores juicios y abrieron de ese modo la posibilidad de juzgar a otros responsables, ligar estrechamente la represión con la complicidad y participación civiles, e incluso configurar el reconocimiento de otro tipo de delito, como es el caso de las violaciones. Es destacable la voluntad de víctimas y testigos que ampliarán sus testimonios voluntariamente una vez más, tanto como la protección de la justicia al aceptar en los casos contrarios la posibilidad de leer por Secretaría el testimonio previo.


La banda de los federales

“Por esto le solicitaron al tribunal diferenciarse de esa clase de jueces. Hicieron referencia puntualmente  a Julio Demetrio Petra, Luis Miret y Otilio Romano. Entre los tres suman diversas denuncias penales y en el Consejo de la Magistratura por haber colaborado con la postergación de los juicios contra los represores en Mendoza. Además, Miret y Romano están imputados por haber sido cómplices del aparato represivo que funcionó en nuestro país entre 1975 y 1983”. La cita corresponde a la crónica publicada en el blog de los Organismos de Derechos Humanos sobre la primera audiencia del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la Ciudad de Mendoza, el 23 de noviembre de 2010, jornada histórica por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La frase demuestra, por un lado, el poder que mantenían algunos de los entonces jueces federales, que seguían asegurando la impunidad a los responsables de genocidio y, a la vez, encubriéndose entre ellos acerca de los roles que ejercieron en la represión; por otro lado, explicita la centralidad que los solicitantes, el fiscal Vega y el abogado querellante en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), doctor Pablo Salinas, dieron al maniobrar de los funcionarios desde el comienzo de los juicios. Expresaban entonces al Tribunal presidido por el doctor Juan Antonio González Macías que “los imputados pudieron llegar al juicio en libertad gracias a una serie de irregularidades y hechos de corrupción protagonizados por los camaristas federales de Mendoza”.

En ese segundo juicio provincial, luego del proceso en San Rafael desarrollado en 2010, hubo seis condenados. González Macías también presidió el tercer juicio, donde hubo 10 condenas, siete de ellas a prisión perpetua. Vega y Salinas, que actuaron en todos los juicios de lesa humanidad de Mendoza y en otros de San Juan y de San Luis, confirmarán ahora que sus primeras apreciaciones eran acertadas. Revelarán así la voluntad inclaudicable de víctimas, testigos y organismos de derechos humanos que durante décadas sostuvieron las denuncias sobre las responsabilidades civiles, y el valor que un puñado de jóvenes abogadas y abogados otorga al compromiso contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos, en un marco de voluntad política propicio para impulsar justicia.

La historia de la lucha judicial contra la impunidad de los federales está signada desde los pedidos de enjuiciamiento político de Romano y Miret por parte del MEDH hasta este megajuicio. En el medio hubo artimañas de todo tipo: favores que los funcionarios se hacían entre ellos, negociaciones extorsivas con otros sectores del poder judicial y con otros poderes del Estado, destituciones, campañas en contra del accionar de la justicia, y la cobarde fuga de Romano a Chile, hecho que provocó un proceso de extradición desgastante.

Son contados a nivel nacional los casos de funcionarios judiciales denunciados y procesados por sus responsabilidades en la dictadura o en la prosecución de impunidad en democracia. La excepción es el exjuez Víctor Brusa, único condenado a 21 años de prisión desde 2009, por su accionar en Santa Fe. El juicio de Mendoza es único en el mundo y tiene una importancia histórica por las dimensiones de lo que fue el único antecedente de su tipo: el procesamiento masivo a una decena de funcionarios judiciales nazis, en Nuremberg en 1946. Según reconoce Salinas, fue el entonces fiscal Omar Palermo quien abrió el camino judicial hasta hoy, respecto de la complicidad de Romano y Miret con el terrorismo estatal a través de la acusación penal que hizo en 2011.


El D2, la Policía de Mendoza y las caídas grupales

El megajuicio comenzó a tomar el actual relieve y el presente volumen de causas, víctimas e imputados en abril del año pasado, cuando el fiscal Vega solicitó el tratamiento unificado de la causa 003, que investiga los crímenes sistemáticamente cometidos en el D2, junto a otras causas ya acumuladas, más desprendimientos de causas debatidas y la de los jueces.

La Causa del D2 contempla también la responsabilidad del personal policial de Mendoza en la articulación con ese centro clandestino como eje de la represión ilegal. Además de intervenir en los operativos, detenciones ilegales y entrega de personas, como en los casos de las seccionales 13, 31 y 33, comisarías como la 7.ª de Godoy Cruz y la 16.ª de Las Heras funcionaron como verdaderos centros clandestinos, donde el “ablande” a través de las torturas era un requisito frecuente hacia las y los detenidos, antes de ser trasladados al D2.

La causa de los jueces se sustancia con denuncias, documentación, testimonios y reconocimientos públicos relativos a la masiva “caída” de militantes de la Juventud Trabajadora Peronista y del sindicalismo combativo antes del golpe de Estado, cuyo objetivo era “la represión contra la subversión” en aplicación de la Ley 20840. El nivel de violencia ilegal ejercido en la conocida como “Causa Rabanal” por Daniel Hugo Rabanal, responsable por esas fechas de la organización de Montoneros en Mendoza, mostró a las organizaciones políticas y sociales la verdadera dimensión del terror y les infligió una fuerte desarticulación en todas sus líneas, lo que les significaría, consumado el golpe de Estado, una debilidad extrema al desatarse del todo la represión.

Otra de las caídas grupales que será abordada es la de abril de 1977, quirúrgicamente planeada a través de operativos de secuestros, e incluso asesinatos, contra una quincena de militantes de la Juventud Peronista y Montoneros, muchos de los cuales eran acosados por las fuerzas de seguridad desde el momento del golpe. Otras caídas grupales, como el “Operativo Escoba” de diciembre de 1977 contra militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, y la de mayo de 1978, en vísperas del mundial de fútbol, contra personas vinculadas solidariamente por su cercanía al peronismo y al socialismo, serán nuevamente debatidas.

Por ambas causas hubo condenas ejemplares en el proceso anterior, pero incorporan nuevos imputados y, en el caso de mayo de 1978, la desaparición forzada de Aldo Patroni. Si bien no se abordará agrupada, el tratamiento de las causas de secuestros y desapariciones de jóvenes militantes en mayo y junio de 1976 permitirá vislumbrar cómo fue la embestida que entonces se ejerció contra el Partido Comunista Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo. También hay expectativas con respecto al impulso que puede generar para la “Causa Lajas” el análisis de cinco casos de personas desaparecidas y vistas con vida por última vez en ese centro clandestino de detención, regido por la Fuerza Aérea.


El orden de los factores…

Fernando Peñaloza es el abogado que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ha participado de los dos juicios por delitos de lesa humanidad en los que se dictaron sentencias en la Capital provincial. En el megajuicio intervendrá como querellante en las causas del D2 y en la de los jueces; además de los desprendimientos por pedidos de compulsas, como en los casos previamente tratados de las desapariciones de Ángeles Gutiérrez de Moyano y de José Galamba, presumiblemente los primeros a ser debatidos. Fue consultado el 14 de febrero por Edición UNCUYO acerca de las instancias previas al inicio del juicio y expresó su preocupación:

“Percibo un clima de indefiniciones por parte del Tribunal, preocupante para este tipo de juzgamientos. Si consideramos que se trata de un megajuicio, y más si todos acordamos que la posibilidad de dictar sentencia a funcionarios de la Justicia federal es claramente un hecho de dimensiones históricas, noto falta de firmeza para tomar medidas precisas, una suerte de confusión. Es la impresión que me quedó luego del fallido juicio inconcluso. Las estrategias dilatorias, sobre todo las de los federales, son y serán recurrentes. Hay que ver qué se resuelve respecto de los cambios de calificación y el orden en que las causas serán tratadas, cuestión que vamos a replantear con la fiscalía y demás querellas”.

A su vez, consultas de último momento dan por cierta la preocupación de familiares y organismos de derechos humanos con respecto a los resultados de los estudios médicos que se hicieron a los imputados; las condiciones de detención, o no, a partir de las que comparecerán, y la requisitoria para el cambio de calificaciones sobre los exfuncionarios judiciales: “El orden de las causas se da por el criterio con que fueron elevadas. La causa de Romano, gracias a su fuga, fue elevada al final. Y es Romano el único que llegará detenido al juicio porque, dadas las imputaciones, para el resto de los exfuncionarios es necesario un cambio de carátulas. Hay toda una batería de impedimentos que los exjueces, patrocinados por estudios jurídicos privados, empiezan a poner al proceso, y el Tribunal debe resolverlos en el curso del mismo. No es disparatado incluso que algunos intenten ganar tiempo con la ilegalidad de argumentar la propia insanía”, señaló la fuente. La confirmación del apartamiento del proceso del exjuez Guzzo es la primera de las marcas que ratifican la influencia de la que aún disponen para continuar proyectándose en la impunidad.