La realidad de los derechos humanos en Latinoamérica está cambiando, debido a que una serie de informaciones referidas a crímenes que durante décadas se habían mantenido impunes están saliendo a la luz. 

Hasta el momento, la Argentina era el único país donde se estaba produciendo un proceso de juzgamiento concreto de los crímenes cometidos por el aparato de Estado durante la dictadura. Sin embargo, ahora se suma Guatemala a esta tarea y reabre el debate referido a la aplicación de la justicia en la región.

En este sentido, en distintos países de Latinoamérica se están observando algunas acciones tendientes a la apertura y discusión del pasado dictatorial de cada país, con la posibilidad de que se motoricen procesos que permitan juzgar criminales que hasta el momento se han mantenido impunes. 

Una panorámica regional

Recientemente, la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, solicitó la desclasificación de archivos de la última dictadura ocurrida en su país entre los años 1964 y 1985. Esta desclasificación implica la posibilidad de dar a conocer innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen golpista brasileño. Hay que tomar nota de que la desclasificación de archivos de la dictadura fue un hecho que, cuando ocurrió en la Argentina, movilizó innumerables causas contra genocidas.

Esta decisión tomada por el ejecutivo del Brasil anima esperanzas referidas a la posibilidad de dar la batalla por la derogación de la impúdica Ley de Amnistía, establecida en 1974, que impide el juicio y la condena de los crímenes y criminales de la dictadura. 

Otro país en el que últimamente se ha reabierto el debate en función de la emergencia de información, es Chile.  A través de Wikileaks, se develó recientemente la participación y colaboración que realizó el Vaticano en el golpe de Estado perpetrado en 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular del presidente constitucional Salvador Allende. 

Según los cables diplomáticos difundidos por Wikileaks, el Vaticano resultó un aliado incondicional de la política exterior norteamericana establecida en Latinoamérica en el marco de la Guerra Fría, basada, entre otras acciones, en la instauración del Plan Cóndor y el apoyo a las distintas dictaduras que asolaron la región durante la segunda mitad del siglo XX. Esperemos que la divulgación de estos hechos pueda reabrir el debate en torno al pasado pinochetista en el vecino país. 

El proceso de justicia guatemalteco 

En Guatemala se están produciendo una serie de hechos que persiguen el restablecimiento de la memoria y la aplicación de la justicia. Guatemala, además de la Argentina, recientemente ha pasado a ser uno de los dos países en donde se están juzgando crímenes de lesa humanidad cometidos por procesos dictatoriales.  En este sentido, el general retirado y dictador Efraín Ríos Montt está siendo juzgado por una parte de los tantos  crímenes cometidos por el gobierno de facto que encabezó durante la década del ochenta. 

Ríos Montt condujo una de las dictaduras, cuantitativa y cualitativamente, más aberrantes y violentas de Latinoamérica. Según el abogado Daniel Rodríguez Infante, quien se desempeñó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente integra la fiscalía conducida por Dante Vega en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se vienen desarrollando en Mendoza, “este conflicto es probablemente uno de los más crueles, tanto en términos de cantidad de víctimas como así también en lo que refiere a los niveles de morbosidad con las que actuó el aparato represor”.

La dictadura en Guatemala duró más de 30 años, tuvo comienzo en 1962 y concluyó en 1996 con la constitución de los acuerdos de paz. Según Rodríguez Infante, el 90 por ciento de los crímenes –cuya totalidad no se conoce con exactitud pero se estima en 250 mil víctimas–, se produjo entre los años 78 y 83. Ríos Montt gobernó en ese interregno durante 16 meses, entre febrero de 1982 y agosto de 1983. 

Según un trabajo realizado por la investigadora Julie Stewart, la gestión de Ríos Montt  “fue el período más brutal de un conflicto en el que, en total, murieron 200.000 civiles. Los militares y sus aliados masacraron 626 aldeas, y se torturó a decenas de miles de personas y se reprimió aún más”. 

“La Comisión de Esclarecimiento Histórico –cuyo equivalente en la Argentina sería la Conadep–, cuando elabora el informe Guatemala Memoria del Silencio (que podría considerarse como el equivalente al informe “Nunca Más” de la Argentina) hace un recuento de lo que fue el conflicto armado guatemalteco y da cuenta de más de 200 mil víctimas fatales. Según la Comisión, el 90 por ciento de los crímenes se produjo en un período de cinco años, desde 1978 a 1983, en los que las llamadas PAC (Patrullas de Autodefensa Civiles) fueron las encargadas de llevar adelante el exterminio de innumerables poblaciones indígenas”, explicó el abogado.

Según detalló Rodríguez Infante, el proceso actual llevado contra Ríos Montt y José María Rodríguez Sánchez, quien ofició como jefe de inteligencia durante ese período, está consignado bajo la carátula de “genocidio”, basándose en el asesinato de 1776 personas pertenecientes a la comunidad maya Ixil ubicada al norte de Guatemala. 

Un manto de impunidad

Hasta el momento, Ríos Montt no había podido ser juzgado por los crímenes cometidos debido a que, luego del regreso a la democracia en su país, ocupó cargos públicos que lo mantuvieron impune.  “En este sentido se observa que muchos de los procesos (en lo que refiere a lógicas que mantuvieron la impunidad) que se constataron en la Argentina también fueron comunes a la mayoría de las democracias post dictatoriales latinoamericanas. Sin embargo, en el año 2012 Ríos Montt perdió la inmunidad que le aseguraba el Congreso, abriendo la posibilidad de que un tiempo después fuera acusado formalmente por el delito de genocidio en Guatemala”, advirtió Rodríguez Infante.

Según el abogado, Guatemala tiene previsto el delito de genocidio en su Código Penal desde el año 1972, debido a que tuvo que incorporarlo al atenerse a los lineamientos establecidos en la Convención de Naciones Unidas para la prevención y sanción de estos delitos. Si bien durante mucho tiempo pudo rehuir de la justicia, actualmente está siendo juzgado por el tipo penal de genocidio cuya pena es de hasta 50 años, una condena que, para alguien de la edad de Ríos Montt, implicaría pasar el resto de su vida en cárcel. 

Aun así, el camino para la condena de Ríos Montt no está del todo allanado. Uno de los testimonios producidos durante el juicio ha implicado al actual presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina.  Se trata del testimonio de Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien, según indican medios internacionales, “se desempeñó como mecánico especialista militar del Cuerpo de Ingenieros que operó en el área ixil” e indicó que “los soldados cometían saqueos y ejecuciones de personas mediante las órdenes del mayor Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina”, lo cual fue rechazado por el mandatario.

Una agresión contra la condición humana

Según da cuenta una suma de medios internacionales que están siguiendo el juicio contra el ex general, las declaraciones de sobrevivientes que se han vertido hasta el momento han testimoniado cuán aberrante fue el proceso represivo en aquel país. 

Ernesto López, embajador de la Argentina en Guatemala, quien ha estado siguiendo el juicio contra Ríos Montt, declaró: "A mí me parece que el juicio es muy importante no solamente para Guatemala, porque los hechos que se están examinando son de una gravedad tal que creo que trascienden fuera de Guatemala. Lo que escuchamos del perito, una matanza de 68 personas, que luego han sido enterradas; algunos eran niños, incluso no natos, es decir han matado a mujeres embarazadas. Son delitos atroces de una gravedad extraordinaria que agreden a la condición humana" dijo el embajador.

Frijoles y fusiles 

Durante la dictadura se llevó adelante una política de exterminio que fue denominada como de frijoles y fusiles. Según Rodríguez Infante: “Fue una política ejercida por el terrorismo de Estado en Guatemala, que se basó en dos procedimientos principales: por una parte, masacrar poblaciones civiles enteras con un altísimo grado de violencia, con el objetivo de infundir y hacer perdurable el terror;  y por otra parte, una vez infundido el terror, se trataba de cooptar a otras comunidades y sectores campesinos para luego armarlas, con el objetivo de formar patrullas paramilitares que desarrollaron actividades con la misma crueldad ejercida por el ejército, que oficiaba de conductor de estas operaciones”, explicó .