Este miércoles marcará un antes y un después en la Justicia Federal de Mendoza. Es que desde temprano se están realizando allanamientos por la causa en la que se investiga una presunta red de coimas que involucra al juez penal y electoral Walter Bento, uno de los magistrados más influyentes de la provincia. 

Fuentes judiciales informaron esta mañana que el juez e Isabel Boiza, su esposa y empleada de la justicia federal, fueron imputados junto a tres abogados, que fueron detenidos, y al menos otras diez personas a las que se acusa de integrar una asociación ilícita que les cobraba coimas a presos a cambio de liberarlos, entre otros delitos. Walter Bento fue imputado formalmente como jefe de asociación ilícita, por seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El caso es investigado por el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, que ordenó en las últimas horas la realización de allanamientos en oficinas y viviendas particulares de los imputados y la detención de tres abogados –que ya fueron apresados– y de al menos otras diez personas. El juez Bento ya fue imputado formalmente sin prisión preventiva, dijeron las fuentes. En tanto, Boiza fue acusada formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero por el momento, tampoco se requirió su detención.

Los otros presuntos integrantes de la asociación ilícita y que sí fueron detenidos en los allanamientos de esta mañana fueron los abogados Matías Aramayo, Luciano Ortego y Martín Ríos.

La causa se originó en marzo del año pasado con la captura de Walter Bardinella Donoso (41), un hombre que fue detenido en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Los investigadores de ese caso realizaron distintos peritajes sobre el teléfono celular del sospechoso y sobre sus redes sociales, donde se detectaron llamadas y conversaciones en WhatsApp y en Telegram con personas cercanas a la Justicia Federal de Mendoza.

La investigación continuó cuando el 28 de julio de 2020 desapareció el excorredor de aduana Diego Aliaga (51), que luego apareció asesinado, y por el hecho se detuvo al socio Diego Barrera (51). Este hombre, Barrera, declaró ante los investigadores que Aliaga tenía contactos en la Justicia Federal y que "sacaba presos del federal, arreglaba y sacaba presos del penal".

La sospecha de los investigadores es que la asociación ilícita está compuesta por alrededor de 15 personas y el juez federal Puigdéngolas ya ordenó la realización de distintos allanamientos, que se estaban llevando a cabo esta tarde por personal de la Policía Federal. Según las fuentes, algunos de los procedimientos se realizaban en estudios jurídicos en los que los pesquisas buscaban dinero y documentación de importancia para la causa.