Este jueves 28 de septiembre es el Día Mundial por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, por lo que se realizarán marchas y un "tuitazo" en varios países en defensa de esta lucha que, en muchos lugares, aún busca despenalizar la práctica. Se calcula que se realizan 500 000 abortos por año en la Argentina. Estas estimaciones se hacen a partir de los casos de complicaciones que llegan a los hospitales y obras sociales, mientras que en Mendoza son alrededor de 18 000 abortos por año.

Radio Abierta dialogó con Claudia Anzorena, investigadora del Conicet  y especialista en Género y Políticas Públicas.

En el plano local y nacional, se trata de una campaña para pedir por el aborto legal, seguro y gratuito, el cual está prohibido excepto en casos en los que el embarazo sea producto de una violación o cuando corre peligro la salud o la vida de la mujer gestante. En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia entendió que, según la Constitución Nacional y compromisos internacionales, estas excepciones “eran un derecho para la mujer”, explicó Anzorena. A raíz de esto se elaboró una guía para proceder en estos casos considerados legales, pero aseguró que no se está aplicando de manera sistemática en la provincia.

Bajo el lema "#AbortoLegal #UnGritoGlobal!", la fecha se celebrará además con un "tuitazo" internacional, que en la Argentina se realizará entre las 20 y las 21.30.

En Mendoza, mañana jueves a las 18 se hará una marcha hacia la Legislatura para realizar lecturas e intervenciones artísticas. “Convocamos a todas las mujeres y varones a la manifestación porque este es un derecho humano”, indicó Anzorena, y agregó: “Es una causa que implica justicia social, porque las que más sufren la penalización del aborto son las mujeres jóvenes y pobres”.

Por otro lado, para este 27 de septiembre se convocó a marchar en contra del aborto. Al ser consultada sobre este rechazo, Anzorena expresó: “Dentro de los fundamentalismos religiosos hay una ofensiva contra los derechos de las mujeres. Se intenta imponer un dogma a toda la población. La penalización no evita los abortos, sino que los hace más peligrosos”.

Dos países que vieron expandida su legislación en materia de aborto en el último tiempo son Uruguay y Chile. “El caso de Uruguay sienta un precedente porque está considerado el permiso del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación”, aseguró Anzorena. También especificó que se hace a través del Lisoprostol, cuyo uso en nuestra provincia se encuentra restringido debido a una ley que es “completamente falaz”. En el caso de Chile, se utilizó una legislación similar a la actual argentina.

Según la especialista, se calcula que hay 500 000 abortos por año en la Argentina. Estas estimaciones se hacen a partir de los casos de complicaciones que llegan a los hospitales y obras sociales, mientras que en Mendoza se hacen alrededor de 18 000 abortos por año.

También manifestó que mantienen diálogo con el Ministerio de Salud y la Dirección de Género y Diversidad, pero que la respuesta es la misma hace dos años y es que “se está trabajando sobre esto”. Agregó: “No hay una voluntad política para que se regule esto”. El resultado es que queda bajo el criterio del profesional de la salud si el embarazo es de riesgo o no y si es necesario aplicar esta guía.

En este sentido, la ministra de Salud y candidata a diputada nacional, Claudia Najul, sostuvo hace días que antes de dejar la cartera que conduce quiere dejar listo el protocolo para los casos de aborto no punible, previsto en el artículo 86 del Código Penal.

“La idea es dejarlo antes de que me vaya, con resolución o decreto. Estamos trabajando desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva elaborando un protocolo para que cualquiera que esté en esa situación tenga la información y la contención que se necesita en esos casos”, indicó la funcionaria.

Todas las actividades confluirán el viernes 29 de septiembre en la Marcha Federal, donde participaran activistas de todo el país que se concentrarán en Plaza de Mayo a las 15 y se dirigirán hacia el Congreso Nacional a las 17, para "dar a conocer el grave problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género que entraña el aborto inseguro e ilegal", destacó la organización.