Hace unos meses, el fiscal Marijuan denunció a casi todas las universidades estatales argentinas (nada menos que 52!!) de una sola vez y en montón, tomando como base...una nota del diario Clarín!! Preguntado por esa sorprendente decisión, el funcionario indicó que quiere "analizar la totalidad de fondos recibidos por cada una de las universidades del país". Ahora bien, ya existen organismos estatales encargados de esa función de control. Una acción judicial cabe sólo si hay indicios evidentes de irregularidad, y debiera limitarse a alguna institución donde tales irregularidades se hubieran hecho evidentes. Sin embargo, la decisión se tomó, y todas las universidades nacionales -excepto la de Defensa y dos creadas en últimos tiempos- han quedado bajo la condición  de ser investigadas judicialmente.   La nota de Clarín refiere a fondos distribuidos por el gobierno anterior, lo cual es obviamente esperable tratándose de ese enorme grupo mediático, cuya parcialidad es reconocida. Lo curioso es que Marijuan -cuya pintoresca aparición en la Patagonia con fúlgidas camperas acompañaba a inesperadas retrocavadoras a fines del año pasado-, ha incluido prácticamente a todas las universidades nacionales en este intento, sin distinción de situación ni de color político.

 Una muestra más de que cuando se inicia la caza de brujas, a cualquiera puede caerle el sayo. Lo cierto es que la denuncia contribuye a desprestigiar a las universidades y a dar más peso a quienes desean recortarles el presupuesto, acorde a las tendencias ajustadoras del gasto que parecen predominar actualmente.  

 Ante esto, se hace decisivo que defendamos la universidad pública. Por supuesto que los fondos estatales deben ser auditados, y las universidades no son excepciones a esa regla; pero no se puede echar manto de sospecha sobre todas las universidades a la vez, y menos aún contribuir al desprestigio de los que hacemos la docencia superior cada día en la Argentina, y realizamos allí las tareas de investigación en los campos científicos y humanísticos. Ojalá contemos con los pronunciamientos explícitos de consejos, autoridades, claustros, contra esta medida judicial tomada al voleo, planteada contra todos a la vez y sin que existan indicios concretos de delito alguno. No estamos en buenos tiempos del Poder Judicial nacional, y es hora de que desde allí, algunos sepan de la voluntad social de no dejarse atropellar por acciones que son de muy escasa legitimidad institucional y validez jurídica.