Luego de varios meses de conflicto, el Gobierno Nacional y las diferentes comunidades mapuches aceptaron formar una mesa política de diálogo y evitar nuevos hechos de violencia en la zona del lago Masacardi, dónde un grupo de mapuches mantiene tomada una parte de un predio de Parques Nacionales. 

El gran impulsor del acercamiento político entre las partes fue la diócesis de Bariloche, que conduce el arzobispo Juan José Chaparro, quien estuvo presente en la larga reunión en el UTER y es muy cercano al Papa. La diócesis había sido muy crítica con el accionar de las fuerzas federales a través de un comunicado.

A partir de la conformación de esta mesa de diálogo, y tal como lo pidió el juez federal Gustavo Villanueva, los integrantes le enviaron al magistrado un acta para ratificar la intención de negociar de las partes, un diálogo que por el momento no implica que los mapuches dejen las tierras que ocuparon.

Sin embargo, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, contó a La Nación que la postura del Gobierno "es de diálogo permanente, pero con dos condiciones: que los ocupantes dejen el territorio y que estén sujetos a derecho". Huala y otros representantes de los grupos rebeldes mapuches se negaron terminantemente a esa concesión, pero acordaron dos puntos a favor: labrar un acta informando a la Justicia sobre la existencia de la mesa de diálogo y una nueva reunión, mañana a las 11.

En definitiva, lo único que se puede afirmar es que ninguna de las dos partes cedió en su postura inicial, pero sí accedieron ambas a tratar el tema a través del diálogo y la no violencia. Un paso muy pequeño, pero paso al fin, hacia adelante en la merma de la violencia entre el Estado y las comunidades mapuches.