A menos de un día de que el Presidente alentara a la población, pero principalmente a la dirigencia política, a "no tenerle miedo a las reformas, porque es crecer", el ministro jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmaron la Decisión Administrativa 942 que modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 en $ 21 494 millones, aunque el efecto neto negativo se reduce a $ 10 443 millones, porque se agregaron $ 11 051 millones de recursos tributarios superiores a los previstos.

En este caso, se justificó la medida publicada en el Boletín Oficial en la necesidad de reforzar partidas para el pago de salarios en diversas jurisdicciones.

Sin embargo, no se entiende cómo un Gobierno decidido a bajar el déficit de las finanzas públicas y que ha establecido las correspondientes metas de reducción gradual, junto con pautas de inflación, no pueda terminar con una vieja práctica de las finanzas públicas de enviar al Congreso un Presupuesto sin las adecuadas estimaciones de gastos básicos, como son los correspondientes a los pagos de salarios y jubilaciones.

Según un exhaustivo análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, que se refleja en una crónica de Infobae, hasta septiembre "los créditos para gastos corrientes y de capital de la Administración Pública Nacional se vieron ampliados en $ 35 294 millones, lo que equivale al 1,7 % de las autorizaciones de gastos previstas en la Ley de Presupuesto, un nivel muy inferior al que se aprobó en igual período de 2016, del orden del 16,2 %".

Ahora, con la Decisión Administrativa 942, ese monto se elevó a más de $ 40 700 millones. Y plantea la duda sobre si el Presupuesto 2018, que debiera comenzarse a tratar para su aprobación en el Congreso, no requiere de una revisión de los números básicos, como salarios y jubilaciones, para evitar que nuevamente el próximo año dos ministros, unilateralmente, en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo, vuelvan a modificarlo y agravar el ya abultado déficit fiscal.

Estas son las principales partidas de gastos ampliadas:

• Pensiones no Contributivas, Anses: $ 6000 millones;
• Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa: $ 5995 millones;
• Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial, a cargo del Ministerio Público: $ 2104 millones;
• Formación y Capacitación del Servicio Penitenciario, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: $ 2097 millones.
• Transportes Navales, Ministerio de Defensa: $ 1947 millones;
• Servicio Meteorológico Nacional, Ministerio de Defensa: $ 1688 millones;
• Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales, Ministerio de Educación: $ 1212 millones;
• Acciones de Capacitación Laboral, Ministerio de Trabajo: $ 1000 millones.

En tanto, estas son las principales compensaciones parciales:

• Asistencia en Servicios Económicos al Tesoro, recorte $ 12 047 millones;
• Aumento de Recursos tributarios, $ 11 051 millones;
• Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Ministerio de Desarrollo Social, $ 1824 millones.