El gobernador espera dar señales de gestión con uno de los tópicos que eligió como motivo de su campaña: la inseguridad. El 1.º de junio logró uno de sus objetivos de gobierno: una modificación del Código Procesal Penal que endurece el régimen de prisión preventiva. Ahora, con la norma en vigencia, encaró una campaña “preventiva” ante la posibilidad de alguna presentación por inconstitucionalidad de la ley.

Lo importante para el Gobernador es tener al cuerpo policial ordenado y alistado para ir a buscar a los 400 "reiterantes" de delitos graves contra la propiedad y las personas. En ese cuadro es importante el rol del ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien ya enfrentó el primer planteo de los jefes territoriales de la Policía, quienes resistieron la decisión de descentralizarlos sin la compañía de sus grupos de oficiales de confianza.

Pero, además, a Cornejo le interesa cuidar el frente ciudadano. En este contexto se notó la réplica en los medios de una nota publicada en la página oficial de Prensa donde se grafica cómo funcionará la ley, además de la aparición del subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quien defiende la iniciativa oficial y asume la frase que titula una entrevista en Los Andes: “Nadie dice qué artículo de la Constitución viola la ley de prisiones preventivas”.
 

El protagonismo de D'Agostino

Es evidente que el amigo personal de Cornejo se adelanta a las intenciones que pueden tener los abogados penalistas que estudian el texto legal aprobado tras 31 días de tratamiento en la Legislatura. Estos son los conceptos más destacados de la entrevista de Marcelo Zentil.

"Hay un reclamo social muy grande que indigna a todos, que es lo que la gente llama ‘puerta giratoria’. Esto genera sensación de inseguridad, y también inseguridad, porque esos delincuentes siguen cometiendo delitos mientras dura el proceso en su contra. La ley va a atacar un problema del que la gente está harta y por eso es importante".

"La aplicación de la ley no implica necesariamente que a partir del otro día entren 400 presos. La Policía tiene que atraparlos con pruebas suficientes, debe intervenir un fiscal y luego un juez de Garantías, que decidirá si corresponde la prisión preventiva. Esto va a llevar un tiempo, pero es importante porque se rompe un paradigma: que los que cometen delitos graves o muy graves esperen su juicio en prisión, que es lo que el Gobernador quería".

"He escuchado algunas voces relativas a la inconstitucionalidad, pero no he escuchado qué artículo de la Constitución es el que viola la ley, ni qué convención puntualmente está afectando. No hay ningún artículo que afecte. Y no lo hay porque, si no, ya lo hubieran dicho. Este proyecto no ha salido de un exabrupto del Gobernador o de la mente brillante de un funcionario. Lo venimos trabajando hace más de seis meses con jueces, fiscales, camaristas, constitucionalistas. Obviamente hemos considerado el aspecto constitucional".

"La prisión preventiva cumple con todas las garantías. No es que todos van a entrar presos. Apunta específicamente a los delitos graves, esos cuya condena excede los tres años de prisión y siempre que se cumplan algunas condiciones".