A más de dos meses de su sanción, y con varias protestas de organizaciones sociales que exigieron su implementación, el Gobierno oficializó la reglamentación de la Ley N.º 27345, que estableció la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019. El Decreto 159/2017, publicado en el Boletín Oficial este viernes 10, detalla las funciones y los objetivos que tendrá el Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.

La norma define a la Economía Popular como "toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar". "La Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo", añade.

Entre otras cosas, el Consejo deberá "diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular, priorizando a aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres".

También tendrá entre sus funciones "promover criterios unificados de elegibilidad y priorización para acceder al Salario Social Complementario", así como "proponer mecanismos ágiles para la formalización, regularización y promoción de las unidades económicas de la economía popular" y "formular propuestas y recomendaciones de carácter no vinculante al Poder Ejecutivo Nacional".

La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes "mediante acuerdo" podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de "organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia".

La ley fue sancionada en diciembre pasado, a partir de un texto acordado entre el Gobierno y movimientos sociales, quienes en los últimos meses reclamaron su implementación inmediata. Además, se oficializa un día después del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que concluyó que en los primeros nueve meses de 2016 un millón y medio de personas cayeron en la pobreza y 600 mil de ellos quedaron en la indigencia.

La pobreza en primera plana