Como consecuencia de la puesta en marcha el Programa de Eficiencia Energética, Cornejo pretende que se aplique la tarifa social en todas las reparticiones del Estado provincial. Esta decisión permitirá que al menos 1200 edificios estatales de gas reduzcan considerablemente lo que gastan en este servicio. Entre los establecimientos, se encuentran escuelas, comisarías, hospitales y centros de salud, así como las oficinas públicas. Según Ecogas, más de 100 mil usuarios mendocinos están incluidos actualmente en la tarifa de gas.

La noticia quedó enterrada en medio del anuncio de los primeros resultados del Programa de Eficiencia Energética, un plan realizado en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, para optimizar la contratación de servicios energéticos del Estado. Esta iniciativa logró, en su primer mes de aplicación, un ahorro de $ 561 000 y se prevé que para mediados del 2017 se alcancen los 35 millones de pesos.

El plan, que comenzó en mayo, fue puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que preside Martín Kerchner, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Sus primeras acciones estuvieron destinadas a la recontratación de potencia y reencuadramiento tarifario de suministros de inmuebles del Estado que malgastaban la energía eléctrica. Asimismo, se pudieron localizar suministros sin actividad, que debieron darse de baja.

En una entrevista con Radio Universidad, el licenciado en administración Andrés Eluani indicó que el plan energético “busca preservar los recursos de Estado”. En ese sentido, reveló que no sólo se está trabajando en el Estado provincial sino que esta revisión del consumo también se realiza en Tupungato y en el Departamento General de Irrigación.

El plan fue creado para cumplir con dos objetivos. Por un lado, lograr adquirir la energía que consume el Estado al menor costo posible. Por el otro, en una segunda instancia, poner en marcha una serie de técnicas con miras disminuir el consumo, cuya etapa será aplicada en los próximos días e incluirá una auditoria energética.

“No es una irregularidad, sino un problema de gestión”, afirmó el licenciado. De acuerdo con Eluani, el Gobierno se había acostumbrado a “pagar de más” por el servicio eléctrico excesivo, puesto que no tomaba en cuenta el grado de consumo. En la práctica, cuando el Estado solicita un servicio a una distribuidora eléctrica, se debe realizar un cálculo de las necesidades y, en función de eso, se debe materializar la contratación.

"Cualquier ahorro que se demore en realizar repercute en las cuentas de la Provincia y por eso ya nos habíamos abocado a concretar este programa antes del aumento de tarifas", dijo Andrea Molina, jefa de Gabinete del Ministerio de Hacienda.

Además, señaló que el Gobernador había sido uno de los primeros que apoyó la aplicación del programa cuando apenas asumió.

Por citar un ejemplo, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, gracias a la implementación del plan energético, se logró ahorrar $ 120 000 por mes. Allí se detectó un derroche de cerca de 400 kilovatios por mes, puesto que se contrataba un servicio de 1 000 kilovatios, pero sólo se utilizaba, en los momentos de mayor actividad, 600.

En esa misma línea, se detectó que se realizaban pagos de suministros de entre 60 y 70 medidores que no están en servicio. Se tratan de servicios que fueron contratados y que, por descuidos de los funcionarios, luego no fueron supervisados.

Por otro lado, ya se pidieron las bases de datos de los suministros del Gobierno a Edemsa, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Edestesa, el EPRE y la Contaduría General de la Provincia.

En cuanto a verificación del consumo, Molina indicó que ya han dado la orden a todos los ministerios para que controlen con detenimiento sus consumos y detecten que lo que se pague sea efectivamente lo que se está consumiendo.