A través del decreto 2358/2015, publicado este miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni, promulgaron la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta. La autora del proyecto es la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós, quien resaltó, cuando el Senado aprobó la modificación, que “esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95”. No obstante, aclaró que esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace íntegramente a la existente.

Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24521, la nueva normativa establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”. Asimismo, garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas”.

El artículo 2 bis de esta ley establece uno de los puntos centrales: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”. En este sentido, la diputada Puiggrós señaló, cuando el Senado aprobó su proyecto a finales de octubre, que cuando se reglamente la ley se deberán establecer los pasos a seguir para la eliminación de los distintos tipos de cuotas que ya existen en algunas universidades nacionales.

En ese marco, además, se prohíbe “a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.