La diputada nacional por Cambiemos Elisa “Lilita” Carrió ha presentado un proyecto de resolución en el Congreso para que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informe acerca de la aplicación de los aumentos de las tarifas de servicios públicos por parte de las empresas prestatarias y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo. Es que la legisladora es representante de la gestión del presidente Mauricio Macri en el Congreso, pero desde hace muchos años tiene una propuesta alternativa para intentar solucionar el eterno problema de la economía argentina: cómo bajar la inflación.

Hasta el momento, el jefe de Estado ha apoyado el “Plan A”: es la visión de los llamados “monetaristas”, quienes consideran que la inflación se produce por la emisión monetaria, por el gran flujo de pesos en el mercado y por la velocidad de las transacciones. Esta visión es la que defiende, por ejemplo, el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne. Ante estas teorías, se aceptan impactos que se consideran “necesarios”, como la suba de tarifas de servicios y de los combustibles, entre otros.

Por otro lado, los “formadores” –con los que se alinea Carrió– también aceptan los mencionados impactos, pero aseguran que los monetaristas no tienen en cuenta factores inflacionarios como las “conductas culturales” de las empresas privadas, es decir, de los formadores de precios. Desde esta mirada, la diputada ha presentado un proyecto de ley de Defensa de la Competencia, que sería el “plan B” del Gobierno nacional.

En principio, el Ejecutivo estará expectante del informe del índice inflacionario de mayo, que se dará a conocer el 14 de junio. El gobierno espera a ver si a mediados de año los números se aproximan o no a la expectativa de disminuir la inflación un 20 % en el total anual. En caso de que no sea así, Macri podría apelar al Plan “Lilita”.