Los once femicidios que hubo en Mendoza desde comienzos de 2016 dejaron al descubierto la falta de políticas públicas claras para abordar la violencia machista. Con la idea de poner un foco en común sobre esta situación, integrantes de los tres poderes del Estado se reunieron en la Cámara de Diputados, puesto que es donde se han presentado los proyectos de emergencia.

Los femicidios de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén Arroyo generaron indignación social y motivaron una respuesta del Gobierno, que sintió que el problema le estalló en las manos y no pudo resolverlo a tiempo. Desde entonces, la tarea del Ministerio Público y del Gobierno es avanzar en la creación de una fiscalía especializada en violencia de género.

En el otro extremo, la oposición pide que se declare la Emergencia en Violencia de Género. En la comisión de Labor Parlamentaria el debate se centró en los argumentos acerca de los beneficios y desventajas de que fuera así.

Desde el Ministerio Público aseguraron que no es necesario sancionar la emergencia porque los recursos están, “pero hay que redistribuirlos”. La coordinadora del órgano, Teresa Day, indicó que hay un manual de acción para casos de violencia. En este sentido, explicó que es necesario dar una mejor atención a la ciudadanía, por lo que pedirán la colaboración de psicólogos y asistentes sociales que trabajen en el Poder Judicial.

Day aseguró que para lograr esto es necesario el trabajo conjunto de las diferentes instituciones del Estado y complementarlo con el manual de procedimiento. Afirmó que el texto “está terminado” pero debe ser analizado por el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y por el gobernador Alfredo Cornejo antes de ser publicado.

Uno de los ausentes fue el mismo Procurador, ya que no se encontraba en la provincia. Esta circunstancia generó enojo en los legisladores de la oposición, quienes pidieron que se atienda a las víctimas y que se utilicen los recursos para situaciones de urgencia, por ejemplo, el momento en el que las mujeres tienen que volver a sus hogares. “Es intentar salvar una vida”, recriminó la diputada Cristina Pérez (FpV), quien pidió mayor compromiso del Gobierno provincial. “Esto no se arregla sólo con plata. Es todo un plan”, sentenció.

En la comisión participaron miembros del oficialismo y de la oposición. Foto: Prensa Diputados de Mendoza.

Un trabajo integral

El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, explicó por su parte que existe un trabajo integral entre las diferentes dependencias del Estado para abordar los casos de violencia contra las mujeres. Afirmó, además, que iniciarán las capacitaciones en las escuelas y articularán el trabajo de los refugios con los juzgados de familia. Al mismo tiempo, aseveró que en los próximos días presentarán una aplicación de botón de pánico e instrumentarán pulseras similares a las que usan los reclusos con prisión domiciliaria tanto para el agresor como para las víctimas.

El Ministro repitió que no era necesario declarar la emergencia en la materia porque no soluciona el problema de fondo y es necesario resolver otras acciones, como el efectivo distanciamiento de la víctima. Asimismo, explicó que trabajan en un mapa de violencia de género con el fin de desarrollar con más intensidad las políticas públicas. "Creemos que a principios del año 2017 contaremos con un registro más acabado de las zonas más vulnerables”, sentenció Garay.

“Para nosotros la descentralización, la transferencia de recursos a los municipios, la capacitación de los equipos, la posibilidad de trabajar con la comunidad y el darle a las municipalidades el dinero para que ellas decidan si a las mujeres víctimas de violencia se les paga un refugio, un alquiler o una ayuda directa, posibilita que cada caso sea evaluado desde la individualidad. El Estado tiene que colaborar y ofrecer herramientas que las mujeres en estado de violencia no tienen”, concluyó la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández.