En su conferencia de prensa diaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que el Gobierno tomó la decisión de avanzar con el desmantelamiento de institutos que “no sirven absolutamente para nada, son grandes cajas de la política o son simplemente lugares para generar empleo militante”. El primero de ellos es el  Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en consonancia con los ideales del presidente Milei de reducir el Estado y eliminar “todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”.

El Inadi tenía por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. Es decir, se ocupaba de prevenir y erradicar la discriminación en ámbitos escolares, deportivos, laborales, culturales, etcétera, a personas con discapacidad, migrantes, gordas, afrodescendientes, LGBTIQ+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

La eliminación del Inadi estuvo entre los objetivos de campaña del gobierno de Javier Milei. Más tarde, ya como presidente, incluyó la iniciativa entre el megaarticulado de la llamada ley ómnibus, que no prosperó en el Congreso. El proyecto proponía la derogación de la norma 24515 de 1995 que –durante el gobierno de Menem– creó el Inadi como entidad descentralizada dentro del Ministerio del Interior y que, durante la gestión pasada, se ubicó bajo la órbita del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El antecedente directo de la creación de este Instituto fue la ley antidiscriminatoria sancionada en 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El Inadi comenzó a funcionar en 1997 y el periodista Víctor Ramos fue la primera persona a cargo. 

Sin embargo, desde el 2000 –con excepción de dos periodos–, el Inadi estaba intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional y no gozaba de la independencia que le otorgaba la ley de su creación. Los sucesivos gobiernos mantuvieron esta situación de no conferirle autonomía orgánica y eso posibilitó que, el 22 de febrero de 2024, el Gobierno nacional comunicara la decisión de iniciar el desmantelamiento del instituto sin pasar por el Congreso. Un día antes, había comunicado en el Boletín Oficial la decisión de prorrogar por 180 días esa intervención a cargo de María de los Ángeles Quiroga, que –aparentemente– estará hasta el cierre del organismo.

Como su nombre lo indica, el Inadi se encargaba de elaborar políticas nacionales y medidas concretas, diseñar e impulsar campañas educativas sobre el pluralismo social y cultural, recopilar y mantener actualizada la información sobre derecho Internacional al respecto. Pero también se daba la tarea de centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, brindar atención integral a personas o grupos discriminados y ofrecer patrocinio gratuito, entre otras tantas funciones.

Sobre el Instituto, Adorni manifestó que “tiene alrededor de 400 empleados, decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país y, muchas veces, estos institutos, además, tienen la particularidad de que están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”. 

Más tarde, el Ministerio de Justicia de la Nación informó que las funciones que cumplía el Inadi serán realizadas por esa cartera, que “cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea”. Además, anunció que “el personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”.