El acoso callejero ya es considerado violencia de género

Sociedad

En el marco del 25 de noviembre, explicaron que una de las principales motivaciones es consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género. Esto parte de la base de que vivimos en una realidad dinámica y es necesario actualizar y revisar los temas que en su momento fueron radicales pero hoy pueden ser profundizados. Hoy hay una visión más compleja y completa de la problemática.

Por ejemplo, al momento de su sanción, la ley 26 485 incluía cinco tipos de violencia —física, psicológica, sexual, económica y simbólica— y seis modalidades de comisión —doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática—. Con el tiempo se fueron incorporando clasificaciones, como la violencia público-política o el acoso callejero. 

Aquí radica la importancia de contar con normativas innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en las vidas de las personas y a nivel social. Las herramientas legislativas efectivas son fundamentales para dar respuestas concretas a la desigualdad por motivos de género que nos rodea. Esta reforma se plantea para resguardar y garantizar un derecho tan esencial como es la vida libre de violencias. 

Con este objetivo, la iniciativa impulsa un proceso participativo, político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras, en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos para una nueva ley. El proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta en todas las provincias y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género: violencia económica, acceso al hábitat, acceso al trabajo, etc. 

Con las modificaciones no solo apuntan a contemplar a las diversidades sexogenéricas sino también la perspectiva interseccional, es decir, todas aquellas características identitarias que marcan también la discriminación: edad, etnia, color, religión, clase social, etc. Los debates y la información que surjan de estos espacios serán el insumo principal para la redacción del proyecto de ley que planean presentar el 25 de noviembre del 2022. 

Los “Foros Participativos y Federales hacia la Reforma Integral de la Ley 26 485” serán convocados desde el MMGyD en conjunto con comisiones legislativas del Congreso nacional. Los encuentros regionales tendrán sede en las distintas Universidades Nacionales y otros espacios locales. No solo participarán actores institucionales sino también comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y público en general. 

Además, se invitará a participar en mesas de trabajo a personas expertas en diferentes áreas para  debatir en torno a los distintos temas prioritarios en esta reforma. Se proponen un plazo de seis meses para esta construcción colectiva y tres meses más para la redacción del proyecto.