El Gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el Estado, según publica La Nación. No será tarea sencilla para el presidente Mauricio Macri, ya que para modificar la norma necesita el acuerdo de todas las provincias. Por eso, el Gobierno prepara una oferta para seducirlas: ninguna tendrá que ceder un solo peso.

El plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tiene como premisa que "ningún protagonista pierda". Ese será el principal argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes convocaron para el 2 de febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias.

"Tenemos que tener un acuerdo con las provincias, no sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva que tiene el país, sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos. Arrancamos hace unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y poder discutir este año una nueva ley de coparticipación", dijo Frigerio a ese diario porteño. Deuda de la democracia desde la sanción de la reforma constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca se trató por dos factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la distribución de recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias beneficiadas por la actual norma no querían ceder.

Entonces, ¿qué incentivos les dará Macri a las provincias para que ahora sí accedan a debatir una nueva norma que regule el reparto de la recaudación?

En el Gobierno insistieron en que ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos.

Dos días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri convocó a todos los gobernadores a la quinta presidencial de Olivos. Uno de los temas tratados fue una nueva ley de coparticipación federal. Foto: archivo Prensa Gobierno de Mendoza.

Según el plan, el Gobierno propondrá "utilizar la metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado". ¿Qué significa eso? La cuenta sería así: primero se calculará lo que cada provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo. La diferencia entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.

En el trabajo que les presentarán a los mandatarios provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva ley es lo que se recaude de más. El Gobierno quiere también que la nueva norma se actualice sola.

Si bien el reparto en la actualidad debería ser del 57 % para las provincias y el 42 % para la Nación, lo cierto es que no ocurre de esa manera. La participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP es del 29 %. Esa inequidad es la que busca terminar la administración de Macri. Este año la estimación es que serán transferidos a las provincias $ 731 084 millones, un 29,2 % más que el año pasado, según un informe del Cippec.

Incluso, desde que en mayo último Frigerio logró firmar el acuerdo con todos los gobernadores para el reintegro del 15 % de coparticipación que se descontaba para financiar la Anses, hubo un acuerdo entre la Nación y las provincias para comenzar a evaluar una nueva norma de coparticipación. Si bien en el Gobierno son conscientes de que será complicado generar consensos en un año electoral, el plazo para llevar un nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses.

"El objetivo de máxima para este año es tener en el Congreso un proyecto consensuado. Este esquema no va más. El objetivo es terminar con los parches; las provincias tienen que gastar de forma más eficiente", dijo Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias. Mientras se negocia la iniciativa, el Gobierno consiguió aprobar el último año un presupuesto que destina el 30 % de la recaudación a las provincias, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto del período 2005-2015. Según informaron en el Ministerio del Interior, también está previsto que durante este año crezcan las transferencias automáticas y la obra pública.

"El año pasado, por primera vez en la historia, hicimos acuerdos fiscales en los que las provincias ganaron recursos. Hasta nuestra gestión, la Nación siempre terminó sacándoles recursos a las provincias. El gobierno anterior las desfinanciaba porque entendía que el poder pasaba por concentrar recursos para después someter políticamente a los que pensaran distinto", explicó Frigerio.
 

Recorrido de la iniciativa

Además de los mandatarios provinciales, el Gobierno involucrará en el debate al Congreso –serán consultados los integrantes de la Comisión de Coparticipación Federal del Senado y otras comisiones de la Cámara Baja–; los oficialismos y oposición de cada distrito; universidades nacionales y provinciales; organismos especializados en federalismo fiscal y finanzas públicas, y consejos profesionales, entre otros.

El recorrido que tendrá la norma durante el plazo de discusión tendrá varias etapas. En la primera se conformarán y capacitarán los equipos de trabajo, se realizarán una recopilación y un análisis de los antecedentes y se pondrá en marcha un foro virtual. Después será el tiempo de la revisión de los esquemas teóricos, la búsqueda de información y consistencia entre las provincias y la elaboración de propuestas alternativas.

"Nunca se encaró de forma seria una reforma. Será difícil, pero hay que empezar", dijo Guillermo Giussi, director nacional de Relaciones Fiscales con Provincias. Calificado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, como "una deuda de la democracia" –la última fue votada por el Congreso en 1988–, sancionar una nueva ley de coparticipación es uno de los retos que se impuso el jefe del Estado. Es más, desde que Macri llegó al poder mejoró la coparticipación global.

Pero el reparto no fue para todos igual y eso despertó la queja de varios mandatarios. El último conflicto se generó porque el gobierno nacional transfirió $ 25 mil millones a la provincia de Buenos Aires para compensar el 50 % de lo que la gobernación de María Eugenia Vidal pierde anualmente por el congelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense: $ 50 mil millones, desde 1996. Por las distorsiones que tiene la actual norma, por ejemplo, la provincia bonaerense recibe la mitad de lo que aporta.