El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento a través del Decreto 1034/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial. El texto dejó constancia de que las retenciones para las exportaciones de servicios basados en el conocimiento pasaron de 5 % a 0 %.

Además, se estableció que la Subsecretaría de Economía del Conocimiento convocará a las empresas del sector para conformar la primera mesa sectorial, un ámbito de diálogo en el cual se explicarán en detalle los alcances de esta ley y se trabajará en un plan de acción conjunto de cara a 2021.

La Ley 27.570, sancionada en el Congreso en octubre de este año, ofrece beneficios fiscales para fomentar las actividades de este sector, como la reducción de manera segmentada del Impuesto a las Ganancias según el tamaño de la empresa y una rebaja de hasta 70 % en las contribuciones patronales.

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Con la reglamentación de este lunes, a las reducciones de las contribuciones patronales y del impuesto a las ganancias se suma la fijación en 0 % de la alícuota de los aranceles de las exportaciones de servicios para las empresas que cumplan con todos los requisitos de la ley y se inscriban en el Registro Nacional de Beneficiarios. Hasta ahora, la alícuota que pagaba este sector por los derechos de exportación era del 5 %.

Asimismo, la normativa otorga beneficios adicionales en las contribuciones patronales para las empresas que empleen mujeres, personas con discapacidad, residentes en zonas de menor desarrollo, travestis y transexuales.

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Promover un sector estratégico

Esta norma tiene como objetivo promover nuevas tecnologías y generar valor agregado. También apunta a fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de empresas que se dediquen a la industria del software; la nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre otras actividades.

La economía del conocimiento, que desarrolla productos y servicios con base científico tecnológica, es identificada como la industria que aportará valor a otras actividades tradicionales como el agro o la construcción.

La ley genera beneficios impositivos a estas actividades que, al decir de la subsecretaria del área, María Apólito, "generan divisas, empleo de calidad, es federal, inclusiva y especialmente aportan valor a otras actividades llamadas tradicionales".

Para poder inscribirse al registro, las empresas deberán demostrar que el 70 % de facturación corresponde a la actividad promovida.

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