Ladrillos o producción, esa es la cuestión

La audiencia pública por el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial quedó marcada por la dicotomía “minería versus agua” que hace varios años se mantiene latente en Mendoza, aunque hay otro foco de atención que el gobernador Francisco Pérez observa más preocupado.

Guillermo Elizalde, ministro organizador de la audiencia pública.

Sociedad

Unidiversidad

Jorge Fernández Rojas - Foto: Axel Lloret

Publicado el 16 DE ABRIL DE 2014

Si Mendoza es una provincia que restringe a la minería metalífera porque prohíbe el uso de sustancias peligrosas...

Si Mendoza es una provincia que prioriza el agua como principal recurso de desarrollo. Si Mendoza es una provincia que elige seguir siendo agroindustrial, petrolera y turística…

Si Mendoza tiene el 5 por ciento de su superficie habitada y la mancha urbana sigue creciendo…

Si Mendoza es todo esto, ¿por qué la discusión que prevalece es la de minería sí o minería no?

Es evidente que la discusión se planteó y se instaló para quedarse desde el intento del proyecto aurífero de San Jorge en Uspallata a partir del gobierno del radical Julio Cobos.

Pero está claro que la ley 7722 sigue siendo un dique para los proyectos de explotación de minerales metalíferos que necesitan de tratamiento con cianuro y ácido sulfúrico.

Primera clave: sí a la 7722

Por eso el Gobierno decidió extirpar el párrafo que decía que debía revisarse la norma, que aparecía en el plan en estudio. La determinación se basó en el principio constitucional de que un poder del Estado no debe interferir en el terreno de otro. Hoy la 7722 está vigente pero es la Corte local la que debe definir la constitucionalidad de esa regla.

Por eso el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde enfatizó en este sentido y logró la adhesión de buena parte de la concurrencia de las casi 600 personas que coparon el recinto principal del Centro de Congresos y Exposiciones.

El punto central del pensamiento oficial, expresado en confidencia, está encerrado en esta frase del funcionario, quien ratificó ante quien escribe: “El 95 por ciento de los mendocinos vivimos en el 5 por ciento del territorio irrigado y solo el 3 por ciento de esa área son tierras aptas para la producción. Si no entendemos que eso lo cambiamos entre todos y no entre algunos, no llegaremos a ningún lado”.

Por sus propios dichos, Elizalde decidió apartarse de la polémica minera, ya que los industriales de ese sector decidieron no participar de la audiencia pública y a la vez le hicieron sentir su presión al ministro.

En cambio, el mismo Elizalde ponderó la presencia de los empresarios inmobiliarios, quienes sí participaron y salieron a defender su actividad ante el nuevo marco de distribución del suelo.

Por eso, el desafío del gobierno no está en cómo encarar el reclamo minero, sino en cómo detener el avance inmobiliario sobre las superficies en condiciones de ser cultivadas.

El Gobierno resaltó en su informe en el sitio oficial la definición de Elizalde: "El Plan de Ordenamiento Territorial está pensado para proteger el agua e impulsar el crecimiento productivo".

Ese mensaje no fue para el sector minero, sino más bien para el inmobiliario.

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