El protocolo de aborto no punible es un tema sensible para muchos funcionarios. Pasan las gestiones y el conflicto sobre su aplicación en la provincia se mantiene. En Mendoza, el Ministerio de Salud todavía no presenta el documento, pese a que el Gobernador aseguró a fines de 2016 que la resolución ministerial debía publicarse en los primeros días de 2017.

“En el caso del aborto no punible, si hay una persona que necesita un realizarse un aborto, el Estado mendocino se lo brinda. No está protocolizado; no obstante, el ministro de Salud está trabajando en esa dirección y creo que habrá una norma específica para ofrecer respuesta en esa línea más adelante, en 2017”, dijo el Gobernador en la entrevista que le hizo Unidiversidad a propósito del primer año de gestión.

Cornejo en primera persona, tras un año como gobernador

En ese momento, Rubén Giacchi manejaba la cartera y no dio mayores precisiones sobre el documento que permite adherir al protocolo que elaboró la Nación en 2015. El funcionario señaló, a través de su equipo de prensa, que se mantenían reuniones con científicos y entidades religiosas pero todavía no había un veredicto. El debate quedó trunco cuando el funcionario renunció, luego de que su pareja lo denunciara por violencia de género. La llegada de Claudia Najul, que como senadora se mostró muy activa en el debate, tampoco pudo acelerar la publicación de la resolución ministerial.

Ante esto, el jefe de prensa del Ministerio de Salud, Educación y Deportes, Emiliano Follis, aseguró a este medio que no se hablará con la prensa hasta que los especialistas terminen de analizar los detalles del documento. En este sentido, puntualizó que “el tema está en agenda”, pero no precisó sobre los tiempos para presentar el documento. En síntesis, el debate continúa.  

El recorrido del debate

En 2007, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Programa de Salud Sexual y Reproductiva, elaboró la denominada Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que fue actualizada en 2010. Si bien no era necesaria la adhesión de las provincias puesto que se trató de una normativa de alcance nacional, en la realidad la falta de un documento en Mendoza que avale a los profesionales que intervienen en abortos hace que pocos quieran practicarlos.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre los casos en los que el aborto no es punible. Por una parte señaló, siguiendo el inciso 2 del artículo 86 del Código Procesal Penal, que no sería punible el aborto en todos los casos de violación; exhortó a los médicos a no pedir autorización judicial para practicarlo (sólo bastaba con la presentación de una declaración jurada de la mujer) y pidió a los jueces garantizar los derechos de la paciente y no obstaculizar la intervención.

Luego, en 2015, el Ejecutivo nacional presentó un nuevo protocolo denominado Interrupción legal del embarazo (ILE) dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud. El documento contenía, entre otras cosas, los mismos puntos del fallo judicial.

En total, ocho provincias se sumaron a la nueva legislación (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). Buenos Aires se sumó en octubre de 2016, pero la presión de diversos sectores, en especial de la Iglesia Católica, llevó a que se diera marcha atrás con la medida una semana después. Un dato que no es menor es que un mes antes de la adhesión porteña, el Protocolo fue eliminado de la página del Ministerio sin dar ningún tipo de explicación.

Manoseo al protocolo de aborto no punible

Por último, en septiembre de 2016 se publicó una nueva actualización del protocolo en virtud de los cambios ocurridos en la legislación argentina tras la entrada en vigencia del nuevo Código Comercial y Civil de la Nación.