Alquileres: sin cambios en la ley, en febrero las subas para renovar serán del 85,8 %

Nacional

Uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos, ante la incertidumbre de  propietarios y propietarias. Unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios, como señala una nota de Infobae.

La noticia trasciende en un momento clave para el mercado de los alquileres sin oferta, alta demanda y precios desmesurados.

El ministro de Economía se reunió este lunes con el Presidente y hablaron de que la suspensión llegaría por decreto de necesidad y urgencia. Sobre este punto, aún no trascendieron mayores detalles, pero se tratará de darle un punto final a una norma que perjudicó tanto a inquilinos e inquilinas como a locatarios y cuyos cambios se discuten en el Congreso hace varios meses.

Precios en alza

El costo del alquiler en la Argentina subió un 245% desde la sanción de la nueva ley de alquileres 27.551, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020. En números, un contrato que ese mes se cerraba por un valor de $20.000 hoy se transformó en uno de $69.000, tal como informó La Nación.

Desde entonces, el índice de alquileres computa un total de 32 meses consecutivos de crecimiento desde julio de 2020 hasta marzo de 2023. Los datos surgen de un análisis del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano sobre los datos del Banco Central de la República Argentina.

La voz de referentes

Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar "el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida".

"Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley", sostuvo García Malbrán.

El titular de Camesi consideró necesario que "los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes".

Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres "debe cambiar, pero no de cualquier manera".

"Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades", señaló el CPI.

La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso "necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad", ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.

"Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción", explicaron desde la entidad inmobiliario,

Por eso, solicitó que se traduzca "no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos" en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.

"La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad", completó.

Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que "la ley de alquileres - sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional".

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que "los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados".