La pandemia de la COVID-19 está afectando drásticamente las finanzas públicas por doble vía: por la caída de los recursos tributarios, ante el derrumbe generalizado de la actividad económica y el empleo, y por las necesidades de ampliar el gasto en asistencia social a los trabajadores y familias, y también a las empresas. De ahí que, por octava vez en el año, el Boletín Oficial publicó una modificación del Presupuesto en curso con las firmas del Presidente y el conjunto de ministros, por la cual no solo reasigna partidas previstas para cada una de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, sino que, en uso de las facultades de la Ley de Emergencia Sanitaria decretada el 12 de marzo, lo amplía en otros $ 575 000 millones, con el aporte de ingresos extraordinarios, principalmente del Banco Central.

Claramente, justifica el Decreto de Necesidad y Urgencia 457 y 3 anexos, el I con 86 folios, los cambios y ampliaciones del Presupuesto 2020 en que “las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio han tenido un impacto considerable en el normal funcionamiento de la economía y la sociedad”, y han llevado a extender a mayo la asistencia a trabajadores y empresas, a través del Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10 000 para unos 9 millones de personas, de las cuales hasta el viernes lo habían recibido unas 5 millones, el Salario Complementario, la postergación o reducción del pago de Contribuciones Patronales, la modificación del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo y los créditos a tasa cero para personas adheridas al Monotributo y trabajadores autónomos.

Cambios contables a fines de 2019 le permitieron al Banco Central registrar abultadas ganancias no realizadas para poder transferirle al Tesoro sin efecto monetario inicial, ahora por $ 385 000 millones. “Para poder afrontar los gastos vinculados con este conjunto de políticas públicas, es necesario incrementar el crédito presupuestario de varios ministerios cuyas erogaciones están directamente relacionadas con las políticas mencionadas previamente, entre ellos: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ($ 267 000 millones), el Ministerio de Desarrollo Productivo ($ 37 000 millones), el Ministerio de Salud ($ 19 000 millones), el Ministerio de Obras Públicas ($ 10 000 millones), el de Desarrollo Social ($ 3500 millones) y los Ministerio de Seguridad y Defensa ($ 1100 millones”, anticiparon a Infobae fuentes oficiales, una síntesis de la medida que se publicó en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Esta nuevo DNU faculta al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, a “transferir los fondos reservados que excedan a los necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales, educativas y de salud que resultan estratégicas para abordar la emergencia social y sanitaria”.

Y además, habilitó al jefe de Gabinete a “superar los límites a las reestructuraciones presupuestarias establecidos en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley N.º  24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional siempre y cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria establecida a través del Decreto 260/2020 y hasta el final del corriente año”. Hasta ahora, era del 15 % sobre el Presupuesto de gastos corrientes, actualmente de poco más de $ 5 billones, es decir, en unos $ 750 000 millones, pero ya se excedió, porque con la modificación del Decreto 457 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, totaliza $ 788 000 millones.

En menor medida, los ministros resolvieron incrementar las partidas para el Ministerio de Relaciones Exteriores ($ 200 millones) para fortalecer los recursos necesarios para la repatriación y ayuda de los residentes argentinos que hayan quedado fuera del país al momento de la instalación del aislamiento sanitario, preventivo y obligatorio (ASPO) y la incorporación de un crédito en favor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la venta de inmuebles, y la reducción de gastos reservados, de los cuales, $ 88 millones serán destinados al Ministerio de Salud para políticas sanitarias. Además, se amplió la facultad de gastos relacionados con las Obligaciones a cargo del Tesoro para poder atender las políticas económicas, sociales y de inversión pública necesarias.

El Gobierno reforzó la partida para asistir a residentes varados en diversas partes del mundo en $ 200 millones, a ejecutar por el Ministerio de Relaciones Exteriores.