Un cabo acusado, con pruebas, de haber matado a un joven fue absuelto, mientras en el sur del país los policías continúan amedrentando a los habitantes de El Alto en Bariloche. Los poderes político y judicial miran para el lado equivocado, el de los culpables.
Ariel Domínguez, de 22 años, salió ayer a la tarde de su trabajo en el barrio porteño de San Telmo y se dirigía a la parada del colectivo para volver a su casa, pero en el trayecto recibió un disparo en la cabeza que lo mató. La bala salió del arma de un cabo de quien solo se conoce su apellido: Mendoza. Las versiones difieren, se dice que el efectivo estaba persiguiendo a unos chicos que se habían robado una billetera, también que los chicos solo corrían en el marco de los festejos del día del amigo, y que Domínguez justo pasó por allí. Lo cierto es que todo indica que Mendoza sacó su arma y disparó. Las teorías del accidente, que señalan que el arma se pudo haber caído y disparado sola, no tienen asidero. Lo cierto también es que no se trata de un hecho aislado, diariamente pueden encontrarse casos de gatillo fácil, represión, amenazas, tortura, golpes, o “negligencia” como algunos eligen denominar el accionar que tienen las fuerzas de seguridad tanto a nivel nacional, provincial como local.
Durante el mes que transcurrió desde el 17 de junio (primer aniversario del asesinato de Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, por efectivos de la policía de Río Negro) al 17 de julio: Fabián Gallardo, de 15 años, testigo y sobreviviente de la ejecución sumaria de Diego Bonefoi, fue secuestrado y brutalmente golpeado dos veces en la misma semana por policías en actividad en Bariloche. El menor Carlos Painefil fue atacado, al igual que otras cuatro personas, por las fuerzas de seguridad estatales, sufriendo graves golpizas. Desde la Multisectorial contra la Represión Policial señalan que estos hechos demuestran que en Bariloche se está sufriendo un plan sistemático que pretende hacer masivo y constante el terror y el miedo.
Ante esta situación, los jóvenes golpeados, sus padres, abogados, acompañados por integrantes de la Multisectorial, se reunieron en el Concejo Deliberante de Bariloche con legisladores, concejales, el Comisario Mayor Edgardo Pérez, jefe de la Unidad Regional III, y su segundo, comisario mayor Mario Villalba. De todo lo que se prometió durante el encuentro, aún nada se cumplió. Por un lado, los comisarios todavía no dieron a conocer los 70 u 80 casos que se tramitan administrativamente en la Regional III por violencia y abusos de poder por parte de policías en actividad. Tampoco cumplieron con la exigencia de portar identificación obligatoria de todo agente en actividad. Por el otro lado, el político, no hubo pronunciamientos de parte de los legisladores y concejales presentes.
En tanto, la Cámara Segunda del Crimen de la Circunscripción Bariloche no hizo lugar al reclamo de respetar y restituir el juez natural de la causa de los homicidios de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco, “una comprobación de la sujeción del poder judicial a los intereses de protección a la cúpula de la policía de Río Negro, responsable administrativa y política de todos y cada uno de los sucesos de terrorismo de Estado perpetrados contra la población en junio del año pasado”, denunciaron desde la Multisectorial.
Al igual que en Bariloche, en la provincia de Buenos Aires el poder judicial también dio demostraciones de su complicidad.
El Tribunal Oral Nº 1 de La Matanza absolvió al cabo Luciano Cruz Gaete Ossandón, de la división Apoyo Tecnológico de la Policía Federal, en el juicio que se le seguía por el asesinato de Kunky Méndez de 17 años.
El hecho ocurrió la mañana del 11 de febrero de 2010, en la localidad de Rafael Castillo. El policía salió de su casa hacia su trabajo como custodio, iba de civil pero llevaba su arma reglamentaria. A los pocos metros se cruzó con Kunky que volvía tras el cumpleaños de 15 de una prima. Según declaró el policía durante el juicio: “Le pegué un empujón, gané distancia, desenfundé y efectué dos disparos en resguardo de mi vida”. Pero el jefe de la morgue judicial de Lomas de Zamora aseguró que los dos disparos ingresaron al cuerpo de Kunky a la altura de la clavícula izquierda, con una trayectoria de arriba hacia abajo, lo que indica que el policía estaba de pie sobre la vereda y Kunky caído en el piso, agachado. Además, una de las balas, antes de entrar al cuerpo, atravesó la mano izquierda de la palma al dorso, por lo que el joven tenía la mano extendida, seguramente cubriéndose en un gesto de defensa.
A su vez, durante el juicio la defensa (integrada por abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad) incluyó dos nuevos testigos, que afirmaron haber visto la misma madruga del asesinato a dos jóvenes, uno vestido con la camiseta argentina (esa mañana, Kunky tenía puesta una camiseta de la selección), con un arma en la mano.
Éste último testimonio fue el que los jueces tomaron para dictar su sentencia, sin dar crédito a los datos concretos brindados por los peritos: “De tales testimoniales, (...) se desprende que se ha divisado al fallecido Méndez en poder de un arma de puño y en compañía de otra persona del mismo sexo, y permite afirmar que el occiso se encontraba recorriendo la zona con intenciones de atentar o cometer ilícitos contra la propiedad ajena, horas antes de los eventos aquí ventilados, y que aquél se encontraba actuando con un cómplice y portando el mismo adminículo, con el que amedrentó al imputado aquella fatídica mañana, ocasión en la que se produjeran sendos disparos”. Una vez más, la absolución estaba firmada de antemano.
Fuente: Correpi / Familiares de las victimas de junio y Multisectorial contra la Represión Policial