Tras el llamado a sesiones extraordinarias, el Frente para la Victoria-PJ dio una tregua al Gobierno para que derogue el DNU que modificó el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), en una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que terminó con la firma de dictámenes abierta. El presidente del cuerpo parlamentario, el camporista Marcos Cleri, dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 16, a la espera de que el Poder Ejecutivo derogue el decreto en cuestión, aunque para ese entonces la ley podría estar sancionada.

En el kirchnerismo aseguran tener nueve firmas para declarar la invalidez del DNU, pero lo cierto es que el dictamen apenas empezó a circular y más de un senador se fue sin estampar su firma, lo que abrió una especie de tregua con el Gobierno. El FpV-PJ cuenta con el respaldo del puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se manifestó en contra de la disposición presidencial, frente a los seis representantes de Cambiemos que defienden el DNU y una sugestiva ausencia del massista Raúl Pérez.

La reunión de este miércoles, que había sido convocada antes de que el presidente Mauricio Macri diera el golpe de timón, resultó un mero desfile de sindicalistas y abogados laboralistas en la que no estuvo presente la CGT y de la que tampoco participó el superintendente de Riesgos de Trabajo, Gustavo Morón.

El Gobierno convoca a extraordinarias para debatir la reforma de la ley de ART

Validez en duda

Los invitados expusieron sobre el DNU 54/2017. La norma modificó el régimen de ART al establecer, entre otras cosas, que en caso de un accidente laboral, el empleado debe pasar por las comisiones médicas antes de acudir a la Justicia, con el fin de terminar con “la industria del juicio”.

Las mismas modificaciones estaban plasmadas en el proyecto que el próximo lunes debatirán las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, antes del tratamiento final en el recinto.
 

Al iniciar la reunión, el macrista Pablo Tonelli pidió “tener en cuenta la incidencia de la convocatoria a extraordinarias”. “No podemos soslayarlo”, dijo, al informar que ya fue convocado para el lunes a las 17 el plenario de comisiones correspondiente.

El proyecto de ley, que fue aprobado en el Senado, modifica el régimen de ART al establecer, entre otras cosas, que en caso de un accidente laboral, el empleado debe pasar por las comisiones médicas antes de acudir a la Justicia, con el fin de terminar con “la industria del juicio”.

El Frente para la Victoria-PJ cuestionó que el presidente Mauricio Macri haya avanzado con la reforma a través de un DNU cuando ya había una iniciativa en trámite. “Debe ser rechazado porque no hubo razones de necesidad y urgencia y porque se está violando el debido proceso parlamentario”, argumentó el senador Mario Pais.

Por el contrario, Tonelli aclaró que “ni en la Constitución ni en la ley que regula el trámite de los DNU hay la más mínima prohibición para que el Poder Ejecutivo dicte un DNU mientras hay un proyecto en proceso”. Por su parte, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá denunció que “se utilizan los DNU con una ligereza alarmante que afecta las instituciones”, y recordó: “Cuando tratamos el proyecto en el Senado, nadie habló de la urgencia”.


Apoyos y rechazos

Las CTA Autónoma y de los Trabajadores fustigaron la reforma de las ART y coincidieron en que “no había necesidad ni urgencia” de efectuarla por decreto, al exponer ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

“Hay una reiteración de iniciativas del Poder Ejecutivo que violan los principios de independencia de poderes y leyes que amparan a la ciudadanía”, denunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo Yasky, al poner como ejemplo el hecho de “no convocar a la paritaria nacional docente en tiempo y forma, que es un derecho adquirido”.

Yasky precisó que “hay seis fallos de la Corte Suprema que señalan aspectos anticonstitucionales del decreto”, y advirtió que éste fue pensado “en función de los intereses de los grupos de aseguradoras”. El sindicalista cuestionó que “se le niega al trabajador el derecho de cualquier ciudadano de recurrir a la Justicia” y agregó que la reforma fomenta “la mano de obra barata, que cuando se accidenta no vale nada. No somos material descartable”, sentenció.

Por su parte, Rubén Ruiz, en representación de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, dijo que la situación es “una violación por parte del Poder Ejecutivo de las normas del sistema republicano” y, sobre el contenido del DNU, subrayó que “se intenta proteger los intereses financieros de las empresas privadas”.

A continuación, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, detalló que “entre 2004 y 2015 la litigiosidad aumentó el 2600 %” y sostuvo que “es urgente y necesario adecuar la ley” de ART.

“Para nosotros es urgente y necesario adecuar el funcionamiento de las comisiones médicas y otros aspectos”, explicó, y esgrimió dos motivos: “el riesgo de mayor informalidad” y “el aumento de las alícuotas por el impacto del costo de la litigiosidad”.

Roberto Pompa, director de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo (ALJT) y titular de la cátedra de Derecho del Trabajo de la UBA, consideró que “la convocatoria a extraordinarias demuestra de manera evidente que han cesado las razones de necesidad y urgencia que habían motivado este decreto”. Por eso, opinó que “la bicameral debería rechazarlo porque han desaparecido las razones que consideraban su dictado”.