Dos proyectos importantes debían debatirse en Diputados esta semana. Por un lado, la iniciativa para endurecer las condiciones de la prisión preventiva, el “caballito de batalla” con el que Alfredo Cornejo pretende mejorar la seguridad, llevando a prisión a unos 500 ciudadanos con antecedentes penales sin condena que, según asegura, siguen cometiendo delitos. El PJ no dará en Diputados los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas y el proyecto sería enviado hasta el próximo miércoles 8 a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Por otra parte, durante la sesión de tablas prevista para mañana 1.º de junio pedirán que se suspenda una semana el tratamiento del proyecto para ratificar el convenio que Cornejo firmó con Mauricio Macri por la devolución de los fondos de Anses, que la Nación le descuenta a la provincia desde 1992 para fondear la seguridad social una vez que se privatizaron las jubilaciones.

Con estas dos jugadas, el PJ pretende marcar la cancha a Cornejo y, si bien no lograrán impedir la gestión, al menos no le harán el camino tan fácil.
 

Prisión preventiva, a comisiones

En cuanto a la postura del bloque con respecto al proyecto de prisión preventiva, será similar a lo que ya ocurrió en el Senado (aprobación en general y rechazo de algunos artículos puntuales en los que no hay acuerdo de bloque), tal y como lo comunicó el presidente del bloque peronista en Diputados, Javier Cofano. En tanto, darán libertad de acción para que los que no coincidan con todas las modificaciones que el proyecto propone hacer al Código Procesal Penal para que –tal y como lo dice el Ejecutivo– “se termine con la puerta giratoria” de la Justicia, voten en contra de estas.
 

Cuestionado acuerdo por la devolución de fondos

El punto a tener en cuenta sobre el proyecto de devolución de fondos de Anses es que los peronistas no le van a dar otra herramienta de endeudamiento a Cornejo sin sacar, al menos, una serie de beneficios para sus cinco comunas –que, obviamente, se harían extensivos para las demás–.

Las propuestas son dos. Por un lado, que los municipios reciban el dinero por la totalidad del acuerdo que ha firmado Cornejo y que consiste en la devolución escalonada del 15 % de la Coparticipación Federal. Para este año, esa devolución será del 9 %: 3 % en efectivo (directamente coparticipable) y 6 % en crédito.

Esto significará 1800 millones de pesos más para Mendoza, de los cuales se repartirá a los departamentos lo que corresponda según el índice de coparticipación de la provincia, pero se estima que llegarán 350 millones de pesos que, repartidos en los 18 municipios, no es un número importante. Si se tiene en cuenta que se trata de crédito y no de efectivo, el acuerdo es menos conveniente aún para los caciques comunales.

La idea que planteó el intendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, es que los intendentes reciban el crédito que les tocará por los cuatro años que dure el acuerdo a través de un bono, que coloque y negocie la Provincia y que se lo destine a obra pública.

La otra posibilidad es que se consiga un porcentaje mayor para los intendentes que el que señala el índice de coparticipación provincial, por un acuerdo extra con el gobierno de Mendoza. La senadora Patricia Fadel explicó esta idea y dijo que será debatida con los jefes comunales durante esta semana para terminar de definirla y presentarla en la Cámara de cara a la próxima sesión.