Trata de personas: 326 sentencias condenatorias desde 2009

Sociedad

Al respecto, el Fondo de Asistencia fue creado en octubre de 2021 y se puso en marcha en diciembre de dicho año a través de la articulación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La primera reparación se registró el 26 de julio de 2022, en noviembre del mismo año se reparó a 11 personas víctimas, tras el decomiso del dinero que manejaba la organización criminal imputada, mientras que entre enero y marzo de 2023 se efectuó el pago a 33 víctimas de trata laboral, en una causa tramitada ante el Tribunal Federal N° 1 de San Juan, informó un comunicado del Ministerio de Justicia.

La puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia (Ley 26.842), dotó al Estado argentino de un instrumento único en la región, que permite garantizar los derechos integrales de las víctimas, y contribuye a la transparencia del proceso de decomiso, ya que las ventas de los bienes recuperados del crimen organizado son públicas y se realizan a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

“Desde que asumí como ministro, entendí que había una deuda que tenía el Estado Nacional desde el año 2012, cuando apareció por primera vez mencionado el famoso Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata en nuestra ley, y que el gobierno anterior recién reglamentó el 9 de diciembre de 2019. Hoy podemos decir con orgullo que Argentina cuenta desde 2021 con una herramienta de vanguardia y en pleno funcionamiento dedicada a la reparación directa de las personas víctimas de los delitos más aberrantes a los que se enfrenta nuestra sociedad, como lo es la trata y la explotación laboral o sexual de personas” explicó el titular de la cartera de justicia nacional, Martín Soria.

Durante los primeros meses se desarrolló una tarea de articulación con los distintos Juzgados Federales, para promover y dar a conocer la nueva política pública, y se trabajó de forma conjunta con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y la Dirección de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal, permitiendo concretar las mandas judiciales que presentaban una alta complejidad en cuanto al acceso efectivo a la reparación por parte de las víctimas.

Además, se conformó una Unidad Ejecutiva (UE) en la órbita de la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio Justicia, a cargo de Pablo Barbuto, que se ocupa de dar operatividad a las reparaciones ordenadas en el marco de los procesos penales.