La Argentina y el FMI avanzaron en las negociaciones para un acuerdo por la deuda

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Esta asignación entrará en vigor el 23 de agosto, explicó el FMI. “Los nuevos DEG serán acreditados a los países miembros del FMI en proporción con sus actuales cuotas en la institución”, mencionaron. Por esa razón, la Argentina recibirá cerca del 0,7 % del total a distribuir.

Tras un debate interno en el Frente de Todos sobre qué destino deberían tener los USD 4300 millones que ingresarán al Banco Central –que incluyó un proyecto de declaración propuesto y votado por el propio oficialismo para evitar que esos fondos se usen para pagar deuda–, la vicepresidenta Cristina Kirchner terminó por habilitar esa utilización en el acto de presentación de los candidatos de la coalición, el fin de semana pasado.

La llegada de los USD 4300 millones al Banco Central será clave para el calendario de vencimientos de deuda.

Los últimos meses del año elevarán la exigencia de giros hacia el Fondo Monetario, pues el Tesoro afrontará las dos primeras cuotas de capital del crédito Stand By de 2018. Según información provista por el organismo, el 22 de septiembre y el 22 de diciembre, la Argentina debería repagar casi USD 1884 millones en cada ocasión, es decir, un total de 3767 millones en tres meses.

Del monto general a repartir, unos USD 275 000 millones de la nueva asignación se destinarán a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajo ingreso, aseguró el Fondo. “Asimismo, seguiremos trabajando activamente con los países a fin de identificar opciones viables que permitan canalizar voluntariamente DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables, para apoyar su recuperación de la pandemia y para que logren un crecimiento resiliente y sostenible”, afirmó Georgieva.

Para establecer ese mecanismo, el organismo cuenta con un par de opciones sobre la mesa. En primer lugar, y que podría incluir a la Argentina, sería un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, “para facilitar un crecimiento más resiliente y sostenible a mediano plazo”. Según explican desde el Gobierno, se trataría de una “tercera vía” a los programas estándar del FMI, como el Stand-by y el de Facilidades Extendidas, como el que actualmente negocia el Poder Ejecutivo.

Ese Fondo de Resiliencia serviría, en palabras de Georgieva, para ofrecer “tasas más bajas y vencimientos más largos, para crear espacio fiscal para mitigación, adaptación, transición, especialmente para países de ingresos bajos o medianos altamente vulnerables”. La propuesta de establecer un sistema que vaya en ese sentido fue una de las que menciona habitualmente el ministro de Economía Martín Guzmán en distintos foros internacionales.

La segunda opción, para países con ingresos bajos, sería poder ampliar los préstamos desde las naciones más avanzadas a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI.